Laura Romero solo recibe agua durante algunas horas al día y por lo menos una vez a la semana se queda sin el recurso, por lo que se ve obligada a almacenarla en bidones como el resto de sus vecinos de un barrio del norte de la capital de México, informa Emilio Godoy (IPS).
«Cuando no hay agua, nos envían camiones de reparto. Insistimos en que reparen la infraestructura, porque hay fugas, pero nos dicen que primero tienen que hacer un anteproyecto» para calcular costos, denunció a IPS esta integrante del Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco, su barrio.
El Frente gestiona dinero público para construir viviendas populares a bajo costo y condiciones preferenciales en este barrio de clase media. En diciembre concluyó un lote de ellas, a las que el gubernamental Sistema de Aguas de Ciudad de México se niega a darle servicio y temen que suceda lo mismo con otro proyecto que comenzaron a edificar.
«El gobierno nos dice que cada persona debe pagar 8.000 pesos (unos 350 dólares) por la conexión», cuestionó Romero.
En contraste, en la zona operan al menos seis centros comerciales y un centro de espectáculos que cuentan permanentemente con agua.
Problemas de abastecimiento y de calidad, contaminación, acaparamiento y sobreexplotación rodean al recurso en este país latinoamericano de 118 millones de habitantes, cuando el domingo 22 se celebra el Día Mundial del Agua, dedicado este año a la vinculación esencial entre el líquido y el desarrollo sostenible.
En México el recurso se considera un bien público y nacional, del que es responsable la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y lo administran el gobierno central, los estados y los municipios, que pueden entregar concesiones para su distribución y manejo, incluyendo entregas a los sectores industrial y agropecuario.
Los problemas en el país con el agua no mejoraron después que en 2012 una reforma de la Constitución calificó el recurso como un derecho humano.
«Hay cuerpos de agua contaminados, hay comunidades con problemas de abastecimiento», indicó Omar Arellano, coordinador del grupo de Ecotoxicología del Programa Observatorio Socioambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
Entre las causas, dijo a IPS el también académico del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México, está el hecho de que «en los últimos años ha habido una gestión de transvases que pone en riesgo a poblaciones y altera los ciclos hídricos».
Arellano es uno de los autores del informe de 2012 «La contaminación en la cuenca del río Santiago y la salud pública en la región», en el que hallaron que 280 empresas descargan sustancias tóxicas en sus aguas.
Asimismo, ese caudal, situado en el occidental estado de Jalisco, alberga 1090 contaminantes peligrosas, un riesgo para el ambiente y la salud de unas 700.000 personas, que habitan en su ribera. La situación con esa cuenca es un ejemplo delo que sucede en otras partes de la geografía mexicana.
Agua hay, pero no para todos
El Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 indica que la disponibilidad natural media de agua en México cayó de 18.035 metros cúbicos anuales por habitante en 1950 a 3982 en 2013.
Pese a su caída, la disponibilidad no es un problema, según los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas, que establece que un país con menos de 1000 metros cúbicos anuales por habitante tiene escasez y aquel con un rango entre 1.000 y 1700 metros cúbicos por persona soporta dificultades hídricas.
En términos absolutos, México tiene una disponibilidad anual media de 471.000 metros cúbicos, según el Atlas 2013 de Conagua, sumando las aguas superficiales y subterráneas y la importación de agua desde el vecino Estados Unidos por tratados bilaterales.
Pero casi 14 millones de personas carecen del recurso en sus viviendas. Los estados con mayor población sin acceso al agua en sus hogares son el sudoriental Veracruz con 1,8 millones de personas, el suroccidental Guerrero y el central México, contiguo a la capital mexicana, ambos con 1,3 millones de personas.
Además, en el país existen 34 millones de personas que dependen de acuíferos en proceso de agotamiento para aprovisionarse del recurso.
El PNH reconoce que los grupos étnicos minoritarios y las mujeres, principalmente del medio rural y las zonas periurbanas, son quienes más padecen la carencia de agua potable y saneamiento.
Claudia Campero, representante para América Latina del no gubernamental y canadiense Proyecto Planeta Azul , dijo a IPS que la reforma constitucional «es la oportunidad de cambiar de paradigma, queremos una visión sustentable del agua».
México debió modificar antes de febrero de 2013 la Ley General de Aguas de 1992 para adaptarla a la reforma constitucional de 2012, pero ello no ha sucedido todavía.
En tanto, la disputa por el recurso entre usuarios, comunidades y organizaciones y el gobierno y los intereses privados se ha agudizado por dos iniciativas de ley que se contraponen.
El 9 de febrero una coalición de organizaciones y académicos presentó su propuesta ciudadana de Ley General de Aguas, que garantiza el líquido para el consumo humano, las actividades económicas, la retroalimentación de los sistemas, el manejo local a nivel de cuenca y la creación de un fondo especial.
Antes, en marzo de 2014, la Conagua envió al Congreso legislativo un proyecto de ley, pero su texto recibió un masivo repudio, lo que llevó a los parlamentarios a sacar el texto de su agenda el 9 de este mes.
Privatización de facto
Organizaciones y académicos vetaron la iniciativa por considerar que privatiza el servicio, le otorga un cariz mercantil al recurso, prohíbe la investigación sobre su calidad y contaminación, favorece el transvase de ríos y la construcción de obras como represas.
«Se corre el riesgo de aumentar la desigualdad. Necesitamos una gestión integral del agua», planteó Arellano.
La privatización de hecho del servicio ha avanzado lentamente en México por diferentes caminos.
En la ciudad de Saltillo, al norte de Ciudad de México, y Aguascalientes, en el centro del país, la administración del recurso está en manos particulares. En la capital mexicana operan cuatro concesiones privadas para la medición y cobro del servicio.
Además, empresas de cerveza, lácteos, embotelladoras de agua, fabricantes de aguas gaseosas, mineras y hasta fondos de inversión han obtenido concesiones de fuentes hídricas, como lo atestiguan investigaciones de varios académicos.
La red Agua para Todos, compuesta por más de 400 investigadores y 30 organizaciones no gubernamentales, ha creado un mapa de conflictos hídricos por deforestación, sobreexplotación, contaminación y otras causales.
En 2013, el volumen entregado en concesión para la extracción con fines agrícolas e industriales rebasó los 82.000 millones de metros cúbicos, de los cuales casi 51.000 millones son fuentes superficiales y 31.000 millones de acuíferos.
«Hay falta de transparencia de empresas que se han beneficiado de la privatización. No es necesario llegar 20 años después para ver sus efectos», recalcó Campero.
México es un país altamente vulnerable al cambio climático con variaciones de temperatura y precipitación fluvial, por lo cual se vaticina que en 2030 puede padecer efectos sobre la disponibilidad de agua superficial y subterránea.
En 15 años más, se estima que la demanda supere 91.000 millones de metros cúbicos y la oferta sea de 68.000 millones, en brecha para la cual aún no se visualizan soluciones innovadoras.
«Queremos agua, no es justo que el Estado nos niegue su acceso», demanda ahora Romero desde el barrio capitalino de Azcapotzalco.
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
