El parlamento de Chile aprobó este el jueves 17 de marzo de 2016 en primera votación el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, informa Marianela Jarroud (IPS) desde Santiago.
Pero detrás de este avance, alcanzado tras 26 años de democracia y 14 largos meses de intenso debate con tintes ideológicos, persisten amenazas al proyecto, que podría ser cercenado en el Senado o incluso invalidado total o parcialmente por el Tribunal Constitucional.
«Este es un paso histórico que busca doblar la mano a aquellos que por tantos años trataron de imponer una sola posición desde el conservadurismo, desde sus opciones personales», afirmó a IPS la diputada comunista Karol Cariola.
«El paso que estamos dando, contribuye a descriminalizar a las mujeres, que hoy día son tratadas como delincuentes cuando son expuestas a situaciones como la violación, la tortura de tener en el vientre un feto que saben que va a nacer y va a morir, o como el hecho de poner en riesgo su vida cuando un embarazo se complica», añadió.
El proyecto es una de las iniciativas emblemáticas de la segunda Presidencia de la socialista Michelle Bachelet, en el poder desde 2014 y que ya gobernó el país entre 2006 y 2010. El texto recibió 66 votos a favor y 44 en contra.
«Este proyecto no impone nada a nadie, lo que hace es que cada mujer, en estas instancias, pueda tomar sus propias decisiones, en función de sus valores, principios, convicciones y su realidad personal y familiar y que esas decisiones tengan el acompañamiento que corresponde», afirmó Bachelet tras el voto legislativo.
«Lo que pretende este proyecto es que la sociedad apoye las decisiones autónomas de las mujeres en vez de penalizarlas», añadió la presidenta, quien fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013).
En la votación de cada una las causales también hubo respaldo mayoritario, aunque en el caso de la violación, se acortó la brecha, con 59 apoyos y 47 oposiciones, por el rechazo de parte de los diputados de la gobernante alianza de Nueva Mayoría, en especial de la Democracia Cristiana.
Además, la interrupción del embarazo por violación se limita a las primeras 12 semanas de gestación, salvo para quienes tienen menos de 14 años, que se añaden dos semanas.
«Estamos muy contentas con la aprobación del proyecto. Este es un avance histórico», afirmó a IPS la socióloga Claudia Dides, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Miles, dedicada a los derechos reproductivos: «Es la primera vez desde el retorno a la democracia en Chile (en 1990) que se vota en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de aborto», recordó.
El aborto terapéutico, en las tres causales aprobadas ahora, fue legal en Chile por más de medio siglo hasta que en 1989 la dictadura militar (1973-1990), promulgó una ley que penalizó la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier circunstancia.
El régimen de Augusto Pinochet tomó la medida cuando ya estaba de salida porque había perdido el plebiscito para seguir en el poder, un año antes.
La norma llevó a Chile a ser uno de los seis países del mundo que prohíbe y criminaliza cualquier interrupción del embarazo, significativamente otros tres en países de América Latina: El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, a los que se suman Malta y el Vaticano.
Si bien se desconocen los números reales, especialistas médicos estiman a IPS que al menos se practican 335.000 abortos ilegales cada año en Chile, un país con 17,5 millones de habitantes donde más de la mitad son mujeres que se exponen a penas de hasta cinco años de cárcel si incurren en la interrupción voluntaria de su embarazo.
Según una encuesta elaborada en febrero de 2016, 74 por ciento de los chilenos aprueba despenalizar la interrupción del embarazo en caso de que exista una inviabilidad fetal.
«Hoy día hay una disposición de los chilenos y las chilenas de que podamos tomar decisiones por nosotros mismos y que no sea el Estado el que nos imponga una sola posición», aseveró Cariola.
«Eso es lo que ocurre en Chile a diferencia de la gran mayoría de los países del mundo», agregó.
Para Luis Sáez, un transeúnte que habló con IPS camino a su trabajo, en el centro de Santiago, la aprobación de la ley constituye «un hecho esperanzador y un avance para la autonomía y la libertad de las mujeres».
Sin embargo, esté sicólogo de 42 años considera que la iniciativa es «insuficiente» porque aún establece límites «sobre lo que la mujer debe o no hacer con su cuerpo».
El debate en torno al proyecto ha sido criticado por muchos sectores porque hubo actores políticos que lo transformaron en una nueva vulneración de los derechos de las mujeres, con graves ofensas hacia ellas a falta de argumentos.
«Solo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo», afirmó el diputado José Antonio Kast, de la derechista Unión Demócrata Independiente, durante su intervención en el hemiciclo.
Su correligionario Gustavo Hasbún aseguró que el proyecto «es la antesala a la legalización de la eugenesia» y agregó que aprobarlo significaba «acabar con los niños con discapacidad».
René Manuel García, de la también opositora y derechista Renovación Nacional, en tanto, afirmó que «el gobierno militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer, ¿cuál es la diferencia entre esos dos crímenes?».
Dides aseguró que las palabras «célebres» de algunos diputados «producen cierto temor por nuestra democracia, porque vuelven a aparecer todos los temas que Chile no ha sido capaz de sanar», tras los 16 años de régimen militar.
«Me preocupan las ofensas a la mujer, porque no pueden quitarnos ni cercenar el derecho a la autonomía. Solo buscamos que mujeres y hombres tengamos derecho a elegir, sobretodo en el ámbito reproductivo», afirmó.
Cariola refrendó la idea de que aún quedan en Chile «resabios de la dictadura donde se impone determinada posición».
Sin embargo, destacó que, con la aprobación del proyecto, «damos un paso para fortalecer aún más nuestra democracia».
Pero Sáez fue más allá, y criticó la intervención de los diputados hombres quienes, en este tema, «no debiera ser opinantes».
«Es decisión de las mujeres decidir sobre su cuerpo y a nosotros, lo que nos compete, es acompañarlas. No es legítima la posibilidad de un enjuiciamiento respecto a esta decisión», enfatizó.
Añadió que el «marco ideológico patriarcal» que impera en Chile, da cuenta de que «los cuerpos de las mujeres son considerados territorio público, mientras que con el cuerpo de los hombres, nadie se mete».
El proyecto de ley pasará ahora al Senado donde el gobierno también posee mayoría, aunque más ligada a sectores conservadores de la alianza que lo respalda.
De ser rechazada en la cámara alta, la iniciativa será vista por una Comisión Mixta de diputados y senadores, en su última instancia legislativa.
Dides afirmó que insistirán para que el gobierno ponga urgencia al proyecto en el Senado, «porque no podemos seguir esperando un año más».
Señaló que en el Senado esperan reponer una indicación sobre la confidencialidad, rechazada por los diputados, y eliminar otra, que sí fue aprobada, y que prohíbe que recintos de salud publiciten el procedimiento.
«El debate ha sido profundo y se ha dado a nivel legislativo y también cultural en la sociedad chilena. Ahora hay que legislar», emplazó.
Por lo pronto, el gobierno anunció que evaluará si aplica urgencia al proyecto. «Tenemos una clara convicción de que este proyecto no se puede eternizar», dijo este viernes 18 la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual.
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
