La Casa de los Derechos de Periodistas, Periodistas de a Pie, la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros sin Fronteras acaban de presentar, en el Museo de la Tolerancia del Distrito Federal, un informe sobre el asesinato del reportero Gregorio Jiménez, ocurrido días después de ser secuestrado por varias personas el 5 de febrero en la localidad de Coatzacoalcos, perteneciente al Estado de Veracruz (situado al Este del país).
El secuestro ocurrió cuando el periodista regresaba a su casa, después de haber dejado a sus hijos en la escuela. Sujetos armados lo obligaron a subir a un vehículo y se lo llevaron.
Tras denunciar la desaparición, e instar a investigar el suceso, el Gobierno difundió la versión de que todo se debía a una disputa con la dueña de un bar. Por lo tanto, negaba la posibilidad de que estuviera relacionado con su profesión de periodista. Sin embargo, las múltiples peticiones de esclarecimiento por parte de oeneges y de las organizaciones de prensa, además de las investigaciones que han llevado a cabo estas últimas, han permitido comprobar que Gregorio murió a manos de gente que quería silenciarle. Que las continuas denuncias que hacía en sus artículos estaban “incomodando” demasiado a gente con pocos escrúpulos.
16 compañeros investigan
Los días 15, 16 y 17 de febrero, un grupo de 16 periodistas, algunos miembros de cuatro organizaciones de defensa de la libertad de expresión, integraron una misión de observación con el fin de investigar el secuestro y asesinato. Viajaron a Coatzacoalcos y Xalapa y se entrevistaron con más de 60 comunicadores: reporteros, editores y directivos de medios de información; con familiares y amigos de Gregorio, así como con autoridades estatales y federales.
Según han contado sus portavoces, Daniela Pastrana, Elia Baltazar (ambas de Periodistas de a Pie), María Idalia Gómez (Periodistas sin Fronteras) y Emiliano Ruiz, también han tenido acceso al expediente que ha elaborado la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y a las notas publicadas por Gregorio en los seis meses anteriores a su asesinato. Además, visitaron el domicilio donde ocurrió el secuestro y el lugar donde fue localizado el cuerpo del periodista una semana después.
En sus declaraciones afirmaron que el secuestro y asesinato de Gregorio no puede entenderse sin abordar el alarmante contexto de violencia en Veracruz, particularmente la zona sur de la entidad. La inacción del gobierno en materia de seguridad y justicia repercute de manera clara y decisiva en el trabajo cotidiano de los comunicadores. Estos factores explican la lista de periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados y las muchas y constantes agresiones a la libertad de expresión en el estado.
Conclusiones
Por ello, su informe incluye una radiografía del ejercicio periodístico en el Estado: testimonios y hechos que sustentan las condiciones laborales precarias y de alto riesgo en las que trabajan los comunicadores. Gregorio cobraba 20 pesos (poco más de un euro) por cada artículo que le publicaban en un medio y 50 (escasamente tres euros) en otro. Tenía siete hijos y vivía en una casa sin electricidad, que él mismo estaba construyendo. Para poder mantener a su familia debía hacer múltiples trabajos más, algo demasiado habitual no sólo entre los reporteros, sino en cualquier profesión. Los sueldos son tan bajos, y las condiciones tan leoninas, que casi se puede hablar de explotación laboral en muchos sectores.
En cuanto a las investigaciones oficiales del caso, en el expediente del crimen existen pruebas contundentes de que fue secuestrado y asesinado por su ejercicio periodístico; sin embargo, la autoridad ministerial evade reconocer que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión por parte de un grupo del crimen organizado que opera en la zona sur de Veracruz.
La Procuraduría de Justicia de Estado sólo se centró en demostrar una línea de investigación, cuando existen pruebas claras para abordar otras dos posibles líneas que podrían revelar toda una estructura criminal, aseguran. El Ministerio Público no indagó, y mucho menos profundizó, en el trabajo periodístico de Gregorio, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República. Ninguna de las herramientas de trabajo del periodista han sido analizadas: ni el ordenador que Gregorio tenía en su casa, ni su cámara fotográfica –que intentaron llevarse los secuestradores- estuvieron sometidas a revisión.
Los testimonios, pruebas y diligencias que hilvanan el expediente del caso de Gregorio, muestran las deficiencias e inconsistencias de la actuación de las autoridades que atendieron la emergencia del secuestro.
También encontraron fallos que podrían incidir a favor de las seis personas que hasta ahora han sido acusadas. En el expediente no se explica cómo descubrieron quiénes eran los responsables, cómo los localizaron y cómo llegaron a la casa de seguridad en la que, supuestamente, permaneció Gregorio y a las fosas clandestinas donde encontraron su cuerpo.
También han constatado que las declaraciones de prácticamente todos los detenidos sólo aportan la información más básica sobre los hechos, y las autoridades no los cuestionaron, no profundizaron, no verificaron ni documentaron las actuaciones. Las acusaciones se sostienen, principalmente, con la confesión de José Luis Márquez Hernández, quien se ha declarado autor material y líder de la célula que secuestró y asesinó a Gregorio. La Procuraduría está obligada a fortalecer estos indicios, pues de lo contrario, como ocurrió en el caso de la periodista Regina Martínez (asesinada el 28 de abril de 2012), los detenidos podrían ser liberados, se temen.
La Procuraduría Estatal, al menos en el discurso oficial, sostiene que las investigaciones sobre el asesinato de Gregorio continúan, pero en la práctica no ha mostrado avance alguno. Puesto que es evidente que aún falta por profundizar en las investigaciones, el caso no puede ni debe considerarse cerrado, y piden a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz que reconozca que el asesinato de Gregorio Jiménez se vincula fuertemente con su labor periodística.
Los miembros de esta misión de investigación están convencidos de que iniciativas como ésta pueden ser un mecanismo para ayudar a frenar la censura y la impunidad por la falta de resultados en las investigaciones que deben llevar a cabo las autoridades. Su deseo es que ésta sea una invitación para dar un paso más en defensa de la libertad de expresión y contra la impunidad que envuelve la mayor parte de los casos de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas en México.
Video: María Idalia, de Periodistas sin Fronteras, especialista en narcotráfico, cree que en este caso se va a conseguir hacer justicia.
