Miroslava Breach Velducea fue asesinada en Chihuahua el 23 de marzo de 2017. Eran las 8 de la mañana y se encontraba en su vehículo a punto de llevar a su hijo al colegio, cuando un sujeto se acercó a su ventanilla y le disparó ocho veces. Han transcurrido dos años y medio, y los que encargaron la ejecución siguen libres.
¿Quiénes están detrás de su asesinato? ¿Qué denuncias querían silenciar con su muerte?
Huérfana desde niña, creció en un ambiente de carencias, lo que no le impidió licenciarse en Ciencias Políticas y comenzar su carrera periodística. Su desempeño profesional le permitió documentar numerosas ejecuciones, enfrentamientos, y episodios de un Estado convulsionado por el crimen. Uno de sus reportajes, publicado en La Jornada, se titulaba “Destierra el narco a centenares de familias de la Sierra de Chihuahua. Con amenazas de muerte les impiden regresar, se apropian de sus casas, ganado, tierras”. Denunció tropelías de políticos, de funcionarios, feminicidios… Lógicamente, la querían callada.
Por eso, un grupo de colegas, tanto mexicanos como extranjeros, se puso a la tarea de sacar a la luz a sus asesinos, puesto que confiar en las investigaciones policiales era una forma segura de no saberlo nunca. Así nació el colectivo de periodistas 23 de Marzo. Ahora, en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip), la organización francesa Forbidden Stories, y la inglesa Bellingcat, ha hecho pública una investigación que busca atar los cabos sueltos que han dejado las autoridades en las investigaciones de su asesinato.
Este colectivo analizó las evidencias presentadas en el proceso judicial contra la única persona detenida por el asesinato, revisó expedientes judiciales, hizo trabajo de campo, consiguió información pública, rastreó fuentes abiertas y entrevistó a testigos del caso y a funcionarios públicos, así como a familiares y colegas de Miroslava. “El silencio es complicidad”, dijo repetidamente la valiente periodista. “Alguien tiene que decir lo que está pasando” contestaba cuando le pedían detenerse porque lo que denunciaba era peligroso. Y el colectivo decidió seguir su ejemplo hasta que este crimen se logre aclarar. También para que no se repitan. Aun así, se ha seguido sepultando a comunicadores.
Pistas no investigadas
En un primer momento analizaron el presumido “modelo de investigación” para investigar crímenes contra periodistas que hizo la Fiscalía de Chihuahua, y continuó la justicia federal, y encontraron cabos sueltos: pistas y evidencias que nunca fueron investigadas; políticos a quienes no les hicieron preguntas obvias; personas que podrían haber tenido algún grado de participación y, sin embargo, se les otorgó la calidad de testigos con identidad reservada; irregularidades en la escena del crimen; inconsistencias en las pruebas, filtraciones de información a la prensa que sirvieron como distractores de la opinión pública y exclusión de actores claves, como un grupo de narcotraficantes conocidos como Los Salazares, a quienes molestaban las notas de la corresponsal de La Jornada.
Curiosamente, al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, supuestamente viejo amigo de la periodista, le faltó tiempo para prometer una investigación que sería un “modelo nacional” para esclarecer crímenes contra periodistas, una ambiciosa promesa en un país donde el 99 % de estos casos queda impune. La línea de las pesquisas, dijo dos días después, sería la narco política. En la revista Proceso aseguró que “el crimen fue milimétricamente planeado, fue un silenciamiento de su trabajo periodístico, y digo esto porque hubo un trabajo frontal sobre esos vínculos de la narco política”.
La versión era creíble. Miroslava había escrito sobre la colusión entre gobiernos y grupos del crimen organizado —la llamada “narco política”— y la impunidad con la que éstos operan. Entre 2015 y 2017, publicó siete textos en los que mencionó especialmente a un grupo criminal que controla la serranía limítrofe con el estado de Sonora. Es un clan familiar conocido como Los Salazar, Los Salazares, o Gente Nueva Salazar, que trabaja para el Cártel de Sinaloa, es decir, para la estructura criminal del caído Chapo Guzmán. El fundador, Adán Salazar Zamorano, un criminal en la lista de los más buscados por la agencia estadounidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), y su hijo Alfredo Salazar Ramírez, se encuentran en prisiones de alta seguridad.
Desde el año 1999 Miroslava había publicado notas esporádicas sobre la incursión del grupo en Chihuahua, los retenes que imponía en la sierra, las rutas que abría para el tráfico de marihuana y cocaína, y la protección que recibía de distintas autoridades. En 2015 informó sobre el desplazamiento forzado de las comunidades por la violencia generada por estos criminales, a los que conocía bien pues, al igual que la familia Salazar, ella también era oriunda del pueblo de Chínipas y se había criado al sur de Sonora.
En las elecciones en las que resultó electo Corral, ella, junto a la corresponsal de la revista Proceso, habían logrado que se retirara a dos candidatos a presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido que entonces gobernaba al país), pues publicaron que ambos eran familiares de narcotraficantes.
Esa información detonó las amenazas. Miroslava recibió primero una intimidante advertencia telefónica de un conocido sobre el riesgo que corrían ella y su colega de Proceso. Luego fue la llamada de un funcionario que les pidió con insistencia que revelaran cómo obtuvieron la información. Después, el mensaje llegó a través de un político. Colegas y familiares coinciden en que ella informó a Corral sobre la situación semanas antes de que asumiera el cargo de gobernador. En ese lapso Miroslava publicó siete notas sobre el tema: la última, un mes antes de su asesinato, señalando cómo el crimen organizado había infiltrado gobiernos y policías municipales en diez municipios.
Sin sentencia y con implicados desconocidos
En estos dos años y medio después del homicidio de Miroslava Breach, el crimen sigue impune. A raíz de las investigaciones oficiales, actualmente espera su sentencia en la cárcel Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, quien fue presentado como lugarteniente de Los Salazares en la zona y como inductor y orquestador del crimen contra la periodista. Mientras, está prófugo su presunto cómplice y hermano de crianza, Wilberth Jaciel Vega Villa, ahijado del capo preso Jesús Alfredo Salazar, de quien ha pedido su extradición Estados Unidos. La persona señalada por la Fiscalía estatal como el sicario que disparó los ocho tiros contra la periodista, el sonorense Ramón Andrés Zabala Corral, fue asesinado seis días antes de que capturaran a El Larry.
Aunque el supuesto orquestador del atentado está preso, el asesino material muerto y el tercer cómplice prófugo, el elemento más importante de la investigación aún queda sin aclarar: si la narco política es la hipótesis del caso, ¿cuál es la relación de los criminales que asesinaron a Miroslava con personajes y grupos políticos? ¿Cuál fue la participación de esos grupos políticos en la planificación y ejecución del atentado contra la periodista? Y, sobre todo, ¿por qué la mataron?
Aunque a primera vista la investigación oficial parecía ejemplar y las conclusiones que presentaron al iniciar el juicio contra El Larry basadas en pruebas científicas, no se pueden ocultar sus deficiencias: pistas y evidencias que nunca fueron investigadas; políticos a quienes no les hicieron preguntas obvias; personas que podrían haber tenido algún grado de participación y, sin embargo, se les otorgó la calidad de testigos con identidad reservada; irregularidades en la escena del crimen; inconsistencias en las pruebas y filtraciones de información a la prensa que sirvieron como distractores de la opinión pública.
Se desconoce qué información arrojaron los archivos del ordenador portátil con el que Miroslava trabajaba, así como sus tres teléfonos móviles, tres memorias USB y un disco duro que la familia entregó a la Fiscalía, y que permitían conocer los temas que investigaba. En el expediente sólo se hace un análisis superficial que arroja datos numéricos.
Quien puede que lo sepa, entre otros, es el propio aún gobernador de Chihuahua (su mandato acaba en 2021), pues tuvo acceso a todas la investigaciones, a los registros de viviendas y material, etc. La familia de Miroslava acabó no queriendo saber nada de él, porque les constaban demasiadas irregularidades en su actuación en relación a las investigaciones, y desconfiaban. Y porque diez meses después de la muerte, seguían sin tener acceso a la carpeta de investigación. Además, en el primer aniversario de su muerte, aseguraron que les dijo que ella se buscó la muerte por “pisarle los callos al diablo”. El gobernador, lo negó, por supuesto.
Se dice, y no es ninguna exageración, que ser periodista en México es una profesión de alto riesgo. Los registros lo demuestran: en 2017 mataron a doce comunicadores, en 2018 fueron dos más, y en lo que va de este 2019 ya son catorce quienes no volverán a denunciar más.
