Amnistía Internacional ha hecho público este 12 de diciembre de 2017 un nuevo informe sobre Libia y la responsabilidad de algunos países europeos, especialmente de Italia, en acuerdos que permiten que las personas refugiadas sufran abusos y explotación que van desde la tortura y los malos tratos hasta los trabajos forzados, la extorsión e incluso los homicidios ilegítimos.
En lo que va de 2017, un total de 19 452 personas han sido interceptadas por la Guardia Costera, llevadas de vuelta a Libia y conducidas de inmediato a centros de detención donde impera la tortura.
En Amnistía sostienen que los gobiernos europeos están siendo cómplices, a sabiendas, en la tortura y los abusos cometidos contra decenas de miles de personas refugiadas y migrantes detenidas en condiciones atroces por las autoridades de inmigración libias, en un informe publicado hoy, tras la indignación mundial desatada por la venta de migrantes en Libia[1].
El informe, titulado Libya’s dark web of collusion, expone con detalle la manera en que los gobiernos europeos apoyan activamente el sofisticado sistema de abusos y explotación de personas refugiadas y migrantes utilizado por la Guardia Costera libia, las autoridades encargadas de la detención y los traficantes de personas para impedir que la gente cruce el Mediterráneo.
“Cientos de miles de personas refugiadas y migrantes atrapadas en Libia están a merced de las autoridades libias, las milicias, los grupos armados y los traficantes de personas que a menudo trabajan en estrecha colaboración para obtener beneficios económicos. Decenas de miles de personas permanecen recluidas indefinidamente en centros de detención llenos a rebosar donde sufren abusos sistemáticos”, ha manifestado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.
Y agrega que “los gobiernos europeos no sólo son plenamente conscientes de estos abusos; además, al apoyar activamente a las autoridades libias para que detengan las travesías por mar y retengan a la gente en Libia, son cómplices de estos delitos.”
Una política de retención
Desde finales de 2016, algunos Estados miembros de la UE —especialmente Italia— han puesto en práctica una serie de medidas destinadas a cerrar la ruta migratoria a través de Libia y del Mediterráneo central, sin importarles apenas las consecuencias para las personas atrapadas dentro de las fronteras libias, donde no existe la ley. La cooperación de estos Estados con los agentes libios ha tenido un triple enfoque.
En primer lugar, se han comprometido a proporcionar apoyo y asistencia técnicos al Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal libio, que gestiona los centros de detención en los que las personas refugiadas y migrantes son detenidas de forma arbitraria e indefinida y sufren habitualmente graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura.
En segundo lugar, han posibilitado que la Guardia Costera libia intercepte a personas en el mar, proporcionándole formación, material (incluidos barcos) y asistencia técnica y de otro tipo.
En tercer lugar, han alcanzado acuerdos con las autoridades locales libias y los líderes de tribus y grupos armados para animarlos a detener el tráfico de personas e incrementar los controles fronterizos en el sur del país.
Detención, extorsión y explotación de migrantes
La penalización, establecida en la legislación libia, de la entrada irregular en Libia, unida a la ausencia de toda legislación o infraestructura práctica para la protección de las personas solicitantes de asilo y víctimas de tráfico de seres humanos, ha provocado que la detención masiva, arbitraria e indefinida se convierta en el principal sistema de gestión de la migración en el país.
Las personas refugiadas y migrantes interceptadas por la Guardia Costera libia son enviadas a centros de detención del Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal, donde soportan tratos espantosos. En la actualidad, hasta 20 000 personas permanecen retenidas en estos insalubres centros, llenos por encima de su capacidad. Las personas migrantes y refugiadas entrevistadas por Amnistía Internacional describieron los abusos que habían sufrido o habían presenciado, que incluían detención arbitraria, tortura, trabajos forzados, extorsión y homicidios ilegítimos, a manos tanto de las autoridades como de los traficantes, los grupos armados y las milicias.
Decenas de personas migrantes y refugiadas entrevistadas describieron el desmoralizador círculo de explotación al que las condena la connivencia entre guardias, traficantes y la Guardia Costera libia. Los guardias de los centros de detención las torturan para obtener de ellas dinero mediante extorsión. Si pueden pagar, son puestas en libertad. También pueden ser entregadas a traficantes de seres humanos que pueden organizar su salida de Libia en cooperación con la Guardia Costera. Los acuerdos entre la Guardia Costera y los traficantes se señalan mediante marcas en las embarcaciones para que éstas puedan cruzar las aguas libias sin que las intercepten, y también se ha sabido que la Guardia Costera ha escoltado embarcaciones hasta aguas internacionales.
Aunque no está claro cuántos miembros de la Guardia Costera libia colaboran con los traficantes, sí lo está que, durante 2016 y 2017, el aumento de la capacidad de la Guardia Costera, logrado con el apoyo de los Estados miembros de la UE, ha dado lugar a un número cada vez mayor de operaciones en las que se devuelve a personas migrantes a Libia. En lo que va de 2017, un total de 19 452 personas han sido interceptadas por la Guardia Costera libia, llevadas de vuelta a Libia y conducidas de inmediato a centros de detención donde impera la tortura.
Un hombre procedente de Gambia que estuvo detenido durante tres meses contó a Amnistía Internacional que le habían hecho pasar hambre y lo habían golpeado en un centro de detención. “Me golpean con una manguera, porque quieren dinero a cambio de ponerme en libertad. Llaman a tu familia mientras te golpean, para que la familia envíe dinero.” Cuando su familia pagó el rescate, fue trasladado a Trípoli; el encargado de llevarlo era un chófer asignado que exigió un pago adicional. “Tenía que quedarme con él hasta que le pagara su dinero, y si no me vendería”.
“Una manera inmediata de mejorar la suerte que corren las personas refugiadas y solicitantes de asilo en los centros del Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal sería que las autoridades libias reconocieran formalmente el mandato del ACNUR, firmaran la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y adoptaran una ley de asilo. También debe ponerse fin a la detención automática de migrantes, ya que es durante la detención cuando se producen los peores abusos”, ha manifestado John Dalhuisen.
La Guardia Costera libia intimida a las ONG
Se sabe que los agentes de la Guardia Costera libia actúan en connivencia con redes de tráfico de seres humanos y han utilizado amenazas y violencia contra personas refugiadas y migrantes a bordo de embarcaciones en peligro.
Las grabaciones de vídeo, las fotografías y los documentos examinados por Amnistía Internacional señalan que la Ras Jadir, una embarcación donada por Italia en abril de 2017, fue utilizada por la Guardia Costera libia durante un incidente espantoso el 6 de noviembre de 2017, en el que las imprudentes acciones de los guardacostas contribuyeron a que se ahogaran hasta 50 personas.
Haciendo caso omiso de los protocolos básicos de seguridad, la Ras Jadir se acercó a una barca hinchable que se hundía a unas 30 millas náuticas de la costa de Libia. Como no desplegó su bote inflable rígido (conocido como RHIB, por sus siglas en inglés) para facilitar el rescate, las personas migrantes se vieron obligadas a trepar por los altos costados de la embarcación, y muchas cayeron al agua.
Una nave de una ONG que se encontraba en las cercanías, la Sea-Watch 3, desplegó sus propios RHIB para tratar de salvar a gente, pero las grabaciones de vídeo muestran a los tripulantes de la Ras Jadir arrojando objetos a esos RHIB para hacer que se alejaran. También muestran a migrantes a bordo de la Ras Jadir a quienes están flagelando con una cuerda, y a otros tratando de saltar al agua y llegar hasta los RHIB.
Aunque ya se habían documentado anteriormente acciones imprudentes y peligrosas de la Guardia Costera libia, esta parece ser la primera vez que se ha demostrado que una embarcación proporcionada por un gobierno europeo se ha utilizado en un incidente de este tipo.
“Al ayudar a las autoridades libias a atrapar a personas en Libia, sin exigir a dichas autoridades que aborden los abusos endémicos contra personas refugiadas y migrantes, o sin reconocer siquiera la existencia de esas personas, los gobiernos europeos han demostrado cuál es su auténtica prioridad: cerrar la ruta del Mediterráneo central, con total desprecio por el sufrimiento causado”, ha manifestado John Dalhuisen.
“Los gobiernos europeos deben replantearse su cooperación con Libia sobre migración y deben permitir que la gente llegue a Europa por vías legales; eso incluye el reasentamiento de decenas de miles de personas refugiadas. Los gobiernos deben insistir en que las autoridades libias pongan fin a la política y la práctica de la detención y reclusión arbitrarias de personas refugiadas y migrantes, liberando de inmediato a todas las personas de ciudadanía extranjera recluidas en los centros de detención y permitiendo que el ACNUR actúe sin trabas”, añade.
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