Amnistía Internacional (AI) ha puesto en marcha una petición, dirigida Yoko Kamiwaka, ministra de Justicia de Japón, pidiendo que se anule la condena a muerte de Matsumoto Kenji, dictada en 1993 pese a tratarse de una persona con severo retraso mental que se ha puesto de manifiesto en la ineptitud para seguir los debates durante su juicio y para comprender lo que significa la condena, además de haber mostrado siempre enormes dificultades para comunicarse con el resto de la gente, incluido su abogado.
«La alteración de la salud mental- dice el comunicado de AI- es un factor crítico a tomar en consideración en todas las etapas del proceso de la pena capital, desde la comisión del crimen hasta la ejecución de la persona condenada”.
Todavía hoy, en muchos lugares del mundo se sigue ejecutando a personas con graves alteraciones mentales, pese a que las leyes de la mayoría de países prohíben hacerlo. En concreto en Japón, el Código Penal prevé en su artículo 479 la suspensión de la ejecución de personas consideradas dementes.
La carta que acompaña la petición de dejar sin efecto la condena de Matsumoto Kenji, dirigida por AI a la ministra de justica japonesa, Yoko Kamiwaka, dice, entre otras cosas:
“Estamos profundamente preocupados por la situación de Matsumoto Kenji, condenado a muerte en 1993 a pesar de su minusvalía mental Desde entonces, ha sufrido en la cárcel episodios de delirios persistentes. Y, a pesar de todo, el Tribunal Supremo de Japón confirmó la condena en 2000… Con ocasión del último Día mundial contra la pena de muerte, el 10 de octubre de 2014, AI recordó que aplicar la pena de muerte a personas afectadas de alienación mental viola el derecho internacional. Por ello, pide a las autoridades japonesas que vigilen que nunca se aplique este castigo a personas minusválidas mentales, y exhorte a la ministra de Justicia:
- a conmutar inmediatamente la condena a muerte de Matsumoto Kenji, así como la de todos los demás condenados a muerte que padezcan enfermedades mentales,
- y a dictar una moratoria de todas las ejecuciones pendientes, con vistas a abolir definitivamente la pena de muerte en el país”.
