Amnistía Internacional sostiene que el periodista español Ignacio Cembrero, quien espera sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid tras declarar el pasado 13 de enero después de una nueva denuncia por parte del Reino de Marruecos, «no tendría que haber tenido que afrontar un juicio absurdo» por difundir que ha sido espiado mediante el software espía Pegasus, y afirma que el acoso y la persecución constante de las autoridades marroquíes a Cembrero deben terminar de forma inmediata, porque «son un ataque a su libertad de expresión y un aviso a cualquiera que quiera informar sobre sus políticas».
El Reino de Marruecos reclama en esta demanda judicial contra Cembrero que se retracte de las afirmaciones en las que vinculaba al gobierno de este país con el espionaje digital del que han sido objeto varios periodistas, abogados y miembros de la sociedad civil.
Esta es la cuarta vez que las autoridades marroquíes tratan de acallar al reportero con una demanda como parte de su estrategia de silenciar cualquier voz crítica con sus políticas. En 2014 la Fiscalía General del Estado y la Audiencia Nacional archivaron una denuncia y una querella respectivamente contra él por «enaltecimiento del terrorismo», y un año después, un empresario vinculado con los servicios secretos marroquíes le demandó por «intromisión al honor», cargo del que fue absuelto tras un juicio civil.
Desde Amnistía piden no solo «la lógica absolución» del periodista, sino también que el gobierno español promueva que la Fiscalía lleve a cabo una investigación independiente sobre el espionaje al que habría sido sometido.
Espionaje, persecución y cárcel
El juicio a Ignacio Cembrero coincidió el pasado mes de enero con la resolución del Parlamento Europeo en la que se exige a las autoridades marroquíes que cesen la vigilancia masiva contra periodistas, entre otros al periodista español, presumiblemente mediante el uso del programa Pegasus, y respeten la libertad de expresión en su país.
En el mes de julio de 2021, el consorcio Forbidden Stories, una organización sin ánimo de lucro, denunció el espionaje a ochenta periodistas de diecisiete organizaciones de medios de comunicación de diez países, y alertó a Ignacio Cembrero de que era víctima de espionaje mediante Pegasus, así como a políticos y activistas de la sociedad civil.
Pero las autoridades marroquíes no se han detenido en la vigilancia ilegítima, sino que han continuado la persecución y el acoso contra figuras que les resultan incómodas como el periodista y defensor de derechos humanos Omar Radi, quien fue condenado a seis años de cárcel por cargos de violación y espionaje en un juicio claramente injusto. Actualmente, Radi está encarcelado por el ejercicio de su profesión, tras informar sobre las protestas de Hirak El-Rif o las corrupciones de estado, al igual que otros periodistas críticos como Taoufik Bouachrine o Soulaiman Raissouni.
«Es urgente la anulación de todas las sentencias condenatorias impuestas a Omar Radi, pues tienen una motivación política y violan su derecho a la libertad de expresión. Solo un juicio justo puede garantizar que se hace justicia tanto con Omar como con la persona que lo denunció por violación», reclama el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
Espionaje y demandas judiciales sin fundamento también han ido de la mano en los casos del abogado y defensor de los derechos humanos Abdessadak El Bouchattaoui y del académico Maati Monjib. El primero, abogado y defensor de los derechos humanos, formó parte del equipo legal de las personas encarceladas tras las protestas en Hirak El-Rif a lo largo de 2016 y 2017. Ese mismo año fue condenado a veinte meses de prisión por publicaciones en internet en las que criticaba el uso de la fuerza en las manifestaciones, y posteriormente huyó exiliado a Francia. Amnistía Internacional pudo comprobar cómo su teléfono recibió mensajes con enlaces a sitios web relacionados con el programa Pegasus durante el apogeo del movimiento Hirak El-Rif.
Por su parte, Maati Monjib, fundador de la ONG Freedom Now, dedicada a la protección de los derechos de periodistas y escritores, fue acusado en 2015 de «atentar contra la seguridad interior del Estado» mediante «propaganda». Desde ese año, Maati cree que ha estado bajo vigilancia digital, algo que también confirmó la sección de tecnología de Amnistía Internacional. En 2021 fue condenado nuevamente por fraude y blanqueo de dinero, en una causa que se remontaba a 2015. En marzo del mismo año salió en libertad, pero se mantienen contra contra él acusaciones de blanqueo de dinero y se le ha retirado el pasaporte, por lo que corre el riesgo de volver a ser detenido y de que se reanude el juicio.
Ante esta «doble represión» formada por el espionaje y la persecución judicial, Amnistía Internacional se une a la recienteresolución del Parlamento de la UE en la que se pide a los Estados Miembro que dejen de exportar tecnología de vigilancia a Marruecos ya que, según la entidad, contribuye a una vigilancia ilegítima que puede considerarse como crónica por parte de las autoridades y los servicios secretos del país.
Espionaje con Pegasus
En 2021 el Proyecto Pegasus puso en evidencia cómo gobiernos de todo el mundo estaban utilizando este invasivo programa espía para vigilar de manera ilegítima a activistas de derechos humanos, líderes y lideresas políticos, periodistas y profesionales del derecho.
Este software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, permite al atacante tener acceso total a mensajes, correos electrónicos, medios de comunicación, micrófono, cámara, llamadas y contactos del teléfono atacado.
En la actualidad hay investigaciones abiertas y causas judiciales contra NSO Group pendientes de resolución en Francia, India, México, Polonia y España. En marzo de 2022, el Parlamento Europeo estableció la Comisión PEGA, resultado directo de las revelaciones del Proyecto Pegasus en julio de 2021, para investigar el empleo de Pegasus y de otros programas espía en Europa.
