Amnistía Internacional ha anunciado hoy que ha presentado una demanda contra Reino Unido por sospechar que los servicios de inteligencia británicos han accedido ilegalmente a las comunicaciones de la organización.
En junio, gracias a las revelaciones del estadounidense Edward Snowden, se supo que Estados Unidos accedía habitualmente a las comunicaciones de millones de personas a través de PRISM, un programa anteriormente secreto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) al que las autoridades británicas tenían acceso. Posteriormente se supo que la agencia de inteligencia británica GCHQ podría haber sometido también a algunas personas a vigilancia generalizada a través de su propio programa secreto, denominado Tempora.
Estas revelaciones pusieron claramente de manifiesto las enormes lagunas del actual marco legal británico en cuanto a su capacidad para seguir el ritmo de los avances tecnológicos, y por tanto para proteger los derechos humanos de las personas afectadas
Amnistía Internacional considera que, debido a la naturaleza global y a menudo sumamente delicada de su trabajo, es muy probable que sus comunicaciones hayan sido interceptadas ilegalmente por los servicios de inteligencia del Reino Unido y Estados Unidos, dado el interés de su contenido para estas agencias.
En vista de lo cual, la organización ha presentado una demanda ante el Tribunal de Poderes de Investigación (IPT por sus iniciales en inglés), argumentando que las actividades de las autoridades del Reino Unido vulneran el artículo 8 (derecho a la intimidad) y el artículo 10 (derecho a la libertad de expresión) de la Ley de Derechos Humanos de 1998.
Michael Bochenek, director de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional, ha declarado:
“En vista de que existen tales programas de vigilancia masiva secretos y exhaustivos, el actual marco legal por el que se rige la vigilancia en Reino Unido es extremadamente inadecuado y debe ser reformado con urgencia.
“Como organización global que trabaja en muchos asuntos delicados que podrían resultar particularmente interesantes para los servicios de seguridad de Estados Unidos y Reino Unido, nos preocupa mucho la posibilidad de que las comunicaciones de nuestro personal puedan haber sido interceptadas.”
“Debemos recordar, sin embargo, que los programas secretos de vigilancia masiva, como PRISM y Tempora no sólo afectan a organizaciones como Amnistía Internacional, sino a todos y cada uno de los ciudadanos y a su derecho a la intimidad.”
Las investigaciones del IPT deben ser públicas
La labor del IPT es examinar las quejas respecto al comportamiento de los servicios de inteligencia de Reino Unido. El organismo de investigación es secreto: determina sus propios procedimientos y suele trabajar a puerta cerrada. Por eso Amnistía Internacional ha pedido que su demanda se vea en audiencia pública.
Michael Bochenek ha añadido:
“Sería una ridícula ironía que el examen del IPT sobre una vigilancia que se ha llevado a cabo en secreto fuera a su vez completamente secreto.”
Las abogadas Kirsty Brimelow y Jude Bunting, de Doughty Street Chambers, representan a Amnistía Internacional.
