La agencia de noticias Anatolia ha informado de que más de 130 medios de comunicación han sido clausurados en Turquía siguiendo órdenes gubernativas, entre ellos tres agencias de noticias, 16 cadenas de televisión, 23 emisoras de radio y 45 diarios, medida que se ha completado con la retirada de licencias profesionales a centenares de periodistas por supuestos vínculos con la red del clérigo Fetula Gülen.
Un tribunal de Estambul ha dictado hasta ahora orden de prisión contra 17 periodistas imputados por pertenencia a una «organización terrorista», como identifican al movimiento liderado por Fetulá Gulen, a pesar de que el clérigo turco ha declarado desde su exilio en Estados Unidos que no ha inducido el pronunciamiento militar.
Líderes de la oposición al presidente Erdogan han señalado que los intentos de amordazar a los medios críticos son anteriores a la asonada militar y recuerdan que, en 2015, el Gobierno ya intervenino el diario «Zaman», el de mayor tirada en Turquía, que ahora ha sido cerrado.
Los sucesos del 15 de julio están siendo ahora utilizados por Erdogan para declarar el estado de emergencia y suspender el Convenio Europeo de Derechos Humanos por razones de seguridad al considerar posible que se produzca un nuevo golpe de estado.
Las purgas que se están produciendo en diversas instituciones en Turquía, con la utilización de listas de personas que estaban ya preparadas, ha motivado declaraciones públicas de la Comisión Europea, que han rechazado la posibilidad de que pueda imponerse de nuevo la pena de muerte y han instado a Erdogán a respetar el orden democrático.
Además de en los medios de comunicación, la depuración ha alcanzado ya a 2400 militares, entre ellos 149 generales o almirantes, y a más de 50 000 trabajadores del sector público, que han sido suspendidos en sus trabajos.
