Amnistía Internacional indica que el asalto armado en el que murió el presidente haitiano Jovenel Moïse y resultó herida su esposa, es un indicador estremecedor de la grave crisis política y de derechos humanos a la que se enfrenta Haití desde hace años, y debe ser investigado con prontitud e imparcialidad junto con las graves y continuas violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.
«El asesinato del presidente Jovenel Moïse debe ser investigado de forma inmediata e imparcial junto con las graves violaciones de derechos humanos y la impunidad crónica que ha sufrido la población bajo su mandato», ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
«Esta es una llamada de atención para la comunidad internacional, y para las autoridades haitianas que han contemplado la impunidad crónica e ignorado las llamadas de alerta emitidos por las personas que defienden los derechos humanos que han pavimentado el camino para una crisis tan grave».
Amnistía Internacional está preocupada por la posible escalada de violencia en los próximos días y seguirá de cerca las posibles protestas que se produzcan, los ataques contra los defensores de los derechos humanos y las agresiones contra la población. La organización pide a las autoridades haitianas que sitúen los derechos humanos en el centro de su respuesta a la crisis política.
La comunidad internacional también debe proporcionar toda la asistencia al país para encontrar formas de desescalar la violencia y proteger los derechos humanos, incluidos los de periodistas y prsonas defensoras de los derechos humanos. Los Estados también tienen la obligación de permitir que las personas que abandonan el país en busca de protección internacional soliciten asilo.
Antecedentes
Las protestas y la violencia generalizada han sido constantes en Haití desde al menos 2019, como ya documentó Amnistía Internacional.
En este contexto, quienes defienden los derechos humanos y ejercen el periodismo han sido objeto de crecientes ataques.
En julio, el Comité para la Protección de Periodistas condenó el asesinato del periodista Diego Charles. También fue asesinada la activista Antoinette Duclair. En mayo, Amnistía Internacional documentó el caso de Milostène Castin, defensor de los derechos de agricultores de subsistencia que han sufrido confiscaciones de tierras, desplazamientos y ataques violentos en el noreste de Haití.
El Observatorio Haitiano de Crímenes Contra la Humanidad (OHCCH) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard también publicaron en abril un informe en el que denuncian la complicidad del gobierno haitiano en tres masacres dirigidas a barrios empobrecidos llevadas a cabo entre 2018 y 2020. El informe señala pruebas de que los ataques, llevados a cabo por bandas, contaron con el apoyo de actores estatales, incluido el presidente Moïse, y alega que estos actos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Un informe de la ONU, publicado en enero de 2021, constató un marcado aumento de las violaciones de los derechos humanos y de los abusos contra el derecho a la vida durante las protestas de 2018 y 2019, y pidió a las autoridades que abordaran los problemas subyacentes, como «la impunidad, la corrupción, la desigualdad estructural y niveles de vida adecuados, con el fin de restablecer la confianza de la población y prevenir futuros disturbios».
Las organizaciones de la sociedad civil, incluido el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, han planteado en repetidas ocasiones su preocupación por la impunidad crónica y la disfunción de la justicia en Haití, incluso en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en diciembre de 2020.
