Desde el 16 de octubre de 2017, y para el período 2018-2020, España es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo es la principal instancia de diálogo y cooperación de sobre derechos humanos del sistema de Naciones Unidas.
“La presencia de España en este importante organismo internacional aumentará la influencia de España en Naciones Unidas” ha dicho en un comunicado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional (AI) en España al conocer la noticia: “A partir de ahora podrá participar en la elaboración de recomendaciones internacionales clave y tendrá una voz fuerte para exigir que se protejan los derechos humanos allí donde se violen. Es una oportunidad extraordinaria para hacer del mundo un lugar mejor”.
España compartirá asiento en el Consejo de Derechos Humanos, entre otros, con gobiernos de países donde las poblaciones sufren o han sufrido graves violaciones de derechos humanos como Arabia Saudí, China, Filipinas e Irak. El hecho de que gobiernos que menosprecian los derechos humanos ocupen, por turno rotatorio, un sillón en el Consejo es un motivo habitual de crítica por parte de voces contrastadas de demócratas internacionales. Intelectuales de la talla de un Noam Chomsky, como también lo hacía Nelson Mandela, cuestionan cada vez que se presenta la ocasión la existencia de un organismo en que los jueces son también parte, y en lugar de ser la solución son el problema que deberían denunciar y perseguir.
Sin embargo, la organización humanitaria advierte que para que sea creíble en la escena internacional y una esperanza para las víctimas de violaciones y abusos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que todavía tienen lugar en tantos lugares del mundo, España “debe mejorar su propia situación de derechos humanos. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos, España debe mantener los estándares más elevados en esa materia. Algo que en la actualidad no ocurre y que debe modificarse con prontitud, asumiendo un papel activo en la protección y promoción de los derechos humanos, tanto dentro como fuera del propio país”.
España tiene cuentas pendientes con el sistema de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas, incluido el Consejo de Derechos Humanos al que ahora pertenece, como lo demuestran las recientes recomendaciones del Examen Periódico Universal y otros mecanismos internacionales, desoídas constantemente.
Personas indocumentadas que quieren entrar en Melilla quedan atrapadas en las vallas fronterizas junto al campo de golf español. (C) José Palazón / Pro.De.In“Algunas de estas cuentas pendientes tienen que ver con las persistentes devoluciones en caliente a Marruecos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, que vulneran la legislación internacional, con la vigencia de la ley de seguridad ciudadana que afecta al derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica; el mantenimiento del régimen de incomunicación que propicia la tortura, la ausencia de garantías para el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la guerra civil y el franquismo; la falta de diligencia debida del Estado para proteger y reparar a las mujeres víctimas de violencia de género o los retrocesos que han limitado el derecho a la asistencia sanitaria especialmente para las personas migrantes en situación administrativa irregular que residen en España, tras la aprobación del Real Decreto de 2012 y que ha sido cuestionado, entre otros, por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en ese mismo año”, sostiene Amnistía.
