El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha pisado suelo mexicano por primera vez, con el fin de dar un toque de atención al gobierno de Peña Nieto. Como era de esperar, el presidente le ha recibido, acompañado del vicepresidente y de los principales cargos gubernamentales en materia de DD HH, incluido el procurador general, Jesús Murillo Karam.
Salil llevaba un grueso memorándum que recoge los retos que necesita afrontar México si, de verdad, quieres ser un país civilizado. Porque el país necesita urgentemente combatir la impunidad generalizada y el persistente patrón de graves violaciones a los derechos humanos.
“Durante nuestro encuentro, le dije al presidente Peña Nieto que si su gobierno quiere realmente demostrar a la comunidad internacional y al pueblo de México que se toma en serio los derechos humanos, debe ir más allá de las palabras y hacer de estos una realidad en su país”, afirmó Salil Shetty. Para él, Peña Nieto debe actuar inmediatamente y tomar medidas inmediatas para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos para todas las personas en el país.
También afirmó que dialogaron sobre el uso generalizado de la tortura, las desapariciones, los abusos contra migrantes y los ataques contra periodistas y quienes defienden los derechos humanos, que se produce gracias a la impunidad existente.
Fue curioso oírle decir que reconocía que la nueva administración ha puesto en marcha “varios mecanismos y procesos para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos”, porque a los ciudadanos no les consta. Y no les consta, porque a diario asisten a amenazas, secuestros y asesinatos. Los dos periodistas asesinados esta semana (Goyo Jiménez y Omar Sánchez) son testimonios más que suficientes para dudar de los “mecanismos” gubernamentales. Pero también hemos sabido estos días que “asaltantes desconocidos” han robado en la casa de la reportera Daniela García, ubicada en Córdoba, Veracruz. Y esta es la segunda vez.
Mario Segura, es un reportero que ha sobrevivido a un secuestro y confesaba hace unos días que tiene miedo. Sucedió en Tampico en agosto de 2012 y estuvo ocho días “desaparecido”. Apareció y desde entonces no ha podido volver a ejercer. Vive de trabajos que le salen y anda de un lado para otro. Su “crimen” fue denunciar a los corruptos, como siempre. ¿De qué mecanismo de protección habla el gobierno? Bueno, sí, parece que firmar el tratado de armas fue un gesto que le honra, pero la realidad es que no fue nada más que una lavada de imagen.
Shetty estuvo en Saltillo antes de ir a la audiencia presidencial y estuvo con varios familiares de desaparecidos. Le parecieron “estremecedores” los testimonios que escuchó, y confesó que eran “especialmente graves” las violaciones y abusos a que están expuestos los migrantes. Por ello, dijo que le había transmitid al presidente que “resulta evidente la falta de acción por parte de las autoridades para localizar a sus seres queridos y llevar a los responsables ante la justicia”.
Los retos de México
En el memorándum que Amnistía le entregó a Peña Nieto, la organización le insta a colocar los derechos humanos en el centro de sus esfuerzos y a combatir los persistentes patrones de graves violaciones y la impunidad.
México enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al respeto a los derechos humanos. La alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia en determinadas regiones, dejando a muchas comunidades desprotegidas y en riesgo. Los informes sobre abusos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma. Los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general.
Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas deben enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha respondido a esta crítica situación.
México ocupa el lugar 152 de 180 países en cuanto a libertad de prensa, un nivel similar al de naciones como el Congo o Iraq, según la Clasificación Mundial elaborada por la organización Reporteros sin Fronteras. Según su informe, «en México existen organizaciones criminales que actúan con la complicidad de las autoridades locales –y a veces federales– corruptas”. Para ellos, las amenazas principales que enfrentan los periodistas aquí son: la impunidad que hay en torno a las investigaciones sobre agresiones, asesinatos, desapariciones, amenazas y las agresiones físicas. Del 2000 al 2013 han sido asesinados 88 periodistas y otros 18 se encuentran desaparecidos.
Los países con mayor libertad de prensa son: Finlandia, que ocupa el primer lugar por cuarto año consecutivo, Países Bajos y Noruega. Al final de la clasificación se encuentran: Turmekistán, Corea del Norte y Eritrea. En África, países como Egipto (que ocupa el lugar 159) enfrentan el control de medios por parte de la Hermandad Musulmana, otros países como Somalia (176) y el Congo (lugar 151) enfrentan operaciones de guerrilla y grupos terroristas. Siria es el país más peligroso del mundo para los periodistas. Desde 2011, han sido asesinados 110.
El próximo mes de marzo, el gobierno mexicano anunciará formalmente qué recomendaciones adoptará de las 176 realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Habrá que estar al tanto.
