La Federación Internacional de Periodistas reclama la liberación de tres periodistas encarcelados en Túnez y alerta sobre el aumento de los procesos judiciales, las presiones editoriales y la precariedad laboral. La organización considera que estas prácticas amenazan la libertad de prensa en Túnez y el derecho de la ciudadanía a recibir información independiente.
La FIP difundió el tres de agosto de 2026 las conclusiones de un informe elaborado por el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos sobre el periodo comprendido entre enero de 2025 y julio de 2026.
El documento sindical describe un «deterioro grave y sin precedentes» de la libertad de prensa y de expresión. Atribuye esta situación a la multiplicación de las actuaciones judiciales contra profesionales de la información, las restricciones a las coberturas, las injerencias en los medios y el empeoramiento de las condiciones laborales.
La federación internacional respalda el diagnóstico de su organización afiliada y exige la liberación inmediata de Mourad Zghidi, Borhane Bsaïes y Zied El Hani, quienes permanecen encarcelados.
El decreto 54 condiciona la libertad de prensa en Túnez
El informe sitúa entre los principales problemas el uso del decreto-ley 54, aprobado en septiembre de 2022 para combatir las infracciones relacionadas con los sistemas de información y comunicación.
La norma permite sancionar la difusión de informaciones consideradas falsas o de rumores a través de internet. El sindicato sostiene que las autoridades la emplean para procesar opiniones críticas y trasladar asuntos relacionados con el ejercicio del periodismo fuera de la legislación específica sobre prensa.
El SNJT reclama la revisión del decreto y pide que los casos vinculados a publicaciones y contenidos informativos se tramiten conforme a los decretos-ley 115 y 116. El primero regula la libertad de prensa, impresión y edición, mientras que el segundo establece el marco del sector audiovisual.
Zeghidi y Bsaïes llevan privados de libertad desde mayo de 2024. En enero de 2026, ambos recibieron una condena de tres años y medio de cárcel por blanqueo de capitales e infracciones fiscales, después de haber sido procesados inicialmente por comentarios difundidos en medios y redes sociales.
Zied El Heni también ha afrontado distintos procedimientos por sus intervenciones públicas. En 2024 fue condenado a seis meses de prisión, con la pena suspendida, tras criticar en un programa de radio a la ministra de Comercio. La FIP informó en junio de 2026 de que el periodista había vuelto a ser detenido y condenado a un año de cárcel por una publicación en redes sociales.
Presiones editoriales y precariedad laboral
El deterioro denunciado no se limita a los procesos judiciales. El informe sindical señala la reaparición de controles previos y posteriores sobre los contenidos, la imposición de directrices editoriales y la exclusión de profesionales de determinadas coberturas.
Según el SNJT, estas intervenciones fomentan la autocensura, debilitan el pluralismo y reducen la capacidad de los periodistas para decidir qué asuntos investigan y cómo los presentan.
El sindicato también denuncia despidos que considera abusivos, retrasos en el pago de salarios, impagos de cotizaciones sociales y contrataciones al margen de la legalidad. La situación afecta especialmente a profesionales autónomos y trabajadores con vínculos contractuales precarios.
Entre enero de 2025 y julio de 2026, la organización emitió más de sesenta comunicados sobre vulneraciones de derechos profesionales y organizó trece concentraciones de protesta o solidaridad. Asimismo, denunció impedimentos para cubrir vistas judiciales, dificultades para acceder a información pública y retrasos en la expedición de acreditaciones profesionales.
El informe advierte además de las campañas de hostigamiento en redes sociales contra periodistas. Los medios que informan sobre migración se han convertido, según el sindicato, en objetivos de mensajes de odio en un contexto de creciente discurso racista contra la población subsahariana.
La FIP exige la liberación de los periodistas encarcelados
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, considera que el informe refleja la presión que soportan los profesionales tunecinos y reclama una respuesta colectiva. La federación insta a las autoridades a poner fin a la criminalización del periodismo y anima a los trabajadores de los medios a organizarse para proteger sus derechos.
Para el sindicato tunecino, la degradación del sector afecta también al conjunto de la sociedad. La restricción de las coberturas, el debilitamiento del pluralismo y la autocensura reducen el acceso de la ciudadanía a informaciones independientes sobre las instituciones y los asuntos de interés público.
«No puede haber democracia sin prensa libre», sostiene la organización, que anuncia que mantendrá sus iniciativas sindicales y jurídicas en defensa de los profesionales y de la independencia de los medios.
Ni el comunicado de la FIP ni el informe sindical citado incorporan una respuesta de las autoridades tunecinas a estas acusaciones.
