Mientras decenas de personas se manifiesta día y noche ante el tribunal londinense que estudia el último recurso de Julian Assange, el periodista australiano fundador de Wikileaks, contra su extradición a Estados Unidos –donde, en el mejor de los casos podrían condenarle a 175 años de cárcel por la publicación de documentos confidenciales y cables diplomáticos relativos mayoritariamente a los abusos cometidos por el ejército estadounidense en los conflictos de Afganistán e Irak lo que significaría una condena a perpetuidad, aunque no hay que descartar tampoco una sentencia de pena de muerte– en el interior del tribunal los abogados de Assange han intentado durante dos días, sin la presencia del acusado, ausente por su precario estado de salud, convencer a los jueces de que se trata de un asunto exclusivamente político, al tiempo que han evocado el “riesgo de suicidio” de su cliente en caso de una decisión desfavorable.
En la noche del miércoles 21 de febrero de 2024, los dos magistrados del Tribunal Superior de Londres que se ocupan del caso de Assange, han anunciado que tardarán al menos dos semanas, y en ningún caso será antes del 5 de marzo, en decidir el futuro del acusado, quien, entre unas cosas y otras, lleva más de doce años preso en Inglaterra sin que le hayan condenado por ningún delito, los últimos de los cuales los ha pasado en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, en Londres.
La denuncia por “traición de Estados Unidos incluye “dieciocho delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones, publicadas en su portal WikiLeaks en 2010 y 2011 denunciando crímenes de guerra en las guerras que tuvieron como escenarios Irak y Afganistán. Ahora, los magistrados londinenses van a pronunciarse sobre la orden que aceptaba la extradición firmada en junio de 2022 por la entonces ministra de Interior, Priti Patel. En el caso de que los magistrados acepten el recurso, se iniciaría un nuevo juicio que podría prolongarse durante años; si la deniegan, se pondrá en marcha el procedimiento de su extradición a Estados Unidos. En este caso, la defensa de Assange intentará un último y definitivo recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Julian Assange,de 52 años, quien se ha convertido en un símbolo de las amenazas que pesan sobre la libertad de prensa en todo el mundo, lleva 12 años sin pisar la calle en el Reino Unido: siete de ellos refugiado en el embajada de Ecuador, que le amparó durante el gobierno de Rafael Correa, y otro cinco en la cárcel de Belmarsh.
Sus partidarios le consideran un héroe de la libertad de expresión y el periodismo de investigación, perseguido por denunciar las violaciones de la ley internacional y de los derechos humanos en todo el mundo, cometidas por el gobierno de Washington: «Es un ataque a todos los periodistas en todo el mundo – ha asegurado Stella Assange, su esposa, en el exterior del Alto Tribunal que le juzga en Londres – Es un ataque a la verdad y al derecho del público a saber».
La defensa basa su alegato en que Assange no puede ser entregado a Estados Unidos porque al ser “de carácter político” los delitos que se le imputan, se violaría el Tratado de extradición británico-estadounidense de 2003. El abogado Edward Fitzgerald ha argumentado que entregarle supondría «un abuso de proceso», además de una violación de sus derechos a un juicio justo y a la libertad de expresión, entre otros: «Está procesado por participar en la práctica periodística ordinaria de obtener y publicar información clasificada, información que es a la vez verdadera y de evidente e importante interés público (…)»Extraditar a Assange significaría ponerle directamente en manos de las mismas personas que conspiraron para asesinarlo», en referencia al descubrimiento de una conspiración de la CIA para secuestrarle o matarle cuando, entre 2012 y 2019, permaneció refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.
El corresponsal de TVE señala en su crónica de este jueves 22 de febrero de 2024, que “entre quienes apoyan la causa de Assange se encuentran grupos de medios de comunicación, ONG’s como Amnistía Internacional, organizaciones de periodistas y comités de apoyo, así como políticos europeos y de su país de origen, entre ellos el primer ministro australiano, Anthony Albanese, quien la semana pasada votó a favor de una moción parlamentaria solicitando que Julian Assange sea entregado a Australia”.
La acusación estadounidense, por su parte, asegura que la defensa ha «presentado el caso de manera errónea consistente y repetidamente». Ahora argumenta que no se le persigue por la publicación de las filtraciones en Wikileaks sino por ayudar y conspirar con la exanalista de Inteligencia del Ejército Chelsea Manning, para obtener los documentos, y por revelar nombres y fuentes, «poniendo a esos individuos en riesgo grave de sufrir daño».
En varias ciudades europeas, como París, Roma o Milán, han tenido lugar manifestaciones de apoyo a Julián Assange y pidiendo su libertad. La de Madrid ha tenido lugar delante de la embajada estadounidense, mientras que en Barcelona la concentración ha sido frente al consulado británico.
La Relatora Especial sobre la Tortura de la ONU, Alice Jill Edwards, ha pedido a los jueces británicos que consideraran el recurso de Julian Assange basándose en temores fundados de que, en caso de extradición, corra el riesgo de ser sometido a un trato equivalente a tortura, u otras formas de malos tratos o penas, advirtiendo que las repercusiones del caso pueden influir significativamente en el periodismo mundial y en la libertad de expresión. En una entrevista con el boletín diario de Noticias ONU, Edwards expresó su preocupación por la salud mental y física de Assange.
