Ni la Constitución Política de la República, ni el Código de Trabajo, ni la Convención de los Derechos del Niño o la Ley de Protección integral de la niñez y la adolescencia juntas logran que los menores en Guatemala tengan garantizados sus derechos por muchas definiciones, invocación de garantías y derecho elementales que contengan.
Foto: http://elquetzalteco.com.gtEl derecho primordial a la vida, así como a la seguridad, la educación y la cultura, son permanentemente violados, horrendos casos hemos visto la última semana, en donde pequeñas niñas murieron de manera atroz; pero no han sido los únicos, menores han perdido la vida violentamente, junto a sus progenitoras; otros se van consumiendo a diario por la desnutrición crónica; muchos se involucran con maras, con lo que están prácticamente muertos, por lo menos en lo que a su niñez se refiere; y algunos más han optado por quitarse la vida.
A lo anterior se suman los pequeños migrantes.
La educción es un privilegio reservado para algunos. Un reportaje de este medio a finales del año pasado desnudó la realidad “laboral” de los niños que dejan libros por trabajo. Las causas son conocidas, pero lo que es terrible aceptar es que el trabajo de menores de edad está contemplado en nuestra ley, siempre que sea adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral.
Las condiciones socioeconómicas de la mayoría y el reconocimiento de los legisladores de que esta realidad no puede ser alterada porque el sistema así lo establece, determinan que se acepte que los niños con necesidad se incorporen a la fuerza laboral, aunque se les fijen menos horas de trabajo, se prohíba que laboren en horarios nocturnos o extendidos, salvo en casos calificados, lo cual, en esencia, es una violación a sus derechos fundamentales.
En países desarrollados es impensable que se regule legalmente el trabajo de la niñez, mientras que aquí, según un estudio reciente de ASIES, más de 700 mil menores deben abandonar libros, juegos e ilusiones para incorporase al mercado laboral y, como siempre, la mayoría son indígenas y del área rural. Proporcionalmente, la población ocupada de niños indígenas alcanza casi tres veces la de los niños no indígenas, indica el estudio.
La Constitución establece que los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley, con lo que se dejó abierta la posibilidad para que esos seres humanos, cuya protección debería ser una prioridad para el Estado, puedan constituirse en mano de obra a muy corta edad. Los casos los regula el Código de Trabajo y tienen que ver con la necesidad de cooperar en la economía familiar, por extrema pobreza o con el disfraz de que el menor va atrabajar en vía de aprendizaje.
Pero, además, las condiciones en que desarrollan esas actividades laborales no son las adecuadas. Muchas de las respuestas obtenidas de los niños trabajadores en la investigación revelaron que están expuestos a ambientes no idóneos de temperatura, humedad, exposición a humos y polvos e, incluso, en algunos casos, a sustancias tóxicas.
Quien piense que en Guatemala hay democracia, igualdad de condiciones y de oportunidades o que “el interés superior del niño es una garantía que se aplicará a toda decisión que se adopte con relación a la niñez” no conoce la realidad.
El Estado promueve aquí la desigualdad y se acepta con toda naturalidad que unos menores gocen de todos los privilegios, mientras otros deben convertirse en adultos de manera precoz.
Es valiente, la denuncia de la periodista, caerá, me pregunto en algunos oídos, que puedan hacer algo? El mundo calla, y duele, duele, hasta que cala profundo en los huesos y en el alma. Dónde queda la igualdad. la solidaridad, el amor? Por eso se «teme más al silencio de los poderosos, que al griterío de los pobres»