El 26 de septiembre de 2014, la policía atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la localidad de Iguala, en el Estado de Guerrero, al sur de México. Un total de 43 personas fueron víctimas de desaparición forzada, mientras que otros tres estudiantes y tres transeúntes murieron. No se ha vuelto a ver a los muchachos desde entonces.
A pesar del empeño del Gobierno de Enrique Peña Nieto de cerrar a toda costa el caso de los estudiantes desaparecidos, los familiares, sus representantes, y diversas organizaciones trabajan para evitarlo, porque están convencidos de que no se les ha dicho la verdad. Hay demasiadas evidencias que lo avalan.
Así, según el informe publicado este jueves 14 de marzo de 2018 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que ha seguido el caso desde sus inicios, hay sólidos motivos para creer que a una parte de las personas arrestadas en México en la etapa inicial de la investigación se le habría detenido arbitrariamente y torturado, y que estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento.
En el documento, titulado “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, se analiza información sobre 63 personas de un total de 129 imputadas en relación con la desaparición de los estudiantes. Tras el examen de los expedientes judiciales, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, la Oficina cuenta con fuertes elementos de convicción para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas.
En el informe se señala que hubo “un modus operandi prácticamente uniforme” en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la ley.
En muchos casos se ofrecieron “justificaciones no plausibles y contradictorias” para explicar las causas de las lesiones que presentaban las personas detenidas, como “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”. En el informe se destaca además la existencia de una serie de declaraciones auto-inculpatorias “libres y espontáneas” hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones, como queda evidenciado en los partes médicos.
El informe señala que los casos documentados de violaciones de derechos humanos ocurrieron a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación, que hasta entonces había llevado la Fiscalía del Estado de Guerrero, donde los estudiantes desaparecieron. Todos los arrestos fueron efectuados por personal de la PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina (Semar).
En el referido documento se llama a que cualquier prueba del caso Ayotzinapa, sobre la que existan razones fundadas de haber sido obtenida bajo la tortura, se excluya o se declare nula y sin efecto, de acuerdo con la Ley General sobre Tortura vigente en México y con las normas del derecho internacional.
Asimismo, se insta a la PGR a terminar las investigaciones en un plazo razonable e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones de derechos humanos. La Visitaduría General de la PGR llevó a cabo en 2016 un esfuerzo genuino para investigar algunas de las violaciones, señala el informe. Pero esta investigación interna fue frustrada posteriormente por el remplazo de los funcionarios comprometidos con dicho empeño y, hasta la fecha, no se han producido imputaciones ni sanciones en relación con los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos.
“Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa. Esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
En el informe se pide al Estado mexicano que elabore y aplique el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, se exhorta al Congreso a adoptar reformas legales que garanticen realmente la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República y que incluya órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas. El Estado mexicano debería, además, implementar la recomendación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad.
Este informe no aborda quiénes fueron los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y de las muertes de otras seis personas. Sin embargo, busca contribuir a la verdad en lo referente a estas desapariciones, al arrojar más luz sobre algunas de las deficiencias de la fase inicial de la investigación.
“Durante tres años y medio, las familias de las víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les ocurrió a sus seres queridos. Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación”, declaró el Alto Comisionado Zeid.
Uso generalizado de tortura
Aprovechando este informe, Amnistía Internacional (AI) vuelve a incidir en lo que lleva años denunciando el uso generalizado de la tortura por parte de las autoridades mexicanas y la manipulación de pruebas para encubrir terribles violaciones de derechos humanos y garantizar la impunidad de sus autores, según ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de esta organización.
Recuerda, que los expertos internacionales han echado por tierra repetidamente la teoría planteada por la Procuraduría General de la República (PGR) de México, según la cual la policía municipal entregó a los estudiantes a miembros de una banda local de narcotraficantes, quienes los asesinaron, quemaron sus cadáveres en un vertedero en la cercana Cocula, y arrojaron sus cenizas al río San Juan.
Para AI, “El gobierno mexicano debe abrir de inmediato una investigación independiente y exhaustiva basada en las conclusiones de este informe. Todos los funcionarios públicos sospechosos de estar implicados en actos de tortura u otras violaciones de derechos humanos deben ser suspendidos de su puesto en espera de los resultados de la investigación”.
