El I Plan Andaluz de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia prevé una inversión de 1.765 millones de euros entre 2016-2020 para reforzar las medidas orientadas a disminuir el impacto de esta situación y evitar su agravamiento en las personas ya afectadas.
Los andaluces mayores, con discapacidad, cuidadoras, dependientes y colectivos con factores de riesgo tales como sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, drogas, juego o trastornos alimenticios podrán solicitar ayudas.
Por otro lado se adoptarán en los 900 centros de participación activa, con cerca de medio millón de asociados, talleres de promoción de la autonomía personal a través de la Estrategia de Envejecimiento Activo que cuenta con la máxima puntuación de la comisión europea; Andalucía por tanto, es la región de referencia en este ámbito.
Los objetivos básicos del plan se centran en facilitar el desarrollo de una existencia autónoma de la persona en su medio habitual, en condiciones de igualdad; promover el aumento de la esperanza de vida, ayudas a las personas con discapacidad, reducción del impacto sobre las personas afectadas, mejorar mecanismos de participación ciudadana y coordinación entre los distintos sectores implicados, impulsar la formación y la investigación y promover la innovación en estos ámbitos.
El plan reforzará los servicios de prevención y promoción de la autonomía que actualmente desarrolla la junta, especialmente en lo relativo al diseño de los itinerarios personalizados de intervención y asignación de profesionales para evitar el agravamiento en situaciones de dependencia moderada.
Este plan ha sido desarrollado gracias a 130 profesionales y personas expertas, desde la administración autonómica a entidades locales, agentes sociales y económicos, organizadores del Tercer sector y universidades. También han participado las consejerías de educación, igualdad y políticas sociales, educación, empleo, empresa, comercio, fomento y vivienda.
Andalucía actualmente es la comunidad autónoma que más personas en situación de dependencia atiende. Existe actualmente 178.900 beneficiarias, un 24,4 % del total de Espala y cuentan con 232.400 prestaciones, (24 % del total del país). El gobierno central financia el 22 % del sistema en la comunidad por debajo del 50 % que establece la propia legislación estatal. Existe por tanto una pérdida de financiación de más de 500 millones de euros entre 2012 y 2015. La Junta ha invertido 8.000 millones de euros en estas políticas desde hace diez años.