El autoritario gobierno turco del presidente Recep Tayyip Erdogan ha retirado 140. 000 libros (139 141, para ser exactos) de las bibliotecas del país, según informa el digital francés ActuaLitté, citando fuentes de la radio pública alemana Deutsche Welle. Desde el fallido golpe de estado del 15 de julio de 2016, el gobierno interviene en todos los resquicios de la sociedad civil.
Según el ministro turco de Cultura, Numan Kurtulmus, desde junio del año pasado se han retirado «con carácter de urgencia las publicaciones sobre el movimiento Gülen (del nombre del opositor Fethullah Güllen, teólogo jubilado de 76 años que vive exiliado en Estados Unidos desde 1999), así como las de las cerca de treinta editoriales cerradas por decreto gubernamental», en las 1142 bibliotecas que dependen del Gobierno. Según ActuaLitté, entre los libros que han pasado a formar parte del Indice se encuentran las obras de Spinoza, Althusser, Nazim Hikmet o Albert Camus, por considerar que apoyaron en su día a organizaciones terroristas (¿). Los libros retirados han sido destruidos según fuentes oficiales.
“La paranoia del régimen turco ha llegado al paroxismo –escribe el digital- Como prueba, el gobierno ha destruido un manual de matemáticas que mencionaba un “punto F” y un “punto G”, considerando que se trataba de referencias del imán Fethullah Gülen, acusado de estar detrás del asesinato del embajador ruso Andrej Karlov, ocurrido en diciembre de 2016 en Ankara.
La censura de libros es un paso en el régimen de purgas instaurado por Erdogan. Tras perseguir y detener a funcionarios, profesores, juristas y periodistas (Turquía es la mayor cárcel del mundo para los profesionales de los medios de comunicación según Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de prensa), después de hacer que las compañías nacionales de teatro retiren de su repertorio todos los autores extranjeros (Shakespeare, Brecht o Chejov, entre otros, están prohibidos) ahora el régimen turco ha emprendido la represión de la cultura en su sentido más amplio, censurando las bibliotecas públicas. En el país se estima en 50 000 presos políticos y más de 100 000 personas suspendidas o despedidas de sus trabajos.
