Amnistía Internacional considera una «decisión judicial histórica» que el pasado 18 de septiembre la justicia argentina ordenara, a fines de su extradición, la detención de cuatro ciudadanos españoles sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad, como la tortura, durante el franquismo.
AI valora que la resolución de la jueza María Servini de Cubría (al frente del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº. 1 de Buenos Aires) esté basada en el principio de jurisdicción universal para investigar los presuntos actos de tortura.
Según este principio, todos los Estados están habilitados por igual para investigar los crímenes de derecho internacional, con independencia de dónde se hayan cometido dichos crímenes o de la nacionalidad de las víctimas o sus victimarios.
AI ha documentado extensamente y expresado de manera reiterada su preocupación por la ausencia de investigación de la justicia española de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Incluso, ha alertado de los numerosos obstáculos puestos por el Estado español para que esta causa avance, lo que podría parecer estar destinado a garantizar su impunidad. Algo que para la organización constituye un incumplimiento por parte de España de sus obligaciones de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en el caso de crímenes de derecho internacional.
“En la situación actual al Estado español le quedan dos opciones, extraditar o juzgar”, ha manifestado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
España se halla obligada bajo el derecho internacional a conceder la extradición a Argentina. El Tratado bilateral de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal obliga al Gobierno español a tramitar, una vez presentada, la petición de extradición por parte de la justicia argentina. Si, por alguno motivo de índole legal – que la organización no alcanza a prever – tal obligación no pudiera ser satisfecha, España estaría obligada a proceder con la investigación de tales crímenes ante sus propios tribunales de justicia.
En estos términos, Amnistía Internacional está recogiendo firmas, dirigidas al Ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón a través de www.actuaconamnistia.org recordándole que debe cooperar con la justicia argentina con prontitud en la detención, arresto y extradición de las personas presuntamente implicadas en esos crímenes de lesa humanidad.
Información de contexto
La jueza argentina continúa investigando la querella interpuesta por familiares de víctimas del franquismo en 2010 por crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977.
Con la sentencia, hecha pública el pasado 18 de septiembre, la jueza pide la orden de detención por su presunta implicación en casos de tortura de Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal (fallecido en 2009, según información aparecida en medios de comunicación), José Ignacio Giralte González y José Antonio González Pachecho, alias Billy El Niño, todos ellos vinculados a las fuerzas de seguridad durante el franquismo.
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