El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha denunciado ante el Senado, el incumplimiento del plazo legal que España se dio en el año 2003 para que el 4 de diciembre de 2017, todos los bienes, entornos, servicios etc, fueran plenamente accesibles. Esto no es sino un fracaso colectivo como país y una estafa a las personas con discapacidad, que siguen sin estar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
Durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad en el Senado, Jesús Blanco Martín, delegado del CERMI Estatal de Derechos Humanos y para la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha expuesto las condiciones de la campaña de accesibilidad prevista para el 4 de diciembre de 2018.
El CERMI mantuvo activo un buzón en donde los ciudadanos podían verter todo tipo de quejas, denuncias y discriminaciones que hubieran padecido, de forma que se pudieran corregir. Tanto la intolerancia como la discriminación a la que se ven sujetas estas personas, no solo en el transporte, sino en la escuela, la universidad, el trabajo, etc, hace que una vez más, se vulneren todos los derechos como ciudadanos y una vez más, no se atengan a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad porque vulneran la legislación no solo nacional sino internacional.
El cumplimiento de la sociedad, de los agentes privados y públicos, la falta accesibilidad en aplicaciones móviles, barreras en el transporte urbano e interurbano, autobuses, taxis, trenes, o el uso inadecuado de las plazas de aparcamiento para las personas con movilidad reducida, así como la inacesibilidad del teléfono 112 nos hace una vez más, resaltar la importancia que tienen estos hechos y que sea la administración central, las autonómicas, provinciales y municipales que implementen verdaderamente la convención en el estado español, ha apuntado Martín Blanco.
Asimismo se ha puesto encima de la mesa a petición de Ciudadanos la situación de la educación inclusiva en España, un derecho que debe garantizarse por el mismo mandato legal de la ONU. Este comité recibió las vulneraciones de derecho a la educación inclusiva del alumnado español con discapacidad y un representante de Naciones Unidas fue desplazado para investigar la situación de primera mano.
El informe concluyó que en España, existe una violación sistemática de la Convención Internacional de la Discapacidad al no asegurar, ni en su legislación, ni en sus políticas, ni tampoco en sus prácticas educativas, el derecho a la inclusión educativa de las personas con discapacidad, y la consiguiente discriminación, segregación e incompatiblidad según el tratado internacional firmado y ratificado por el país.
La condena internacional debió llevar al España a reaccionar de inmediatez pero esto no ha sucedido aún; dado que siguen las excusas y las dilaciones que hacen que cada día, un acto discriminatorio tenga lugar contra estas personas que tienen una discapacidad.
Es necesario, apunta el CERMI, dotar de recursos suficientes a la enseñanza ordinaria, mejorar la formación del profesorado para atender a estudiantes con discapacidad, eliminar por tanto, barreras arquitectónicas en colegios y prohibir que un centro ordinario rechace la escolarización de un menor por razón de su discapacidad.
La escuela, que es en definitiva, el primer lugar en donde los niños aprenden a convivir, hará que aprendan sin darse cuenta a experimentar cómo sufre una persona con discapacidad y se educarán los demás niños teniendo en cuenta los espacios, las necesidades y la justicia social además de la solidaridad dado que ningún niño, será entonces diferente. El fracaso colectivo, la estafa a las persona con discapacidad sigue siendo una realidad en España que comienza en la escuela, más tarde en el instituto y posteriormente en la universidad. La persona con discapacidad convive con la falta de solidaridad, la falta de derechos, la vulneración de todo cuanto es legal que luego sigue en el trabajo y en la convivencia diaria con el resto de las personas, que viven sin conocer qué significa realmente tener una discapacidad en España.
