Tras aplicar durante sesenta años una moratoria de la pena de muerte, que data de 1954, el gobierno de las Islas Maldivas –pequeña república del Océano Índico- tiene intención de reanudar las ejecuciones de personas condenadas a la pena capital, según una información de la Agencia Reuters, reproducida en la mayoría de los grandes medios internacionales que cita a un consejero del presidente de las islas, Abdulla Yameen.
A pesar de los continuos llamamientos de organismos y organizaciones humanitarias internacionales, el gobierno maldivo piensa ahora que es la única manera de frenar el aumento de homicidios y tráfico de droga en el país y para ello piensa construir una celda especial, cerca de la principal cárcel del archipiélago, situada en la isla de Maafushi y, si nadie lo remedia, las primeras ejecuciones serán las de tres hombres cuya sentencia de muerte confirmó el Tribunal Supremo en 2016, que ya no tienen derecho ni a más recursos ni a solicitar un indulto.
Según la publicación digital Sputnik, en el caso de Hussain Humaam Ahmed, uno de los tres condenados, el tribunal se ha basado en la «confesión” de asesinato del acusado en 2012, una confesión que le fue “arrancada” –según sus propias palabras ante el tribunal- cuando se encontraba en detención provisional.
Para Amnistía Internacional «Maldivas debe renunciar inmediatamente a todas las ejecuciones previstas y volver a instaurar una moratoria oficial de la pena de muerte, como primer paso para llegar a la abolición. Hasta ahora, el país era un líder envidiable en la región al excluir el castigo cruel e irreversible, mientras otros países lo mantienen».
“El reverso de la tarjeta postal paradisíaca –escribía en 2016 Franz Vaillant en la página web del canal TV5 Monde- son detenciones arbitrarias, violaciones y la pena de muerte extendida a los niños a partir de 7 años” culpables de violación o de consumo de alcohol; la sentencia se ejecutará cuando el menor cumpla 18 años.
Un millón de turistas al año (de los que el 44% son europeos) cumplen cada año el sueño de bañarse en las aguas transparentes turquesas de un archipiélago que cuenta con 1199 islas, 22 atolones y 350.000 habitantes. En ellas, el Islam es la religión del Estado y se aplica estrictamente la charia.
Siempre según la información de TV5 Monde, actualizada en febrero de 2017, decenas de miles de inmigrantes, empleados en los hoteles de lujo, sufren continuamente humillaciones, toda la literatura que se publica en el país tiene que pasar la censura islámica, a las mujeres adúlteras se las lapida en público, la flagelación es un castigo “normal” para toda clase de delitos y lo normal son los matrimonios precoces, a veces con “novias” de nueve años. Según un informe de Unicef de 2009, una de cada tres mujeres de entre 15 y 50 años ha sido víctima de violencia sexual o de violación. En 2013, una adolescente que había sido violada fue condenada a 100 latigazos y ocho meses de arresto domiciliario.
En noviembre de 2016, la eurodiputada francesa Michèle Rivasi presentaba, sin ningún éxito, una resolución en el Parlamento comunitario para pedir a las agencias de viajes que retiren a las Islas Maldivas de sus catálogos.
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