La Federación Internacional de Periodistas (FIP) se ha sumado a un grupo de medios, asociaciones profesionales y organizaciones de defensa de la libertad de prensa que reclama mejorar el acceso de los periodistas a los documentos de la Comisión Europea.
Según la comunicación distribuida por la federación, los participantes dirigieron este 28 de octubre una carta a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, para pedirle un compromiso en esa dirección.
La iniciativa sitúa en primer plano una herramienta de investigación que permite consultar documentos administrativos, reconstruir decisiones y comprobar el fundamento de explicaciones institucionales. Para las redacciones, el momento en que llega una respuesta condiciona tanto la investigación como la posibilidad de informar mientras una decisión todavía está sometida a debate público.
Los antecedentes documentados por la Defensora del Pueblo Europeo muestran que las demoras tienen recorrido. Una investigación estratégica publicada en 2023 concluyó que los retrasos sistemáticos y significativos de la Comisión constituían mala administración. En los datos de 2021 analizados, el 85% de las decisiones sobre solicitudes de revisión superó el plazo máximo; más del 60% tardó más de sesenta días laborables.
La Comisión atribuyó entonces las dificultades al volumen creciente de solicitudes y a la cantidad de documentos reclamados. La investigación recogió un promedio de noventa y tres días laborables para resolver las revisiones, frente a veinte para las peticiones iniciales. Son cifras de aquel ejercicio, no una medición de los tiempos actuales.
El balance estadístico de la propia Comisión correspondiente a 2025 ofrece otra perspectiva sobre la actividad del sistema. Registró 6434 solicitudes iniciales, frente a 6938 en 2024, mientras las solicitudes confirmatorias aumentaron de 641 a 697. Estas últimas permiten pedir que la institución reconsidere su respuesta inicial. El aumento de revisiones no equivale, por sí mismo, a un recuento de denegaciones injustificadas.
La controversia también ha producido expedientes concretos. En diciembre de 2025, la Defensora cerró un caso sobre documentación preparatoria de una reunión de la Comisión con periodistas. Tras su intervención, el Ejecutivo amplió el acceso a un informe y mantuvo únicamente las supresiones correspondientes a datos personales. La inspección confirmó la naturaleza de esos datos y el asunto quedó resuelto.
La dimensión profesional del problema reapareció en mayo de 2026 en una intervención de Teresa Anjinho ante la conferencia de periodismo de investigación DataHarvest. La defensora señaló que el acceso a documentos había representado el 32% de sus investigaciones en 2025 y cuestionó el funcionamiento efectivo del sistema. También advirtió de la dificultad de conocer qué documentos existen antes de solicitarlos.
El Reglamento 1049/2001 establece quince días laborables para responder a una petición inicial. En circunstancias excepcionales, el plazo puede ampliarse otros quince, con aviso previo y motivación. Ante una denegación total o parcial, el solicitante puede presentar una petición confirmatoria para que se revise la decisión. Esta segunda fase también está sometida a plazos. La ausencia de respuesta dentro del plazo permite igualmente solicitar la revisión del expediente.
La Comisión mantiene un portal que reúne registros de propuestas, evaluaciones de impacto, decisiones y otros materiales. Cuando un documento no está disponible, permite solicitarlo. La institución recuerda que existen excepciones para proteger intereses públicos o privados y que determinados expedientes pueden quedar excluidos total o parcialmente del acceso.
Para los periodistas que reciban una negativa definitiva, el procedimiento contempla vías de impugnación ante los tribunales de la Unión y de reclamación ante la Defensora del Pueblo Europeo. La comunicación de la FIP incorpora ahora una petición colectiva dirigida a la presidencia de la Comisión, sobre un procedimiento cuya aplicación ya ha generado investigaciones administrativas y revisiones de decisiones concretas.
