Unos 50.000 expedientes sobre crímenes contra la humanidad en El Salvador languidecen en un lugar no establecido, algunos ya presa del tiempo y la humedad, mientras estalla un frenesí por su posesión y control, informa Edgardo Ayala (IPS) desde San Salvador.
La Iglesia Católica cerró sin previo aviso la oficina que albergaba esos documentos, Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, el 30 de septiembre. Pero sus exempleados, que se enteraron de la clausura el mismo día, se proponen ahora reabrirla y reclaman los archivos.
«Nosotros somos los representantes legales de los familiares o víctimas de abusos, nosotros llevamos los casos, por lo tanto nuestro trabajo tiene que seguir», dijo a IPS el abogado Alejandro Díaz, despedido tras el cierre de Tutela Legal.
«Estamos haciendo las últimas gestiones para relanzar la nueva oficina» para la que ya hay nombre: Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, en honor de quien fue su directora desde 1983 hasta su muerte en 2007, agregó Díaz.
Esos expedientes contienen testimonios en cintas de audio y en papel, fotografías y videos de víctimas y familiares, y registros de lugares donde se cometieron masacres u otros crímenes durante la guerra civil (1980-1992).
Podrían ser pruebas de oro en procesos penales que podrían reabrirse por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Tutela Legal reunió durante años denuncias y pruebas documentales y ejerció la defensa de las víctimas.
Los recursos financieros para la nueva entidad llegarían de las mismas organizaciones internacionales que apoyaban su labor, como la agencia católica de ayuda de Inglaterra y Gales, el Comité Francés Católico contra el Hambre y por el Desarrollo y la filial de Cáritas en la norteña región española de Asturias, dijeron las fuentes.
«Esas organizaciones nos han prometido el apoyo que siempre nos dieron cuando estábamos en el arzobispado», dijo a IPS quien fue el director de Tutela Legal hasta su cierre, Ovidio Mauricio González.
Se requieren unos 300.000 dólares para digitalizar todo el material y ordenarlo según estándares internacionales, explicó González. Una parte de los documentos en papel se encuentran en mal estado por el paso del tiempo y por la humedad, agregó.
El arzobispo de San Salvador, José Escobar, alegó unos días después del cierre que la decisión se debía a un mal manejo de fondos. Pero no dio más detalles.
Según González, nunca hubo reparos sobre el manejo del dinero de Tutela Legal, que al final de cada ejercicio se sometía a auditorías de las entidades internacionales que la financiaban, explicó.
Las sospechas sobre las razones del arzobispo Escobar se deben a que 10 días antes, la Corte Suprema hizo algo sorprendente para la historia de los tribunales de este país: admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, que hasta ahora había impedido hacer justicia.
El movimiento de derechos humanos, dentro y fuera de fronteras, está preocupado por el paradero de los expedientes de Tutela Legal.
La estadounidense Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) pidió en un comunicado «que la Arquidiócesis proteja cuidadosamente estos archivos y los ponga a disposición de los investigadores, de acuerdo con la larga tradición de la Iglesia en pro de la defensa de los derechos humanos».
Un centenar de organizaciones nacionales e internacionales publicaron también extensos avisos en la prensa salvadoreña, urgiendo a preservar los expedientes.
El arzobispado asegura que los está protegiendo, aunque los trasladó a otras instalaciones, que nadie sabe cuáles son.
«Estoy aquí para solidarizarme con toda esta gente en su justo reclamo por conservar los archivos», dijo a IPS la activista de la organización Somos Nuestra Tierra, Andrea Mcleoud, durante una protesta el domingo 6 frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador.
Tutela Legal fue establecida en 1982 por el entonces arzobispo Arturo Rivera y Damas, como continuación de Socorro Jurídico, que había fundado en 1977 su antecesor, el célebre arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado por escuadrones de la muerte mientras daba misa en marzo de 1980, cuando estalló la guerra civil en este pequeño país de América Central.
En el conflicto entre fuerzas del Estado y grupos paramilitares contra la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, murieron 75.000 personas y unas 8.000 siguen desaparecidas. El Salvador tiene hoy algo más de seis millones de habitantes.
«No reclamamos algo ajeno, sino algo que nos pertenece a los familiares de las víctimas», dijo Rosa Rivera, cuya familia fue asesinada por militares y paramilitares el 14 de mayo de 1980 junto con otros 300 campesinos, incluyendo mujeres y niños, que intentaban cruzar el río Sumpul, en el departamento de Chalatenango, para escapar a Honduras.
Los expedientes no solo contienen denuncias del conflicto, también algunos casos actuales.
Por ejemplo, el proceso sobre la contaminación con plomo de una comunidad rural causada por una fábrica de baterías de automóviles, que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008.
En el Vaticano, la beatificación del arzobispo Romero avanza por decisión del papa Francisco. Pero, por paradoja, una parte de su legado pende de un hilo.
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Esa valiosa documentación debe preservarse. En realidad no pertenece a los familiares como se menciona en una cita encomillada en el artículo, aunque lo necesiten o les sea de gran importancia para sus legítimos anhelos. Por su carácter, son archivos patrimoniales, en lo judicial, primero, y en la memoria histórica, enseguida; es decir con una dimensión más amplia y atemporal.