La sala especializada en terrorismo del Tribunal de Primera Instancia de Túnez condenó el 27 de octubre de 2026 al periodista Zied El-Heni a cuatro años de prisión. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) denuncia que el proceso castiga actuaciones de verificación informativa y protección de fuentes, y reclama su liberación.
El fallo corresponde al llamado caso de las grabaciones filtradas. La condena también fue confirmada por una fuente judicial citada por la agencia Tunis Afrique Presse, según la información publicada el mismo día por La Presse de Tunisie. Ese relato señala que la pena es de ejecución inmediata.
La fuente judicial vincula la condena con la negativa a informar a las autoridades sobre hechos relacionados con posibles actos terroristas, incluso cuando existe secreto profesional, y con contactos con agentes extranjeros para perjudicar la situación diplomática del país. Las organizaciones de prensa cuestionan que esas imputaciones se apliquen al trabajo del periodista.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) explica que El-Heni fue interrogado inicialmente como testigo por unas grabaciones cuya autenticidad había intentado comprobar para su programa de radio. Después de las preguntas sobre su relación con sus fuentes, pasó a ser acusado.
Zied El-Heni y la protección de las fuentes
Según el CPJ, los cargos se tramitaron al amparo de la legislación tunecina contra el terrorismo y el blanqueo de capitales. La organización sostiene que la condena penaliza la labor informativa y la negativa a revelar fuentes confidenciales. Por ello, solicita tanto su liberación inmediata como la anulación de las condenas.
La FIP añade que el periodista se negó a entregar su teléfono móvil sin una orden judicial. También denuncia que compareció por videoconferencia desde la prisión de Mornaguia y que sus abogados no habían sido informados de que estaría ausente físicamente de la sala.
El CPJ recoge asimismo las objeciones del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT) sobre las condiciones de la vista: según el sindicato, el tribunal dictó sentencia sin permitir a los abogados presentar sus argumentos. Son denuncias de las organizaciones profesionales sobre las garantías de defensa; no se ha accedido al texto íntegro del fallo.
Esta pena corresponde a una causa distinta de la condena que El-Heni ya cumplía. Amnistía Internacional documentó su detención el 24 de abril de 2026 y la sentencia de un año de cárcel dictada el 7 de mayo por criticar una decisión judicial, en aplicación del artículo 86 del Código de Telecomunicaciones.
Antecedentes de la presión judicial sobre la prensa
El Tribunal de Apelación confirmó aquella condena el 26 de junio, según Amnistía Internacional. La organización considera que ese primer encarcelamiento respondió exclusivamente al ejercicio de la libertad de expresión. La información consultada no permite precisar cómo se ejecutarán conjuntamente las penas.
El contexto de restricciones ya fue recogido por Periodistas en Español el 4 de agosto. Aquella información resumía un informe del sindicato tunecino sobre el aumento de procesos judiciales, los obstáculos a las coberturas y las presiones editoriales entre enero de 2025 y julio de 2026.
El SNJT advertía de que esas prácticas favorecen la autocensura y reducen el pluralismo. La nueva sentencia añade un procedimiento por terrorismo a los antecedentes de El-Heni y centra la protesta de las organizaciones profesionales en la confidencialidad de las fuentes y las garantías del juicio.
