Naciones Unidas acaba de declarar con claridad que el Estado español está incumpliendo sus compromisos internacionales y dejando sin protección a las víctimas del franquismo, señala el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, sobre el incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.
Los informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra por parte del grupo de trabajo contra las desapariciones forzadas y por parte del relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición muestran el manifiesto incumplimiento del Gobierno de España tanto de la ley interna como de las normas internacionales. Y expresan su preocupación por la indiferencia de las instituciones españolas hacia las víctimas, así como reprochan su falta de voluntad de reparar el daño sufrido por los familiares de los asesinados por el franquismo.
Desde Jueces para la Democracia, dice Joaquim Bosch, denunciamos la falta de aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, que establece una serie de obligaciones para el Gobierno, entre las cuales se encuentra el deber de adoptar medidas para la localización e identificación de las más de 114.000 personas que siguen en fosas comunes, lo cual representa una situación inaceptable en una sociedad democrática. Además, la ley también establece la obligación de los poderes públicos de financiar las exhumaciones.
Agrega Joaquim Bosch que la inobservancia de estos mandatos legales resulta contraria a las exigencias de reparación a las víctimas de los delitos cometidos durante la dictadura, y no resulta aceptable el argumento del Gobierno de que no dispone de medios económicos, porque ello podría explicar una reducción de las partidas presupuestarias, pero no la absoluta paralización que se ha producido de las actuaciones institucionales. Existe por parte del Gobierno una evidente voluntad de no continuar con las exhumaciones. Y eso es contrario a nuestra legislación y a las obligaciones internacionales de España.
Sostiene Bosch que esa actitud obstruccionista del Gobierno está en la línea de una incomprensible actitud de condescendencia hacia el régimen anterior, pero debe recordarse que reparar a las víctimas y permitirles recuperar los restos de sus seres queridos no supone una apuesta ideológica determinada, sino que representa el funcionamiento más básico de un Estado de Derecho, a través de principios que tienen carácter universal.
Sin embargo, concluye, seguimos siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados.
