Los avances de Argentina en materia de juicio y penalización a responsables de delitos de lesa humanidad perpetrados por la dictadura se ven empañados últimamente por las fugas de varios de esos represores al amparo de condiciones de detención consideradas laxas, informa Marcela Valente (IPS) desde Buenos Aires.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos están preocupadas por la cantidad de prófugos, que creció de casi 40 personas a 54 en solo un año, según Lorena Balardini, investigadora del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
«El número anterior era histórico y persistente. Había algunos que eran capturados y se fugaban otros, o sea que había como un ‘staff permanente’. Pero nos llama la atención que desde 2012 la cantidad de prófugos haya saltado a 54», subrayó en entrevista con IPS.
Datos del Ministerio Público Fiscal actualizados a este mes dan cuenta de que en Argentina están bajo proceso 1.049 personas en el marco de los juicios por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura (1976-1983).
También se indica que fueron juzgadas, en este marco, 471 personas acusadas de secuestro, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos contra la humanidad, 426 de las cuales fueron condenadas.
En tanto, hay 853 detenidos, entre condenados y procesados, más de 60 por ciento en cárceles comunes, 36 por ciento en arresto domiciliario y el resto en dependencias de fuerzas de seguridad o internados en hospitales por algún problema de salud.
Balardini, coordinadora del Área de Investigación del CELS, admitió que no hay una explicación contundente para este aumento de fugas, aunque sugirió que puede estar relacionado con «la flexibilidad de las condiciones de detención» de algunos represores, ya sea por decisión judicial o de las autoridades penitenciarias.
El último caso que catapultó sospechas de privilegio ocurrió el jueves 25, cuando escaparon Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, quienes habían sido condenados junto a otros seis represores el 4 de este mes en la occidental provincia de San Juan, el primero a prisión perpetua y el segundo a 25 años de prisión efectiva.
Olivera y De Marchi habían sido trasladados de su lugar de detención, en San Juan, al Hospital Militar Central Cosme Argerich, ubicado en la ciudad de Buenos Aires y distante unos 1.300 kilómetros, para presuntas consultas en dermatología, kinesiología y psiquiatría.
La petición fue tramitada por la esposa de Olivera, Marta Ravasi, psicóloga de ese hospital, y rechazado en primera instancia por el tribunal que juzgó a los condenados. Pero el juez subrogante Miguel Ángel Gálvez, de San Juan, aceptó la solicitud y firmó el traslado.
Poco después de llegar a la consulta, los dos condenados desaparecieron del edificio. La justicia argentina pidió su captura y la Policía Internacional (Interpol) emitió la orden de inmediato. Para apoyar la búsqueda, el Ministerio de Justicia ofreció una recompensa de dos millones de pesos (unos 364.000 dólares) a quien brinde datos que permitan encontrarlos.
También los ministerios del gabinete del gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández destituyeron y pasaron a retiro a militares y funcionarios penitenciarios vinculados con la fuga, a la vez que presentaron denuncia penal contra el juez Gálvez.
En prevención de nuevas fugas, se suspendieron todos los traslados de detenidos en estas causas y se suscribieron este lunes 29 un convenio para revisar las condiciones médicas de todos los imputados.
Los detenidos ya no serán llevados a hospitales de las Fuerzas Armadas, sino al centro de salud que corresponda a cada unidad penitenciaria. Cada traslado se hará, además, en función de síntomas o dolencias certificadas y no del simple pedido del reo, como hasta ahora, explicaron funcionarios.
El Ministerio de Justicia tiene un Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia en delitos de lesa humanidad, que registra 52 casos de prófugos por los que se ofrece recompensa.
«El caso más difícil es el de (Jorge) Vildoza», aseguró Balardini. Se refiere al excapitán de navío que fue uno de los jefes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en 1976 y 1977, cuando esa institución devino en un centro clandestino de detención, tortura y asesinatos, uno de los más activos en la dictadura.
Vildoza y su esposa, Ana María Grimaldos, se trasladaron a Suiza en 1986 llevando consigo un niño que había nacido en la ESMA en 1977. Dos años después, la justicia argentina pidió su captura internacional por apropiación del menor, pero el represor nunca respondió a la llamada.
En 1998, el joven raptado se presentó ante la justicia argentina y se sometió a un examen de ADN para corroborar su identidad. Resultó ser Javier, el hijo de Hugo Penino y de Cecilia Viñas, quien fue apresada con siete meses de embarazo y vista entonces en la ESMA. Estas dos personas siguen desaparecidas. Pero Javier Penino Viñas permaneció con sus raptores hasta que se casó.
Grimaldos fue detenida hace un año en Argentina, tras entrar con pasaporte falso, y actualmente está procesada por apropiación de niños. Asegura que su esposo falleció, pero la búsqueda sigue.
Balardini sostuvo que el problema de las fugas se arrastra desde el comienzo de los juicios por crímenes de la dictadura, reactivados a mitad de la década pasada tras la anulación de las leyes de «obediencia debida» y «punto final» dictadas en los años 80, que permitieron alejar de tribunales a los represores de cualquier jerarquía. Esas normas también fueron declaradas inconstitucionales.
El CELS señala que estos criminales han mostrado tener redes de apoyo y recursos económicos que les permiten obtener documentación falsa, acceder a abogados, trasladarse de un país a otro y sostenerse económicamente lejos de la justicia.
Para esta activista, la oferta de recompensa emitida por el gobierno sirve porque coloca el tema en la agenda y le da visibilidad, pero las condiciones de detención de estos presos, «mejores» que las de los detenidos comunes, favorecen su fuga, insistió.
«Nos llaman mucho la atención» los casos de represores que ya han estado prófugos y que, pese a peticiones en contrario de fiscales y abogados querellantes, obtienen la excarcelación de los jueces y luego se fugan, explicó.
Olivera, uno de los favorecidos por las también llamadas leyes del perdón, había sido detenido en 2000 en Italia reclamado por la justicia francesa. Pero este exmayor obtuvo documentación apócrifa que le permitió salir en libertad entonces.
Finalmente y tras la reactivación de estos juicios en Argentina, la justicia ordenó su captura en 2007 y solo un año después fue arrestado, sometido a juicio oral y condenado este mes.
Margarita Camus, víctima que prestó testimonio en el proceso contra Olivera, De Marchi y otros, expresó su preocupación por la fuga: «Sabemos la clase de personas que son, cómo se mueven en la clandestinidad, y nos genera intranquilidad, incertidumbre, preocupación», dijo.
Casos como el de Olivera y De Marchi se reiteran en otros distritos, solo que los fugados son menos conocidos. Por ejemplo, Carlos Arroyo, quien se escapó en mayo, cuando gozaba de libertad condicional a la espera del juicio oral al que se debía someter, tal como se encuentran otros acusados actualmente en la sudoriental ciudad de Bahía Blanca.
En Formosa, en el noreste del país, el proceso contra otros nueve presuntos criminales debe comenzar este 31 de agosto por el secuestro de 74 personas. Pero el principal acusado, Ángel Spada, quien también estaba excarcelado, no estará presente porque huyó en junio, justo en vísperas del comienzo del juicio.
