Considerando que la crisis sanitaria aumenta los peligros que habitualmente corren los presos de opinión en todo el mundo, Amnistía Internacional (AI) publicó el 8 de mayo de 2020 un comunicado titulado «COVID-19, una amenaza suplementaria» en el que pide la libertad inmediata y sin condiciones de todos ellos.
«Cuando el virus está teniendo efectos devastadores en el mundo entero las cárceles pueden convertirse en focos de infección del Covid-19». Por eso es más importante que nunca que los estados adopten urgentemente las medidas necesarias para proteger a todas las personas privadas de libertad, y entre otras la de «liberar a todas las que se encuentra encarceladas injustamente».
Aunque los equipos de AI trabajan actualmente en unos ciento cincuenta casos de presas y presos de opinión en el mundo, consideran que «probablemente se cuentan por miles las personas detenidas arbitrariamente en condiciones que cada vez resultan más peligrosas».
Se trata de personas que no han cometido ningún crimen y a quienes no se aplican medidas de prevención contra la pandemia de COVID-19, como el mantenimiento de la distancia física o el lavado frecuente de manos, a causa de la superpoblación de las cárceles y la falta de instalaciones sanitarias en muchas de ellas.
Por eso, AI pone en marcha una campaña para conseguir la libertad de las personas que considera presos y presas de opinión, detenidas en distintas regiones del mundo, donde las han encarcelado cuando no habían hecho otra cosa que ejercer pacíficamente sus derechos humanos.
«Resulta cruel y gravemente irresponsable mantener detenidas a personas injustificadamente en este período de pandemia mundial. El respeto a los derechos humanos de todos debe estar en el centro de nuestras iniciativas para construir un futuro justo y tolerante en el mundo post COVID-19, en el que todos puedan expresar libre y pacíficamente sus opiniones», se lee en el comunicado de AI.
«Pedimos –prosigue- la liberación de los presos y presas de opinión y esperamos que entre las medidas que adopten los gobiernos para frenar la propagación de la pandemia se encuentre el descongestionar las cárceles. Las autoridades deben también examinar los casos de los detenidos provisionalmente, así como de los menores, y poner en libertad anticipadamente a las personas en situación de riesgo, como los mayores y quienes tienen algunas patologías previas. Los gobiernos tienen la obligación de proporcionar a los detenidos medidas sanitarias que correspondan a sus necesidades, similares a las del resto de la población de los países».
Entre ellas se encuentra Rubén González, sindicalista venezolano que protestó y defendió pacíficamente los derechos relativos al trabajo de los obreros de una compañía minera pública, detenido arbitrariamente el 29 de noviembre de 2018. Acusado de atacar a un miembro del ejército, juzgado, declarado culpable y condenado por un tribunal militar a cinco años y nueve meses de cárcel, a pesar de no existir ninguna prueba sólida contra él.
Lo mismo ocurre en el caso de la abogada Nasrin Sotoudeh, defensora de los derechos humanos y presa de opinión en Irán. Detenida el 13 de junio de 2018, fue condenada a veintiocho años y seis meses de cárcel y a ciento cuareta bastonazos, en dos procesos «de flagrante iniquidad».
Los cargos esgrimidos contra ella tienen que ver con su oposición a las leyes que exigen el uso obligatorio del hijab (velo) y con su compromiso en contra de la pena de muerte. Entre otras cosas fue acusada de «incitar a la corrupción y a la prostitución» y «cometer abiertamente actos inmorales (…) apareciendo en público sin llevar el hijab».
Como «prueba», las autoridades han recordado que se quitó el velo en sus visitas a la cárcel para entrevistarse con sus defendidos, y que concedió entrevistas a varios medios de comunicación para comentar la detención violenta de algunas mujeres que se manifestaban en una protesta con la obligación de llevar el velo.
Otro caso es el de Emir-Ousseïn Koukou, tatar(1) de Crimea, encarcelado y separado de su mujer e hijos desde febrero de 2016, cuando le detuvieron tras investigar y denunciar violaciones de los derechos humanos, entre ellas las desapariciones forzosas cometidas por la Federación de Rusia en la ocupación de la península ucraniana de Crimea.
El 12 de noviembre de 2016, un tribunal militar ruso declaró culpables de terrorismo a Emir-Oussein Koukou y otros cinco acusados: Mouslim Aliev, Vadim Sirouk, Enver Bekirov, Arsen Djepparov y Refat Alimo, en un juicio que fue un montaje, y les condenó a penas de entre siete y diecinueve años de cárcel.
- Los tatars de Crimea son una población de origen turco instalada en el siglo trece en la república de Crimea. Otros tatars viven actualmente en Rusia, Finlandia, Polonia y Rumania.
