La Federación Internacional de Periodistas (FIP) valora la recomendación emitida por expertos en derechos humanos que trabajan con las Naciones Unidas que han pedido una moratoria global sobre la venta y transferencia de tecnología de vigilancia hasta que los países implementen una regulación más estricta de su uso.
El 18 de julio, una investigación dirigida por ochenta periodistas en todo el mundo y conocida como el Proyecto Pegasus reveló que casi doscientos periodistas de todo el mundo habían sido espiados utilizando el software Pegasus, una herramienta desarrollada por la empresa israelí de cibervigilancia NSO y vendida a varios clientes. incluidos los estados. También se ha espiado a defensores de los derechos humanos, opositores políticos, delincuentes, abogados, diplomáticos y jefes de Estado.
Esta revelación llamó la atención sobre el peligro de dicho software de vigilancia, que amenaza no solo el derecho a la privacidad de las personas, sino también la confidencialidad de las fuentes, la libertad de expresión, el derecho a la información y puede conducir al acoso y al chantaje.
También demostró la grave falta de regulación en torno a dicho software de vigilancia. El acceso a la información por parte de actores deshonestos solo puede evitarse mediante una regulación sólida.
En su declaración, los expertos de la ONU instan a todos los estados para que adopten fuertes salvaguardas legales nacionales, que garanticen que el uso de la tecnología de vigilancia está «en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos».
Un informe anterior de la ONU de mayo de 2019 ya había planteado la idea de una moratoria, pero los países la habían ignorado.
En su declaración, el grupo de expertos también afirma estar en contacto con el grupo NSO así como con el gobierno de Israel, y recuerda que «es deber de los Estados verificar que empresas como el Grupo NSO no vendan ni transfieran tecnología a o contratar con Estados y entidades que puedan utilizarlos para violar los derechos humanos».
Tim Dawson, presidente del Grupo de Expertos en Vigilancia de Periodistas de la FIP, señala que «con casi doscientos periodistas en todo el mundo que se sabe que han atacado sus teléfonos con el software espía Pegasus, está claro que la regulación de la venta y el uso de este software es totalmente inadecuado. La demanda de la ONU de una moratoria sobre las ventas es totalmente apropiada. De hecho, preferiría ver prohibido el uso de este software hasta que se haya establecido un marco regulatorio transparente y supervisado internacionalmente para su uso».
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, señala a su vez que «los Estados tienen el deber legal de proteger a las personas de los riesgos de violaciones de derechos humanos que conlleva dicho software. A través de una regulación estricta, deben obligar a las empresas que crean dicho software a ser transparentes y responsables».
