El joven iraní Saman Naseem fue condenado a muerte cuando era menor de 18 años, acusado de participar en actividades armadas contra el estado. Las últimas noticias recibidas por su familia aseguran que será ejecutado en la madrugada del 19 de febrero de 2015.
Con este motivo, Amnistía Internacional (AI) ha reactivado la campaña contra su condena que puso en marcha en 2014, dentro de una campaña más general por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, solicitando de nuevo firmas para enviar una petición, solicitando que se deje sin efecto la sentencia, al Presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Ruhani.
Según la información recogida por el equipo de investigadores de AI, las autoridades iraníes han prohibido al abogado de Saman Naseem que siga llevando el caso, y no han autorizado al joven a contratar otro letrado. Saman Naseem, que ahora tienen 21 años, procede de la minoría kurda de Irán. Fue condenado en abril de 2013 por un tribunal penal de Mahabad, en la provincia del Azerbayán occidental, por “enemistad con Dios y corrupción en la tierra”, a causa de su militancia en un grupo de la oposición armada kurda y sus supuesta implicación en acciones armadas contra el estado. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en diciembre de 2014.
El tribunal revolucionario de Mahabad le había condenado a muerte, una primera vez, en enero de 2012 , pero el Tribunal Supremo anuló la sentencia en agosto siguiente a causa de la minoría de edad del acusado cuando se produjeron los hechos que se le imputan, reenviándole a un tribunal de rango inferior. Según los documentos de que dispone el tribunal, en julio de 2011 el joven admitió haber disparado sobre los guardianes de la revolución; una declaración que negó en la primera audiencia, donde aseguró haber disparado al aire e ignorar el contenido de la confesión que la policía le obligó a firmar “con los ojos vendados”. Personas cercanas al detenido, y su anterior abogado, aseguran que ha sufrido tortura y malos tratos.
Según la versión revisada del código penal iraní, promulgado en mayo de 2013, la ejecución de menores delincuentes está autorizada cuando se trata de casos de “reparación” (qisas) o de infracciones sancionadas con dicha pena en el derecho islámico (hodoud). Sin embargo, el artículo 91 del código penal excluye la pena de muerte en ambos casos “si el menor no comprende la naturaleza de su delito, o sus consecuencias, o si existen dudas acerca del estado de sus facultades mentales”.
La ejecución de menores delincuentes –personas condenadas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años- está estrictamente prohibida por el Derecho Internacional, en los términos definidos en el artículo 6(5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 37 de la Convención de los derechos del niño, ambos ratificados por Irán.
Irán figura justo detrás de China en la lista de los países que llevan a cabo mayor número de ejecuciones. En 2013, las autoridades iraníes y algunos medios de comunicación controlados por las autoridades del estado reconocieron oficialmente 369 ejecuciones. “Sin embargo –asegura AI en su comunicado- fuentes fiables hablan de al menos e otras 335 en ese año, lo que eleva a 704 el total de personas ejecutadas. Según las informaciones conseguidas, al menos 11 tenían menos de 18 años en el momento de los hechos que se les imputaban. En septiembre de 2014, las autoridades y los medios autorizados por el estado reconocían 213 ejecuciones en lo que iba de año, pero las fuentes fiables indicaban que se habían producido al menos otras 294”.
