Privacy International, Amnistía Internacional, la FIDH, la Liga de los Derechos Humanos y Reporteros sin Fronteras (RSF) han suscrito un comunicado en el que expresan «profunda preocupación» por un aumento de los poderes de las agencias de inteligencia en Francia para vigilar a los ciudadanos, según dispone un proyecto de ley enviado al Parlamento francés el pasado 20 de marzo 2015.
La nueva ley establece que a las agencias de inteligencia francesas se les permitirá «hackear» ordenadores y otros dispositivos, y pueden espiar las comunicaciones de cualquier persona que haya estado en contacto, aunque sea accidentalmente, con una persona sospechosa. El proyecto de ley también establece que las agencias de inteligencia pueden hacer estas operaciones sin necesidad de obtener autorización judicial.
Las organizaciones firmantes expresan su «más profunda preocupación» con respecto a este proyecto de ley que «propone instalar la tecnología de vigilancia directamente de los proveedores de servicios de Internet y empresas de telecomunicaciones para analizar todas las actividades de Internet a través de algoritmos desarrollados por el gobierno», porque «supondría la introducción de sistemas de vigilancia de masas contrarios al respeto de la privacidad de los usuarios de Internet», y porque estos sistemas «podrían socavar la libertad de expresión y dar lugar a graves abusos».
Este proyecto de ley da poderes sin precedentes al Primer Ministro, que tendría la potestad de autorizar cualquier forma de actividad de seguimiento, sin autorización de cualquier tribunal, ya que, aunque el proyecto de ley prevé la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia de Control Técnico, las recomendaciones de esta comisión no serían vinculantes ni para el primer ministro ni sus delegados.
Agregan que el proyecto de ley también aumenta el riesgo de vigilancia masiva sobre las personas que trabajan en temas sensibles que dependen de fuentes confidenciales, entre ellos periodistas y organizaciones de derechos humanos.
Las organizaciones piden a los diputados en el Parlamento estudiar el proyecto de ley en detalle para asegurar que esta ley francesa esté en consonancia con las normas internacionales sobre derechos humanos.
