Amnistía Internacional ha hecho público un informe titulado “I$la del tesoro” en el que denuncia cómo la multinacional española Ferrovial y su filial australiana Broadspectrum son cómplices del sistema de tramitación de refugiados, cruel y secreto, en las islas de Nauru y Manus del Pacífico, y obtienen enormes beneficios de él.
“El gobierno australiano ha creado en Nauru una isla de desesperación para las personas refugiadas y solicitantes de asilo que, sin embargo, es una isla de lucro para empresas que ganan millones de dólares con un sistema tan intrínsecamente cruel y abusivo que constituye tortura”, ha afirmado Lucy Graham, investigadora sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
“Al permitir a sabiendas la continuación de este sistema, concebido expresamente para causar sufrimiento y disuadir a las personas de viajar a Australia en barco en busca de asilo, Broadspectrum y Ferrovial son inequívocamente cómplices de estos abusos”, sostiene AI.
Dado que el contrato de 2500 millones de dólares australianos de Broadspectrum con el gobierno australiano finaliza en octubre, Amnistía Internacional advierte a otras empresas de que no intenten lucrarse con la tortura.
“Cualquier empresa que esté considerando la posibilidad de tomar este tóxico relevo será cómplice de un sistema deliberadamente abusivo, en contravención directa de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, y podrá incurrir en responsabilidad penal y civil”, ha dicho Lucy Graham, quien sostiene que “el régimen de crueldad del Centro de Tramitación de Refugiados de Nauru deja una mancha en su reputación y supone un peso en su conciencia que ninguna empresa responsable querría para sí”.
Los refugiados tienen prohibido hablar con periodistas en Nauru, por lo que este individuo tenía que ser entrevistado en secreto en una mina de fosfato abandonada. Se bromeó oscuramente en Nauru que los refugiados son la nueva fosfato, es decir, la industria es crucial para la supervivencia económica del país. © Rémi Chauvin
La crueldad: un negocio lucrativo
Desde 2012, Australia opera sistemas de “tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional” deliberadamente severos en la isla del Pacífico de Nauru y en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea). Las personas refugiadas y solicitantes de asilo son aisladas en lugares remotos y sometidas a condiciones crueles, a veces durante años, sólo por haber buscado seguridad en las costas australianas.
En un informe de octubre de 2016, Island of Despair: Australia’s ‘processing’ of refugees on Nauru, Amnistía Internacional concluyó que el gobierno australiano violaba de forma deliberada y sistemática los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru y que las condiciones en la isla eran tan deliberadamente crueles y abusivas que constituían tortura.
Y ahora se sabe que la crueldad y los abusos son un negocio lucrativo.
Los Centros de Tramitación de Refugiados (RPC) de Nauru y la isla de Manus están gestionados por Broadspectrum, empresa que adquirió Ferrovial en abril de 2016.
En el informe de Amnistía Internacional se detalla que la parte de la actividad de Broadspectrum dedicada a sus operaciones en Nauru y la isla de Manus aportó a Ferrovial 1646 millones de dólares australianos en el ejercicio de 2016; un asombroso 45 % del total de los ingresos de explotación de la empresa.
A su vez, Ferrovial se ha embolsado 1400 millones de euros de ingresos procedentes de Broadspectrum desde que adquirió esta empresa. Una parte sustancial de esta suma proviene de las operaciones en Nauru y la isla de Manus.
“Ferrovial y Broadspectrum no sólo cierran los ojos ante las violaciones de derechos humanos que perpetra el gobierno australiano, sino que son ellas mismas quienes propician los abusos”, ha declarado Lucy Graham.
“Es un arreglo aséptico, a sangre fría, en el que las autoridades australianas establecen el modelo de crueldad y las empresas hacen el trabajo sucio. Teniendo en cuenta los extraordinarios beneficios de la oferta, consideramos que está claro que lo que mueve a estas empresas es la pura codicia.”
El valor total del contrato del gobierno australiano con Broadspectrum es de 2500 millones de dólares australianos (1900 millones de dólares estadounidenses) durante tres años y medio.
A la vista del contexto de los demás segmentos de negocio de Broadspectrum, es patente lo lucrativo que es este contrato.
El margen de beneficio de los segmentos de negocio Defensa, Social e Inmobiliario de Broadspectrum —que incluye sus operaciones en Nauru y la isla de Manus— fue del 17,8 % en el ejercicio de 2016, muy superior al del resto de sus segmentos, como Infraestructura (2,8 %) y Recursos e Industrial (1,6 %).
Al mismo tiempo, los ingresos de Ferrovial en el segmento Servicios —correspondiente a Nauru y la isla de Manus— aumentaron en 2016 un 24,1 % gracias a la adquisición de Broadspectrum.
Una existencia infame en Nauru
Mientras Ferrovial y Broadspectrum obtienen enormes beneficios, las personas atrapadas en Nauru soportan una existencia inconcebiblemente infame, con pocas esperanzas de alivio.
No sólo se les ha negado entrar en Australia, sino que no tienen ni idea de cuándo las autoridades de Australia y Nauru les permitirán salir, si es que se lo permiten, a pesar del acuerdo con Estados Unidos sobre reasentamiento anunciado recientemente. Ni siquiera las personas refugiadas a las que se ha reconocido tal condición pueden salir de la isla.
Las personas refugiadas y solicitantes de asilo del RPC de Nauru han sufrido agresiones físicas y sexuales a manos de algunos miembros del personal, ninguno de los cuales ha rendido cuentas debidamente de sus actos.
El informe incluye el demoledor caso de “Yasmin”, de Irán. Su esposo, “Amir”, contó a Amnistía Internacional en julio de 2016 que la salud mental de Yasmin empezó a deteriorarse durante el tiempo que estuvo en el RPC de Nauru, hasta el punto de que intentó suicidarse en varias ocasiones.
Broadspectrum no sólo conoce las condiciones en que viven las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru; en algunos casos, su personal y sus subcontratistas son directamente responsables del abandono y los abusos.
Las denuncias de abusos contra Broadspectrum, su subcontratista Wilson Security y otros miembros del personal del RPC incluyen (a 30 de abril de 2015) 30 denuncias formales de maltrato infantil, 15 de agresión sexual o violación y cuatro relativas al intercambio de favores sexuales por contrabando.
“Esta es la cara más fea de un negocio. Ferrovial compró Broadspectrum con pleno conocimiento del alcance de los abusos contra los derechos humanos en Nauru y del nivel de beneficios que Broadspectrum obtiene como consecuencia de este inmenso sufrimiento”, ha dicho Lucy Graham.
La opresiva cultura de secreto sustenta los abusos
Las autoridades australianas han declarado con orgullo que su intención es que las personas detenidas en Nauru y la isla de Manus sufran para disuadir a otros posibles solicitantes de asilo de tratar de entrar en el país de forma irregular.
Pese a la aparente sinceridad sobre la cuestión, nadie está dispuesto a asumir la responsabilidad de la gestión del RPC de Nauru.
Broadspectrum dijo a Amnistía Internacional que “no gestiona el Centro de Tramitación de Refugiados”, afirmación que repitió Ferrovial. A su vez, el gobierno australiano dice que el Centro está gestionado por el gobierno de Nauru, que por su parte ha insinuado que no es responsabilidad suya.
En cambio, la investigación de Amnistía Internacional muestra que Broadspectrum lleva la gestión diaria del RPC y tiene el control efectivo de la vida cotidiana de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en el RPC, y que lo hace en nombre del gobierno australiano y bajo la supervisión y control en última instancia de éste.
El gobierno australiano ha puesto también el máximo empeño en ocultar toda la magnitud de los abusos en Nauru, al considerar delito que los profesionales del ámbito de la atención social hablen de lo que allí ocurre y someter a los proveedores de servicios a cláusulas estrictas de confidencialidad.
Por su parte, Broadspectrum ha advertido a su personal, en un documento interno filtrado, que comunicar información sobre las operaciones en Nauru puede ser causa de despido. Este secreto se extiende a las condiciones de los contratos en cuya virtud Broadspectrum y Wilson Security prestan servicios en Nauru y la isla de Manus, y cuyas cláusulas no se conocen públicamente en su totalidad.
“El secreto que rodea los contratos permite que Broadspectrum y Ferrovial oculten los beneficios exactos que obtienen de los abusos, mientras las estrictas condiciones de confidencialidad impuestas por el gobierno australiano permiten a éste ocultar la magnitud de estos abusos”, ha afirmado Lucy Graham.
Ninguna empresa debería beneficiarse de abusos
El sistema de tramitación extraterritorial de Australia en Nauru no podría funcionar sin la participación de Broadspectrum. Ferrovial ha manifestado que no renovará el contrato a su vencimiento en octubre de 2017, por lo que se prevé que el gobierno australiano convoque en breve una licitación dirigida a nuevos proveedores de servicios. Amnistía Internacional les advierte de que no opten a este contrato.
“Ninguna empresa debería operar en Nauru o Manus, pues la situación actual es tan perniciosa que sería imposible que ninguna compañía lo hiciera sin contribuir a que se cometan violaciones graves de derechos humanos e incurrir en responsabilidad legal y en riesgos para la reputación”, ha apuntado Lucy Graham.
“Por tanto, nuestra obligación para con las víctimas de violaciones de derechos humanos en las islas es denunciar y dejar en evidencia a cualquier empresa que anteponga el beneficio a la decencia decidiendo implicarse en las operaciones abusivas de Australia.”
Amnistía Internacional pide al gobierno australiano que clausure el sistema de tramitación extraterritorial, traslade de inmediato a Australia a todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo que están en Nauru y la isla de Manus, y garantice que todas aquellas a las que se concede el estatuto de refugiado tienen derecho a establecerse en Australia.
También insta al gobierno australiano a que considere y acepte todas las ofertas de cooperación y ayuda internacional basadas en el respeto de los derechos, incluido el reasentamiento de personas refugiadas en terceros países siempre que éstas así lo deseen y estén en disposición de tomar al respecto una decisión completamente libre e informada.
La organización ha lanzado una campaña para pedir a Ferrovial que ponga fin a sus operaciones en Nauru y la isla de Manus lo antes posible. En el anexo al informe se incluye la respuesta íntegra de Broadspectrum y Ferrovial a nuestras conclusiones.
