Para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre de 2014, millones de activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional en todo el mundo participan en la campaña anual «Actúa, cambia una vida».
En todos los rincones del mundo, activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional firmarán peticiones, escribirán cartas, organizarán actos y enviarán tuits para pedir, entre otras cosas, juicios justos y que mejoren las condiciones de reclusión de personas que están sufriendo abusos brutales contra los derechos humanos, como detención arbitraria o tortura.
Esta acción internacional se lanzó por primera vez en 2001 en Polonia. Desde entonces, diversas personas con nombre y apellido que han sido foco de la campaña han sido puestas en libertad, y otras han visto mejorar su situación. También la campaña ha conseguido que se inicien investigaciones sobre decenas de casos de encarcelamiento arbitrario e injusto, tortura y otros abusos contra los derechos humanos.
«Las autoridades pueden hacer caso omiso a una carta, a un correo aislado, pero no a millones. Campañas como ésta demuestran que la suma de miles de acciones individuales puede cambiar las cosas y mejorar la vida de las personas cuyos derechos humanos están en riesgo» ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
En España, el pasado 8 de diciembre los activistas salieron a la calle en al menos 60 ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Albacete, Jaén, Granada, Tenerife o Valencia, para trabajar tres casos con un común denominador: haber sufrido tortura y malos tratos durante su reclusión. En sus acciones pedirán:
- La liberación de Erkin Musaev, funcionario de Naciones Unidas en Uzbekistán, acusado de espionaje, y condenado a 20 años de prisión tras 3 juicios injustos en los que se admitieron como prueba confesiones conseguidas bajo tortura.
- La conmutación de la pena de muerte de Moses Akatugba, nigeriano detenido cuando tenía 16 años como sospechoso de un atraco a mano armada, algo que él afirma no haber cometido. Pasó tres meses bajo custodia policial y confesó tras haber sido brutalmente torturado. Ha sido condenado a muerte.
- La excarcelación de Chelsea Manning, una soldado estadounidense que se halla cumpliendo una condena de 35 años de prisión por haber filtrado material reservado del Gobierno al sitio web Wikileaks. Sus condiciones de reclusión han sido calificadas por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura como crueles e inhumanas.
Algunos logros de la campaña en 2013
El año pasado, activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional en todo el mundo emprendieron más de 2,3 millones de acciones individuales, que consiguieron que se pusiera en libertad a tres activistas en Camboya y Rusia, donde las autoridades recibieron decenas de miles de cartas y peticiones de todo el mundo.
Una de ellas fue Yorm Bopha, encarcelada en 2012 por protestar contra los desalojos forzosos que se llevaban a cabo en su comunidad en Camboya. Vladimir Akimenkov y Mikhail Kosenko también quedaron en libertad en 2013 y en 2014 tras la presión promovida por Amnistía Internacional. Habían sido acusados de participar en “disturbios masivos” por haberse manifestado pacíficamente en la plaza Bolotnaya de Moscú en mayo de 2012.
30 aniversario de la Convención contra la Tortura
Este año, el 10 de diciembre coincide con el 30 aniversario de la aprobación en Naciones Unidas de la Convención contra la Tortura. A pesar del avance innegable que supuso, Estados de todo el mundo todavía detienen y torturan a persona para obtener falsas confesiones, por supuestamente haber cometido un delito, o por sus opiniones.
«Lamentablemente, en este aniversario, Amnistía Internacional tiene que seguir denunciando cómo muchos Gobiernos han traicionado sus compromisos para acabar con la tortura. La tortura sigue viva, en algunos países de forma habitual y sistemática, y en otros en casos aislados», señaló Esteban Beltrán.
En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha denunciado torturas y otras formas de malos tratos en al menos 141 países. Desde 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, de los que Amnistía Internacional investiga a 142. En 2014, en al menos 79 de ellos siguen apareciendo casos de tortura. Otros 40 Estados miembros de la ONU no han adoptado la Convención, aunque la prohibición legal mundial de la tortura les obliga a hacerlo.
Amnistía Internacional pide a los Gobiernos que implanten mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura como exámenes médicos adecuados, el acceso rápido a los abogados, controles independientes de los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los presuntos autores y una reparación adecuada a las víctimas.
La tortura en España. Oportunidades perdidas en 2014
Desde que España ratificó en 1987 la Convención contra la Tortura, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo denuncias sobre casos de tortura y malos tratos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. “Las autoridades españolas siguen sin reconocer que se trata de un problema persistente y se niegan a considerar la tortura como crimen de derecho internacional. Mientras tanto, se siguen perdiendo oportunidades para que las víctimas de tortura sean protegidas” manifestó Esteban Beltrán.
Amnistía Internacional sigue denunciando la existencia del régimen de incomunicación para personas acusadas de “terrorismo”, lo que propicia este tipo de prácticas; malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en el contexto de manifestaciones; o las devoluciones o extradiciones de personas a sus países de origen sin tener en cuenta si pueden tener riesgo de sufrir malos tratos o tortura a su regreso. Esta situación podría agravarse con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que está a punto de aprobarse en el Parlamento y que puede legalizar las “expulsiones en caliente”.
Sólo en 2014, se ha perdido la oportunidad de controlar el uso de la tortura en España:
- En la última reforma del Código Penal, no se ha tipificado correctamente la tortura adecuando su definición a lo que marca la Convención, por ejemplo, incluyendo la violación sexual bajo custodia como forma de tortura.
- Los sucesivos Gobiernos no han establecido de manera suficiente las medidas y mecanismos necesarios para prevenir la tortura bajo custodia de los cuerpos y fuerzas de seguridad (como, por ejemplo, la introducción de videocámaras en todos los lugares donde las personas están detenidas), ni para investigarla de manera exhaustiva, independiente e imparcial cuando ocurre. Cuando las investigaciones llegan a producirse, no son a través de mencanismos independientes, y en muchos casos terminan en impunidad, al no poder identificarse a los responsables. Algo que se obstaculiza aún más en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
- El actual Proyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito tampoco menciona a las víctimas de delitos de tortura o malos tratos, no establece mecanismos de reparación para este tipo de víctimas, y no contempla ayudas públicas para su recuperación y rehabilitación.
