Nueve organizaciones de derechos civiles y sindicatos han llevado a los tribunales el temor a que la presencia de agentes federales en los centros de votación intimide a electores durante las legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. La demanda, presentada en Washington, pide impedir despliegues que puedan vulnerar la Ley de Derecho al Voto.
Entre los demandantes figuran la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), Mi Familia en Acción, OCA–Asian Pacific American Advocates, National Urban League, MN8 y varios sindicatos, entre ellos el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).
Las organizaciones sostienen que el clima creado por las declaraciones y actuaciones de la Administración de Donald Trump está alterando los planes de votantes negros, latinos y asiáticos, ciudadanos naturalizados y familias con distinto estatus migratorio.
El procedimiento tiene carácter preventivo. No afirma que exista ya un despliegue generalizado de agentes en los colegios electorales ni ha producido todavía una resolución judicial. Los demandantes invocan la sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe las amenazas, la coacción y la intimidación durante el proceso electoral.
El Departamento de Justicia considera alarmista afirmar que el Gobierno haya anunciado el envío de agentes a las urnas. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene, por su parte, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no prepara operaciones contra los centros de votación, aunque contempla intervenir ante amenazas concretas o para ejecutar órdenes de detención. Varios estados han preparado protocolos ante una posible presencia federal.
La crónica completa del Observatorio Trump en Aquí Madrid explica quiénes promueven la demanda, qué protección judicial solicitan y por qué este litigio abre un nuevo frente sobre las condiciones materiales en las que los ciudadanos podrán ejercer el derecho al voto.
