El biólogo español Gonzalo Alonso Hernández, de la organización ecologista Instituto Terra, que luchaba contra la caza furtiva y contra los pirómanos que buscaban espacios para la ganadería en el Parque Cunhambebe, en el Estado de Río de Janeiro (Brasil), donde residía desde hace años, fue asesinado a tiros el pasado martes.
EQUO ha pedido en España al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Comisión Europea que exijan a las autoridades brasileñas el esclarecimiento del asesinato de Gonzalo Alonso Hernández y el procesamiento de los culpables.
EQUO señala que Brasil debe tomar medidas drásticas para impedir los crímenes ambientales que se suceden en su territorio, y en particular los atentados contra la vida y los bienes de las personas que intentan defender un patrimonio natural esencial para la supervivencia del planeta.
Para este partido político, este nuevo crimen viene a demostrar que existe una grave impunidad en Brasil hacia los que atentan contra los activistas ambientales, y por ello, «el Gobierno español y la comunidad internacional deben exigir a Brasil planes eficaces de lucha contra este tipo de crímenes».
Amnistía Internacional informa de que entre 2011 y 2012 han sido asesinados 20 activistas ambientales en Brasil
Amnistía Internacional reitera a su vez en un comunicado la preocupación que genera la situación que viven los defensores y defensoras de derechos humanos en Brasil, quienes quienes continúan sufriendo intimidación, hostigamiento y ataques a manos de las fuerzas de seguridad, los grupos paramilitares y las bandas criminales.
Son ya varios los defensores y defensoras que han sido asesinados o han sufrido amenazas en Brasil durante el ejercicio de su actividad. Como consecuencia de la lucha contra la tala ilegal y a favor de los derechos medioambientales ya han sido asesinadas al menos 20 personas entre 2011 y 2012. Laísa Santos, miembro del grupo de Trabajadoras Artesanales Extractivistas, que trabaja por la defensa de la Amazonia, ha sufrido varios ataques y amenazas de muerte. Su hermana y su cuñado fueron asesinados en represalia por el propio activismo de Laísa.
Otro de los casos documentados por Amnistía Internacional es el del defensor de derechos humanos Alexandre Anderson de Souza, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres del Mar (AHOMAR), que denuncia los proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo en la Bahía de Guanabara y que al parecer causan daños medioambientales graves y duraderos. Tanto Alexandre como su esposa, Daiza Meneses, han sido amenazados y cuatro miembros de la organización han sido asesinados.
Estos y otros cerca de 300 casos de amenazas, intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos en todo el continente americano han sido documentados por Amnistía Internacional en su informe “Transformar el dolor en esperanza: defensores de Derechos humanos en América”, publicado a finales de 2012.
La organización reitera a las autoridades brasileñas que deben tomar, entre otras, las siguientes medidas:
- Reconocer a las defensoras y los defensores de derechos humanos como actores legítimos y fundamentales y aceptar públicamente la legitimidad y pertinencia de su trabajo, tanto a nivel local, como estatal y federal.
- Escuchar y responder de forma efectiva a las informaciones y recomendaciones de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Una forma efectiva de impedir más ataques contra defensoras y defensoras consiste en responder a sus reivindicaciones de derechos humanos con medidas concretas.
- Reforzar y ampliar mecanismos que permiten a las defensoras y los defensores y a las comunidades en las que trabajan participar en la toma de decisiones. Esto es de especial relevancia cuando las decisiones afectan a los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
- Investigar plenamente los ataques cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos y hacer comparecer a los responsables ante la justicia. La investigación de esos ataques debe tener en cuenta la “perspectiva de la defensora o el defensor de derechos humanos”, es decir, la posibilidad de que se hayan perpetrado en represalia por su trabajo de derechos humanos.
- Tomar todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz e integral a las defensoras y los defensores en riesgo de sufrir un ataque inminente.
