Relatores de derechos humanos de Naciones Unidas advierten de que las nuevas restricciones estadounidenses sobre el sector energético están acelerando la crisis social en Cuba. Los expertos reclaman una respuesta internacional ante la falta de combustible, alimentos y medicamentos, mientras Washington responsabiliza al Gobierno cubano y a su modelo económico del deterioro de la isla.
Un grupo de expertos que actúa por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha condenado la ampliación de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y ha pedido medidas urgentes para proteger a la población civil.
La declaración fue recogida el jueves 6 de agosto por IPS en una información firmada por su corresponsal en Ginebra.
Los especialistas sostienen que las restricciones sobre el suministro de combustible están afectando simultáneamente a la electricidad, el transporte, la producción agrícola, la atención sanitaria y la conservación de alimentos y medicamentos.
«Los alimentos nunca deben utilizarse como instrumento de presión política», afirmaron. Según los expertos, privar conscientemente a una población de medios indispensables para sobrevivir vulnera las garantías fundamentales del derecho a la vida y la dignidad humana.
Las sanciones a Cuba y el bloqueo energético
La advertencia se produce después de que Estados Unidos ampliara desde junio de 2026 sus medidas sobre sectores estratégicos de la economía cubana. Las sanciones anunciadas el veintitrés de julio alcanzaron a empresas energéticas y agravaron las dificultades para adquirir combustible, incluso cuando se destina a necesidades humanitarias, según la declaración difundida por IPS.
Los procedimientos especiales de Naciones Unidas ya habían enviado a Washington una comunicación sobre el bloqueo de combustible derivado de la orden ejecutiva estadounidense del veintinueve de enero.
En aquella carta, los relatores advertían de posibles repercusiones sobre los derechos a la alimentación, la salud, la educación, el agua, el saneamiento y el desarrollo. También pedían al Gobierno estadounidense que explicara qué evaluación había efectuado sobre el impacto de la medida en los derechos humanos.
La falta de combustible ha coincidido con nuevos colapsos de la red eléctrica cubana y cortes prolongados. Según los expertos, los apagones interrumpen los servicios médicos, dificultan los tratamientos oncológicos y reducen la capacidad para refrigerar alimentos y medicinas.
El transporte, el riego y la actividad rural también se encuentran afectados. Las consecuencias recaen con especial intensidad sobre mujeres, menores, personas mayores, campesinos y otros colectivos con menos recursos para afrontar el encarecimiento de los productos básicos.
Una crisis anterior a las últimas medidas
Los expertos describen una situación que estaría evolucionando hacia una crisis humanitaria generalizada. La declaración menciona una subida del cincuenta por ciento en el precio del arroz durante tres meses, la duplicación del coste del aceite comestible y un incremento del sesenta por ciento en el precio de la bombona de gas desde comienzos de año.
Estas cifras proceden de los informes citados por los relatores y no han sido comprobadas de manera independiente por este medio.
La economía cubana, sin embargo, ya atravesaba una crisis profunda antes de las últimas decisiones de Washington. El deterioro de la infraestructura eléctrica, la reducción de las importaciones, la escasez de divisas, la inflación y las deficiencias del sistema productivo han contribuido igualmente al empeoramiento de las condiciones de vida.
La atribución de responsabilidades constituye desde hace décadas el centro del conflicto político. La Habana utiliza el término «bloqueo» para subrayar el alcance extraterritorial de las restricciones. Washington habla de «embargo» y sostiene que el Gobierno cubano utiliza las sanciones para ocultar los fallos de su política económica.
Periodistas en Español ya abordó esta controversia al informar sobre la aplicación de la Ley Helms-Burton y el endurecimiento del embargo estadounidense.
Washington responsabiliza al Gobierno cubano
La Administración estadounidense sostiene que la situación responde principalmente a la gestión de las autoridades de La Habana y a un modelo económico incapaz de garantizar los servicios y suministros necesarios.
El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó en febrero que determinadas ventas de combustible al sector privado cubano continúan autorizadas. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró entonces que Washington también permite algunas operaciones y entregas humanitarias que no beneficien al Gobierno ni a entidades militares.
Por otra parte, una orden ejecutiva de la Casa Blanca aprobada en mayo autorizó nuevas sanciones contra personas, empresas e instituciones relacionadas con los sectores energético, financiero, militar y de seguridad de Cuba.
El Gobierno estadounidense sostiene que las políticas cubanas representan una amenaza para su seguridad nacional y su política exterior. Los expertos de Naciones Unidas lamentan, por el contrario, la ausencia de pruebas concretas que demuestren que Cuba respalda actividades terroristas o subversivas.
La comparación con una «Gaza silenciosa»
La declaración reclama actuar para evitar que se consolide en Cuba una «Gaza silenciosa». La expresión no fue creada por los relatores, sino difundida por cuatro congresistas demócratas estadounidenses después de visitar la isla en julio.
Mark Pocan, Teresa Leger-Fernández, Maxine Dexter y Delia Catalina Ramírez mantuvieron encuentros con el presidente Miguel Díaz-Canel, autoridades, profesionales sanitarios y representantes sociales.
Pocan explicó que uno de sus interlocutores cubanos había empleado la comparación y la consideró una descripción adecuada. «Puede que no haya atentados con bomba, pero sin duda existen condiciones que impiden a la gente llevar una vida normal», declaró.
La analogía alude a las consecuencias de la privación de combustible, alimentos y suministros médicos, pero no convierte ambas situaciones en realidades equivalentes. Gaza ha padecido una guerra, desplazamientos masivos y una extensa destrucción material. Cuba afronta una crisis económica y energética condicionada por las sanciones exteriores y por problemas estructurales internos.
Una petición sin efectos jurídicos vinculantes
Los expertos consideran que las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos vulneran los principios de soberanía, no intervención y autodeterminación recogidos en la Carta de Naciones Unidas.
Se trata de la interpretación de especialistas designados por el Consejo de Derechos Humanos, no de una resolución vinculante ni de una sentencia internacional. No obstante, la declaración incrementa la presión política sobre Washington y vuelve a situar el impacto de las sanciones en el debate multilateral.
Entre sus firmantes se encuentran George Katrougalos, experto sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Zaina Jallad, relatora sobre medidas coercitivas unilaterales; Sofía Monsalve Suárez, relatora sobre el derecho a la alimentación, y Surya Deva, relator sobre el derecho al desarrollo.
También respalda el pronunciamiento el Grupo de Trabajo sobre Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.
Los expertos piden a Estados Unidos que revoque las medidas que consideran contrarias al derecho internacional. Asimismo, reclaman al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU que examinen sus consecuencias como una cuestión de paz y seguridad internacionales.
La documentación disponible no recoge una respuesta específica de Washington a esta última declaración.
