El acuerdo entre la UE y Turquía cuestiona valores básicos de la construcción europea
El Gobierno andaluz solicita un mayor compromiso de las autoridades europeas con los solicitantes de asilo y refugio y que se produzca un reparto equitativo y solidario entre las comunidades autónomas de las personas que quieran acogerse en España.
Protestas contra la política de la UE sobre refugiadosEl consejero de Justicia e Interior de Andalucía, Emilio de Llera, ha presentado hoy, 22 de marzo de 2016, al Consejo de Gobierno un informe en el que se reitera la necesidad de desbloquear los procedimientos y los medios económicos necesarios para la llegada y distribución adecuada de las personas solicitantes de asilo y refugio en Europa. Además, se solicita al Ejecutivo central la puesta en marcha de procedimientos administrativos que garanticen la participación de las autonomías en la toma de decisiones.
La propuesta de Andalucía, ratificada junto a una decena de comunidades el pasado día 8, plantea el establecimiento de criterios objetivos, homogéneos y consensuados de distribución geográfica de refugiados; la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Inmigración, y la constitución de una Subcomisión en el Congreso de los Diputados sobre la materia. De Llera ha recordado la necesidad de “garantizar una respuesta sistematizada y su correspondiente régimen jurídico a las migraciones forzosas”, tal y como marca el derecho internacional.
El acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía constata, a juicio del Ejecutivo andaluz, el cuestionamiento de los valores básicos sobre los que se asienta la construcción europea: la solidaridad entre miembros, la búsqueda de la paz, el compromiso con la promoción de la democracia, y la garantía y protección de los derechos humanos.
El Consejo defiende un compromiso humanitario claro que dé respuesta a las consecuencias de los graves conflictos que se desarrollan a las puertas de Europa. En este sentido, pide la dotación presupuestaria del Fondo de Ayuda a la Acogida e Integración de Inmigrantes para ayuntamientos y comunidades autónomas, que fue suspendido en 2012, y una mayor implicación de las autoridades en la actual crisis de los refugiados.
El Gobierno andaluz insiste en su disposición a participar en la acogida e integración de personas desplazadas, dentro de un reparto equitativo y solidario entre comunidades, que son las competentes en materia de vivienda, sanidad, políticas activas de empleo, formación de adultos, educación, servicios sociales o cooperación al desarrollo.
En este sentido, aboga por el obligado cumplimiento de la Directiva Europea de Protección Temporal, que prevé mecanismos ante emergencias humanitarias como la eliminación de la exigencia del visado de tránsito para personas procedentes de países en conflicto.
La Junta señala, además, la necesidad de que la comunidad internacional, y en especial los miembros de la Unión Europea, avance en la pacificación de Siria y se comprometa a iniciar cuanto antes la reconstrucción del país.
El Parlamento andaluz aprobó el 17 de marzo de 2016 una declaración institucional instando al diseño de un Plan Nacional de Acogida Humanitaria a las Personas Refugiadas y su dotación presupuestaria suficiente.
