Lo cierto es que la deuda pública española está en una senda explosiva. Con las perspectivas actuales, las cuentas públicas son insostenibles en el largo plazo. Eso lo saben los inversores internacionales (o los mercados, si se prefiere), Bruselas y el Gobierno. De hecho, el principal objetivo de la política económica, según ha sido anunciado en repetidas ocasiones por los responsables económicos del Gobierno, es reducir el déficit público para disipar cualquier duda sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. El Gobierno cree que esta es la mejor forma de generar confianza y, en segundo término, favorecer el crecimiento. Pero está equivocado. Y es una cuestión de aritmética, no de convicciones, escriben los doctores en Economía Jorge Blázquez y José María Martin Moreno, miembros de Economistas Frente a la Crisis.
En el año 2012 el Gobierno hizo un considerable esfuerzo para reducir el déficit público. El déficit público en 2011 fue el 9,4% del PIB, siendo la carga de intereses el 2,4% y el resto, llamado déficit primario, el 7,7% del PIB. Esta es la “herencia” que recibió el Presidente Rajoy. En 2012 el déficit se situó en el 10,6% del PIB. Se podría deducir el coste del rescate bancario que ascendió al 3,7% de PIB y que, según dicen, no se volverá a producir. Una vez descontado este efecto, el déficit se situó en el 6,9% del PIB. De este importe, se pagó el 2,9% del PIB en concepto de intereses y el déficit primario fue de 4,0%. Por lo tanto, el verdadero ajuste fue pasar de un déficit primario de 7,7% del PIB a otro de 4,0%, lo que equivale a unos 39.000 millones de euros de reducción. No está nada mal.
Sin embargo, este ajuste no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. De hecho, estamos muy lejos del “recorte necesario”. Con las previsiones actuales, se necesitarán más recortes. Para determinar la magnitud del ajuste que le queda pendiente al Gobierno, y dado el nivel de deuda pública actual (84,2% PIB), hay que hacer algunas suposiciones sobre nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo, inflación (deflactor del PIB, para ser más precisos) y spread o prima de riesgo sobre la deuda alemana. Pues bien, si asumimos que nuestra economía puede crecer alrededor del 1,5% en el largo plazo, que la inflación (o el deflactor) se moverá sobre el 1,5% y que, una vez superada la crisis, tendremos una prima de riesgo sobre el bono alemán de 150 puntos básicos, el déficit total al que hay que llegar es el 2,5% de PIB. Este es el déficit que garantiza la sostenibilidad deuda pública (cifra que se parece mucho al 2,7% presentado por el Gobierno como objetivo para 2016).
En principio y dado que el déficit, una vez excluido el coste del rescate bancario, ha sido el 6,9% del PIB, habría que recortar 4,4 puntos de PIB para llegar a esa cifra mágica. Pero en realidad los cálculos no son tan directos. La subida de la prima de riego y el aumento de la deuda pública, lleva aparejada un aumento de los intereses. Y con el escenario planteado, España terminará pagando el 3,8% del PIB en concepto de carga de intereses. Pues bien, con estas condiciones el Estado tiene que recortar del déficit, excluyendo el pago de los intereses de la deuda, en 5,3 puntos de PIB En resumen, el ajuste pendiente que le queda al Gobierno de Rajoy es de unos 56.000 millones de euros.
Nos resulta muy difícil de creer que los próximos 2 ó 3 años se podrá recortar el déficit primario en dicha cantidad, que es 1,5 veces lo hecho en 2012. A menos que las condiciones económicas cambien radicalmente.
Sin embargo, los recortes no son la única forma de garantizar la sostenibilidad de la deuda. Y es aquí donde hay espacio para otra política económica. La política fiscal europea focalizada en recortes de gasto y aumento de impuestos simultáneamente, es un error. La política monetaria del BCE focalizada sólo en la inflación y no en el crecimiento, es un error. Sometidos a una política fiscal y monetaria muy restrictivas es imposible crecer.
La crisis de la economía europea no se debe sólo a la falta de crecimiento real, sino también a la falta de crecimiento nominal. Así y en 2012, el PIB nominal de España se ha reducido por primera vez en nuestra historia. De hecho y en el caso de Estados Unidos y el Reino Unido que tienen problemas de déficit y deuda similares al nuestro, los mercados no ponen en duda la sostenibilidad de sus cuentas públicas. Por supuesto, en ambos países el Banco Central acudiría al recate del Estado en caso de ser necesario. Pero es que, además y desde el año 2008 en que comenzó la crisis, el deflactor del PIB en el Reino Unido creció un 8,1%; en Estados Unidos, un 6,3%; y en España, un raquítico 1,7%. Y es que ganar competitividad con deflación, que es la receta de Bruselas, del Banco Central Europeo y del Gobierno de España, implica morir envenenados con la deuda. En este contexto, merece la pena señalar que el déficit actual, del 6,9% del PIB, sería perfectamente sostenible si en España la inflación estuviera en el 7% incluso en recesión. No haría falta hacer ni un solo recorte más. Puede parecer magia, pero la aritmética de la deuda pública es clara.
Se trata de crecer más, no de recortar más. La solución a la crisis pasa por una política que combine una política fiscal orientadas a favorecer el crecimiento, junto con una política monetaria más expansiva y que asegure la financiación a los Estados, y no solo a los bancos.
Lo sorprendente es que necesitamos recortar el déficit porque estamos ajustando el déficit. Es un círculo vicioso. A menor crecimiento, menos déficit te puedes permitir. A modo de ejemplo, supongamos que el Gobierno lleva a cabo políticas e inversiones que, aunque tengan coste, aceleran el crecimiento y España es capaz de crecer 1,5 puntos más en largo plazo. Supongamos también que salimos de la política de “ganancia de competitividad vía deflación” y que los precios crecen en torno al 3% y, además, que el Estado se puede financiar pagando un interés del 3%. En esas condiciones la deuda actual es perfectamente sostenible con un déficit en torno al 5% de PIB.
La política actual simplemente es inviable. El ajuste fiscal pendiente es excesivo para una economía en recesión y con los precios internos estancados. En este contexto, la deuda publica es explosiva y los mercados se pondrán nerviosos más tarde o temprano. Es urgente otra política económica que involucre al BCE y donde el crecimiento económico sea una prioridad.
