Desde mediados de mayo, el terror se ha apoderado de Nicaragua. Muchas personas salieron a la calle para protestar contra la reforma de la seguridad social en el país[1] y las autoridades han respondido de la peor forma posible: con violencia y balas.
Según Amnistía Internacional, casi 300 personas han sido asesinadas y cerca de 2000 han resultado heridas. Estudiantes, periodistas, personas mayores, todos son objetivos, porque la policía dispara a matar. Desde que Daniel Ortega preside Nicaragua, no existe la libertad de expresión ni el derecho a manifestarse.
Por su parte, la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), asegura que más 280 personas han sido asesinadas, 2921 han resultado heridas, que hay 1250 detenidos ilegalmente, muchos de ellos torturados, y que 500 han desaparecido, en su mayoría jóvenes menores de 30 años. Un importante número de fallecidos es el resultado de la negación de la atención médica en los hospitales públicos por orden del Ministerio de Salud.
Protestas populares contra Daniel Ortega
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe el 22 de junio de 2018 sobre su visita in situ entre el 17 y el 21 de mayo pasado, en el que constató «un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados» y concluyó que «el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia.»
De igual forma, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó en un comunicado del 17 de julio sobre la situación en Nicaragua que «los elementos armados leales al gobierno están operando con el apoyo expreso o tácito, y en coordinación con la policía y otras autoridades estatales» y determinó que la causa principal de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la crisis es la ausencia del Estado de Derecho y del debido proceso.
Si bien el Estado ha otorgado el acceso a la CIDH, la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado, estos se han encontrado con barreras y no se les ha concedido acceso a centros de detención, como El Chipote, ni se les ha permitido visitar otras partes del país fuera de la capital de Managua.
Ilusiones de la “izquierda”
Para William I. Robinson, profesor de sociología de la Universidad de California, “en estos momentos se libra una batalla sobre el desenlace del régimen y el futuro del país. En términos muy simplificados, hay tres fuerzas que a estas alturas están en disputa.
La primera es el régimen mismo. Ortega parece estar atrincherado en su casa-fortaleza en El Carmen, de la misma forma en que Somoza estuvo atrincherado en su búnker en los meses anteriores a su derrocamiento, en julio de 1979, por la insurrección popular. Ortega está aislado y cada vez más acorralado”.
Robinson asegura que “Ortega cuenta con fuerzas paramilitares encapuchadas que el régimen ha armado y organizado, y que funcionan como una fuerza de choque en las sombras, de manera paralela a la policía y, al parecer, ciertos elementos del ejército, si bien este último, en su mayor parte, no se ha involucrado en el conflicto. Si no se desarman estas fuerzas paramilitares, Nicaragua enfrentará una situación similar a la de los países del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) del crimen organizado y la violencia pandillera y paramilitar, a la par de la corrupción de aquellos que controlan el Estado y del pillaje del capital transnacional”.
La estrategia del régimen es desgastar y desarticular la resistencia desde abajo por medio de una constante represión de baja – y en ciertas instancias, de alta – intensidad y, de manera paralela, negociar con la burguesía y Estados Unidos un llamado ‘aterrizaje suave’ que permita al régimen y sus adeptos preservar sus intereses económicos, y hasta reconstituirse políticamente y competir en las elecciones que –según el plan– se adelantarían del 2022 a principios del año entrante.
“La segunda fuerza la constituyen los estudiantes, los jóvenes, y los campesinos anti canal, junto con las masas, quienes desde los barrios populares de Managua y otras ciudades bucean para ganarse la vida en el abultado sector informal”.
La tercera fuerza es la burguesía, opina Robinson “organizada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la elite oligárquica, el capital transnacional, y Estados Unidos”. Para el profesor “ la burguesía estuvo estrechamente alineada con el régimen, y solamente rompió con Ortega en mayo (de 2018), cuando ya se hizo evidente que el régimen había perdido su legitimidad y su capacidad de gobernar y defender los intereses capitalistas. Lo que Washington y la burguesía temen no es el régimen. Mas bien, les aterra una insurrección de los pobres y los trabajadores que ellos mismos no pueden controlar, y que podría desembocar en un vacío de poder que amenace sus intereses de clase”.
La crisis que se veía venir
Según informa RIDH, en los últimos ocho años Nicaragua tiene pendiente presentarse para evaluación ante el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, a pesar de recibir más de once solicitudes y catorce recordatorios por parte de procedimientos especiales, el Estado no ha acordado ninguna visita desde 2006. Es importante resaltar que esta crisis no surgió de la noche a la mañana como consecuencia de las reformas decretadas al sistema de pensiones.
Los espacios democráticos y la participación de la sociedad civil han sido progresivamente restringidos desde los inicios del mandato de Daniel Ortega en 2007. En el Examen Periódico Universal de 2010 y 2014, los Estados miembros de la ONU evocaron preocupación ante el abuso de poder y de fuerza por parte de las autoridades policiales, ante la falta de independencia institucional y del poder judicial y ante la erosión de la libertad de expresión en Nicaragua. Incluso, para ambas evaluaciones, la sociedad civil denunció el uso de grupos paraestatales, la creciente reducción de los espacios de participación de la sociedad civil y la instrumentalización de los poderes judicial y electoral en beneficio partidario.
La erosión de los derechos humanos en Nicaragua se ha venido profundizando desde hace varios años mediante reformas a la Constitución, criminalización del disenso político de la sociedad civil y la partidización y fragilización de las instituciones nacionales. Además de ser una crisis devastadora para Nicaragua, su constante agravamiento es un peligro inminente para la estabilidad y la seguridad de la región de Centro América.
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