El intento del Gobierno de Donald Trump de separar hasta 20.000 votos por correo en California ha abierto un conflicto que trasciende la supuesta participación de personas no ciudadanas: el Noveno Circuito debe decidir si el Ejecutivo federal puede imponer a un estado un procedimiento electoral de urgencia cuando la votación ya está en marcha.
Dos de los tres jueces del panel expresaron dudas sobre la competencia del tribunal de apelación, la autoridad constitucional invocada y la fiabilidad de la lista federal. La vista extraordinaria del domingo terminó sin resolución. La información fue publicada inicialmente por Aquí Madrid, dentro de su Observatorio Trump.
El litigio se desarrolla a ocho días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El Departamento de Justicia reclama que California no compute las papeletas de las personas señaladas hasta confirmar su ciudadanía. El estado replica que la selección contiene datos sin acreditar y que aplicar la orden puede excluir votos de ciudadanos habilitados.
Una apelación presentada antes de la primera decisión
El Departamento de Justicia demandó a California el 15 de octubre. Afirma que varias agencias federales localizaron a más de 20.000 personas «probablemente» no ciudadanas en registros electorales públicos y que esas personas recibieron papeletas por correo.
El juez federal David O. Carter fijó para el martes 27 de octubre la vista sobre la orden temporal solicitada. El Gobierno había exigido una decisión antes del mediodía del día 22 y recurrió al Noveno Circuito cuando no la obtuvo. En su aviso de apelación interpreta esa falta de respuesta dentro del plazo reclamado como una denegación práctica.
La secuencia plantea una cuestión procesal previa al fondo del caso: si un tribunal de apelación puede intervenir cuando el juez de distrito todavía no ha resuelto. El magistrado Mark J. Bennett, nombrado por Trump en 2018, cuestionó que el panel tuviera competencia en esas circunstancias.
Quién puede determinar cómo se administran las elecciones
Bennett también recordó que la cláusula electoral de la Constitución atribuye a los estados la regulación del tiempo, el lugar y la forma de las elecciones al Congreso, aunque este último puede aprobar normas federales. Su pregunta situó el litigio en el reparto de poderes: el Ejecutivo puede perseguir delitos federales, pero no dispone automáticamente de la facultad que la Constitución asigna a los estados y al Congreso.
El juez Gabriel P. Sanchez, nombrado por Joe Biden, planteó si la petición vulnera la Décima Enmienda al obligar a California a ejecutar una prohibición penal federal. El abogado del Gobierno, Matthew Donnelly, respondió que el estado también prohíbe votar a quienes no sean ciudadanos y que su negativa frustra la finalidad de la ley federal.
El tercer miembro del panel, Patrick J. Bumatay, nombrado por Trump, se mostró más favorable a estudiar la medida. Subrayó el interés público en impedir votos de personas no habilitadas y advirtió de la dificultad de comprobarlos una vez mezcladas las papeletas.
Las preguntas pronunciadas durante una vista no anticipan necesariamente el fallo. Al cierre de esta información, el Noveno Circuito no había ordenado separar las papeletas y la audiencia ante Carter continuaba señalada para el martes.
La lista federal no equivale a 20.000 votos ilegales
California acepta que las personas no ciudadanas no pueden votar en elecciones federales. Lo que rechaza es la fiabilidad de la lista, la metodología empleada y la posibilidad de modificar el procesamiento de millones de papeletas mediante una exigencia de 48 horas.
El condado de Los Ángeles revisó una muestra de 200 nombres. Una declaración de la responsable electoral adjunta Monica Flores señala que encontró inscripciones canceladas o inactivas, personas sin historial de voto y electores que aparentemente habían nacido en Estados Unidos. Esa revisión no permite extrapolar un porcentaje preciso al conjunto, pero impide tratar los 20.000 registros como casos comprobados.
También deben separarse tres hechos: recibir una papeleta, devolverla y emitir un voto ilegal. La demanda utiliza la expresión «probablemente no ciudadanos», pero la inclusión en una base federal no constituye una declaración judicial de inelegibilidad ni demuestra que una persona haya votado.
Los Ángeles calcula que cotejar los 2,75 millones de votos por correo previstos, a tres minutos por papeleta, exigiría unas 140.000 horas de trabajo. Una vez comprobada la firma y separada la papeleta del sobre, el voto se mezcla con los demás para garantizar el secreto y deja de poder vincularse a un elector concreto.
Una ofensiva federal sometida al control de los tribunales
El conflicto forma parte de una ofensiva más amplia de la Administración para acceder a censos electorales, buscar posibles votantes no ciudadanos e intervenir en procedimientos estatales antes de las legislativas. En septiembre, Periodistas en Español documentó la resistencia de los estados a entregar información privada de sus electores.
Otra sentencia examinada por este medio cuestionó quién puede establecer los requisitos para votar. Aunque cada procedimiento utiliza normas y remedios distintos, todos remiten a la misma tensión: las competencias estatales, las leyes aprobadas por el Congreso y los límites de la actuación presidencial.
El Gobierno sostiene que el procesamiento de papeletas causa un daño irreversible porque después no podrá identificar los votos afectados. California responde que el remedio produciría el daño contrario: privar del voto a ciudadanos legítimos basándose en datos no contrastados y alterar las reglas cuando la elección ya ha comenzado.
La campaña discurre en un entorno adverso para Trump
El promedio de encuestas de Call the Map, actualizado el 26 de octubre, concede a los demócratas una ventaja de 7,8 puntos en el voto genérico para el Congreso y sitúa el saldo de aprobación de Trump en menos 25,2 puntos.
Esos datos describen el entorno nacional, pero no permiten predecir el fallo judicial ni convertir automáticamente votos nacionales en escaños. La Cámara se decide distrito por distrito y el Senado mediante elecciones estatales.
La resolución pendiente determinará si el Gobierno obtiene la intervención inmediata que reclama o debe regresar al tribunal de distrito. Hasta entonces, las dudas expresadas por los jueces son relevantes, pero la lista continúa siendo una alegación sometida a contraste y no una relación judicialmente confirmada de votos ilegales.
