Las autoridades marroquíes deben iniciar de inmediato una investigación plena, independiente e imparcial sobre las denuncias de torturas a seis activistas saharauis –uno de ellos menor de edad– mientras estaban bajo custodia policial en el Sáhara Occidental, ha declarado Amnistía Internacional.
El 15 de mayo, El Hussein Bah, de 17 años, fue encarcelado en El Aaiún, en el Sáhara Occidental, a pesar de que previamente se había decidido concederle la libertad bajo fianza. Lo habían detenido el 9 de mayo, junto con otros cinco saharauis, tras participar en una manifestación en favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental.
Los seis han sido acusados de “violencia contra funcionarios públicos”, “participación en una concentración armada”, “colocación de objetos en la carretera para interrumpir el tráfico” y “daños a bienes públicos”, delitos punibles con condenas de hasta 10 años de prisión.
Actualmente están recluidos en espera de juicio en la Prisión Civil de El Aaiún, y se teme que sean sometidos a un juicio sin garantías tras recibirse informes de que fueron torturados para extraer “confesiones”.
“Los informes de que las autoridades marroquíes sometieron a estos seis detenidos –entre los que hay un menor– a tortura y otros malos tratos para extraer “confesiones” son sumamente inquietantes. Deben investigarse las denuncias de forma exhaustiva y se debe procesar a los responsables”, ha declarado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Tanto El Hussein Bah como el resto de los detenidos deben recibir un trato humano, protección frente a la tortura y otros malos tratos, y acceso inmediato a toda la atención médica que necesiten.”
Movilización en Internet
Amnistía Internacional lanza una ciberacción en su centro de activismo en Internet www.actuaconamnistia.org para pedir que se investiguen las denuncias de los manifestantes y se garanticen sus derechos a un juicio justo y recibir un trato humano.
La organización teme que la decisión de volver a detener a El Hussein Bah tres días después de dejarlo en libertad bajo fianza se ha tomado en represalia por haber hablado abiertamente sobre las presuntas torturas que ha sufrido.
Durante el breve periodo que ha pasado en libertad, el muchacho de 17 años contó a Amnistía Internacional que, en la primera detención, la policía lo torturó, lo amenazó con violarlo y lo obligó a firmar unos documentos que no le dejaron leer y que incluían una “confesión”.
Según denunció, los agentes de policía le pusieron en la cara una esponja empapada en orina, le sacaron los pantalones y lo amenazaron con violarlo. Durante el interrogatorio lo golpearon mientras lo mantenían colgado de las rodillas con las muñecas atadas sobre las piernas, en una postura denominada el “pollo asado”.
Los seis detenidos contaron al juez de instrucción que los habían torturado y sometido a otros malos tratos y que sus “confesiones” habían sido extraídas mediante tortura bajo custodia policial. Según denunció El Hussein Bah, mientras estaba bajo custodia policial oyó cómo torturaban y sometían a malos tratos a otras personas recluidas en distintas celdas, y posteriormente vio que tenían contusiones visibles, marcas de esposas y articulaciones hinchadas.
Según informes, las fuerzas de seguridad marroquíes no presentaron órdenes de arresto cuando detuvieron a los seis saharauis en sus casas el 9 de mayo. No todos sus familiares han recibido autorización para ejercer plenamente su derecho a visitar a los detenidos.
Peticiones de autodeterminación
La manifestación celebrada el 4 de mayo en el Aaiún fue la culminación de 10 días de protestas organizadas en todo el Sáhara Occidental para pedir la autodeterminación de la región, tras aprobar el Consejo de Seguridad de la ONU la renovación del mandato de su misión de mantenimiento de la paz, conocida como Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO).
El mandato inicial de la MINURSO en 1991 fue la preparación, durante un periodo de transición, de un referéndum en el que la población del Sáhara Occidental pudiera elegir entre la independencia y la integración en Marruecos.
Es una de las pocas misiones de mantenimiento de la paz de la ONU que no incluye un componente de derechos humanos. Debido a la oposición de Marruecos, recientemente se rechazó una iniciativa de Estados Unidos para incluir este componente de derechos humanos en el proyecto de resolución que estaba examinando el Consejo de Seguridad.
En los últimos años se ha restringido la labor de los independentistas saharauis de distintos modos, como someterlos a hostigamiento, vigilancia por parte las fuerzas de seguridad, restricciones en su libertad de circulación y, en algunos casos, persecución, por considerarse que amenazan la seguridad “interna” y “externa” de Marruecos. Tampoco se les ha permitido registrar legalmente sus organizaciones, al parecer debido a impedimentos administrativos que tienen una motivación política.
Además de estos casos recientes, también se ha encarcelado a otros saharauis tras manifestaciones en favor del derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental; según la información recibida, agentes marroquíes encargados de hacer cumplir la ley han sometido a algunos a tortura y otros malos tratos durante los interrogatorios, sin que se hayan investigado debidamente las denuncias.
En una visita reciente al Sáhara Occidental, una delegación de Amnistía Internacional se reunió con manifestantes que denunciaron haber sufrido lesiones a manos de las fuerzas de seguridad en El Aaiún el 25 y 26 de abril y en Esmara el 28 de abril de 2013. La delegación vio cómo agentes de seguridad lanzaban piedras contra los manifestantes en El Aaiún el 27 de abril de 2013, un hecho que también se ha confirmado con imágenes de video.
La organización lleva varios años pidiendo que la ONU establezca un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos que investigue el Sáhara Occidental y los campos de refugiados de Tinduf, al otro lado de la frontera con Argelia.
“Es preciso que la ONU establezca una presencia en la zona que vigile de modo adecuado la situación de los derechos humanos e informe de manera independiente e imparcial sobre la situación actual, incluidas las denuncias de tortura y otros malos tratos”, ha manifestado Philip Luther.
“Contribuiría de manera decisiva a documentar violaciones de derechos humanos que, de lo contrario, pasarían desapercibidas, e impediría que se presentasen acusaciones infundadas en otros casos.”
