Familiares de personas desaparecidas en el Estado de Chihuahua, en el norte de México, han sufrido intimidación por parte de funcionarios, que les están presionando para que permitan que expertos forenses designados por el Gobierno examinen los restos humanos hallados en la zona. Si se llevan a cabo, estos exámenes imposibilitarán exámenes independientes posteriores, señala Amnistía Internacional.
Lo ha denunciado recientemente Fernando Romo, quien está buscando a ocho familiares que desaparecieron en 2011, tras haber sido detenidos por agentes de la policía local cerca de la ciudad de Cuauhtémoc. El 25 de marzo pasado se reunió con dos funcionarios del Estado, quienes le pidieron que firmara unos documentos que autorizarían al Gobierno a practicar exámenes forenses a los restos humanos hallados en tres lugares cerca de Cuauhtémoc. Estos exámenes serían efectuados por expertos forenses designados por el gobierno, pese al acuerdo alcanzado anteriormente entre los familiares y las autoridades respecto al nombramiento de un equipo de expertos acordado por las dos partes
En otra ocasión, un familiar de Fernando, Albino Cruz se reunió también con una agente del ministerio público para preguntar sobre los progresos en su caso. Cuando insistió en que parecía haber funcionarios de la policía local implicados en la desaparición de sus familiares, la agente del ministerio público le dijo: “te vamos a parar (poner de pie) enfrente de todos los policías para que digas quién fue”.
Según Amnistía Internacional (AI), a estas actuaciones hay que sumar una campaña de difamación contra decenas de familias, que “molestan” exigiendo que se lleven a cabo búsquedas efectivas e investigaciones inmediatas sobre la desaparición forzada y el secuestro de sus familiares en los últimos años.
¿Qué pasa en Cuauhtémoc?
La situación de desapariciones y secuestros ha sido especialmente grave en la ciudad de Cuauhtémoc. Según cifras oficiales, allí se contabilizan 374 personas de las que no se sabe el paradero, pero es posible que muchas familias, por miedo, no hayan denunciado sus casos.
La ciudad está cerca de peligrosas rutas de narcotráfico que conectan México y Estados Unidos. Amnistía Internacional destacó estos casos en su informe presentado en febrero pasado sobre desapariciones en México titulado Un trato de indolencia. El gobierno del Estado de Chihuahua rechazó las preocupaciones expuestas por AI.
Entre 2011 y 2014 se encontraron restos humanos en tres lugares diferentes cerca de la ciudad de Cuauhtémoc. Los familiares de las víctimas y quienes defienden sus derechos reclaman al Gobierno de Chihuahua que cumpla su acuerdo de 2014, según el cual deberían designar a un equipo de renombrados expertos forenses internacionales para examinar esos restos. Pero el ejecutivo ha reconocido que no cuenta con equipos internos especializados que lleven a cabo esos exámenes.
Por ello, se niegan a dar la autorización para que los restos pudieran ser examinados por los forenses “oficiales”, ya que pueden ocurrir dos cosas: que se cierren los casos adjudicando identidades que, como se ha comprobado muchas veces, no se corresponden con los cuerpos; y que, una vez manipulados los restos de forma indebida, quedarían inservibles para ser tratados por un equipo especializado.
