La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha acudido a la Escuela Normal Rural, “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, para reunirse con familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos, ejecutados y heridos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala.
La visita es parte del seguimiento que viene dando al caso la ONU-DH y reitera la solidaridad y la condena enérgica frente a los trágicos hechos de Iguala. Además, es un mensaje de respaldo inequívoco a las víctimas, sus familias y seres queridos, a su causa y a la legitimidad de sus demandas de justicia.
“Hay en nosotros una honda admiración por los familiares y estudiantes por cómo se han sobrepuesto a la adversidad, expuesto su dolor con dignidad y exigido a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones” expresó Javier Hernández Valencia, representante de ONU México.
Agregó que la indignación que se ha despertado en el país azteca, y a nivel internacional, por los hechos de Iguala, “tiene un anclaje directo en la fortaleza de las familias y estudiantes que con plena conciencia cívica han exigido de manera enfática el respeto a sus derechos humanos”. Les alentó a seguir reivindicando sus derechos de manera pacífica y por los cauces democráticos hasta esclarecer el paradero de sus seres queridos y obtener justicia.
Añadió, que la detención arbitraria y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos vulneran los derechos humanos y socavan el ejercicio de las libertades públicas que debe ser incentivado y protegido por las autoridades.
Por otro lado, Hernández lamentó que en México no se cumplan las recomendaciones de la ONU en materia de desaparición forzada, así como la falta de protocolos para localizar a los desaparecidos.
Aviso al Gobierno
Dicen que seguirán recordando al Estado mexicano el marco de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la necesidad de su cumplimiento y su indelegable rol en la materialización del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas que le corresponde frente a toda violación a los derechos humanos.
De igual forma, la Oficina hará todo lo que esté a su alcance para que se obtengan garantías de no repetición y seguirá impulsando una agenda robusta y bien implementada de derechos humanos en México, en temas como el combate a la impunidad, búsqueda efectiva de personas desaparecidas, reparación integral, servicios forenses independientes, protección de víctimas, testigos y denunciantes, registro de personas detenidas y uso legítimo de la fuerza pública.
Curiosamente, en un momento en el que el Gobierno del Distrito Federal ha aprobado una “ley de movilidad” que podría impedir que se produzcan manifestaciones y protestas en la calle (falta que lo ratifique el Senado), los representantes de la ONU alentaron a los familiares a seguir reivindicando sus derechos “de manera pacífica y por los cauces democráticos hasta esclarecer el paradero de sus seres queridos y obtener justicia”.
Asimismo, la Oficina de la ONU recordó que el derecho de reunión pacífica es esencial en toda sociedad democrática y que el ejercicio, defensa y reivindicación pública de los derechos humanos es crucial para alcanzar su realización efectiva. Añadió que la detención arbitraria y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos vulneran los derechos humanos y socavan el ejercicio de las libertades públicas que debe ser incentivado y protegido por las autoridades. Sin embargo, Peña Nieto y su equipo hacen oidos sordos a las recomendaciones y han optado por la represión para acallar las protestas, como se pudo comprobar el 20 de noviembre y el pasado día 1. Parte de los detenidos en la primera manifestación están en la calle, porque no pueden acusarles de nada punible. Pero siguen las detenciones arbitrarias y las cargas policiales.
Otras visitas
Esta no es la primera vez que la ONU se pone en contacto con la familia de los normalistas. A mediados del mes pasado, un equipo del Alto Comisionado visitó las fosas clandestinas donde se hallaron restos de los primeros cuerpos quemados, que, presumiblemente, podrían ser de los estudiantes. Por desgracia, tras más de 40 exhumaciones, aún siguen sin dar con ellos. Y han aparecido ya más de 500 cuerpos en esos agujeros, entre ellos el de un sacerdote que se negó a bautizar al retoño de un narco. De los demás, poco o nada se sabe.
Por la misma época (medidados de noviembre), el Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, se reunió en Ginebra con el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Juan Manuel Gómez Robledo, para hablar sobre cómo podían proveer más asistencia y ayudar a que se haga justicia en este caso.
A día de hoy, más de dos meses después, a pesar de haber detenido a los principales responsables (alcalde y señora, policías, y funcionarios), no hay ningún resultado. Los 43 siguen en paradero desconocido. Y un dato curioso: no ha trascendido ni una sola palabra de lo que haya declarado el edil y su cónyuge. Les detuvieron al más puro estilo “telenovelero”, les llevaron a una prisión, y punto. Es como si con eso, y con la dimisión del gobernador de Guerrero, ya fuera suficiente. Ahora, quieren criminalizar los reclamos legítimos de los mexicanos. Malos vientos corren.
