La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa en un comunicado preocupación por los incidentes que culminaron en la muerte de dos afroestadounidenses desarmados, Eric Garner y Michael Brown, a manos de la policía en las ciudades de Nueva York (estado de Nueva York) y Ferguson (estado de Misuri), respectivamente, y por los sucesos que siguieron a la muerte de Brown.
Eric Garner murió el 17 de julio de 2014, cuando agentes de policía de Staten Island, en la ciudad de Nueva York, le aplicaron una llave de estrangulación después de ser arrojado al suelo por lo menos por cinco agentes y después de que Garner dijera varias veces que no podía respirar. El médico forense de Nueva York calificó la muerte de Garner de homicidio y la investigación continúa.
Michael Brown fue muerto a tiros por un agente de policía el 9 de agosto de 2014 en Ferguson, un suburbio de St. Louis, en el estado de Misuri. Según la información con que cuenta la Comisión, a Brown, un estudiante de 18 años, primero le dispararon en la calle cuando había levantado las manos en señal de rendición y recibió varios disparos más después de caer. Tras su muerte estallaron protestas en Ferguson, muchas de ellas acompañadas de actos de violencia.
La CIDH recalca que, en los casos de muerte a manos de fuerzas de seguridad, es necesario que el Estado asegure que se investiguen las muertes con prontitud, exhaustivamente y de manera independiente, e insta al Estado a que lo haga.
La Comisión sabe que las autoridades estadounidenses han iniciado investigaciones de la muerte de Garner y Brown, pero está preocupada por la forma en que la investigación de la muerte de Brown ha venido realizándose hasta ahora. En ese sentido, la Comisión observa que, al principio, no se dio a conocer al público el nombre del agente de policía que disparó a Brown y que su nombre fue revelado posteriormente junto con un video de Brown supuestamente robando cigarrillos de una tienda, suceso que, de acuerdo con los informes difundidos en los medios, no parece estar relacionado con su muerte. Estos sucesos parecen haber contribuido al aumento de las tensiones entre los manifestantes y la policía en Ferguson. Asimismo, la Comisión valora que el gobierno federal también decidió intervenir en la investigación de la muerte de Brown, para lo cual inició una investigación penal del asunto en el ámbito federal.
La Comisión está preocupada también por la manera en que las autoridades públicas y las fuerzas de seguridad han respondido a las protestas. Según la información difundida en los medios, las autoridades limitaron inicialmente el derecho de reunión de los manifestantes imponiendo un toque de queda y recientemente desplegaron la Guardia Nacional para restablecer el orden en Ferguson. Las fuerzas de seguridad ya parecían haber respondido a los manifestantes con un uso desproporcionado de la fuerza antes del despliegue de la Guardia Nacional. En vista del riesgo de una mayor escalada de violencia que trae aparejado el despliegue de una fuerza de seguridad más militarizada y fuertemente armada en la ciudad, la Comisión valora que el gobernador de Misuri ha ordenado la retirada de la Guardia Nacional de Ferguson. La CIDH insta a las autoridades a que adopten una respuesta moderada frente a los manifestantes y a que se abstengan de usar una fuerza excesiva.
La CIDH ha recibido también información preocupante sobre supuestos ataques y la breve detención de periodistas mientras daban cobertura a las protestas en Ferguson. Según la información disponible, por lo menos once periodistas fueron detenidos y puestos en libertad sin que se formularan cargos en su contra desde el comienzo de las manifestaciones. Asimismo, algunos periodistas dijeron que la policía los había amenazado y que habían sido alcanzados por balas de goma y gas lacrimógeno. Otros reporteros dijeron que habían sido intimidados por residentes de la localidad.
Además, la CIDH considera que la muerte de Garner y Brown representa una continuación de un patrón perturbador de uso de fuerza excesiva por agentes de policía contra afroestadounidenses y otras personas de color e insta al Estado a que renueve la atención a los posibles nexos entre estos casos y otros casos anteriores que demostraron la existencia de un patrón de uso de fuerza excesiva contra personas de color.
La comisionada Rose-Marie Belle Antoine, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la CIDH, afirmó que “todas las personas, independientemente de su raza u origen étnico, tienen derecho al respeto de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida”. La Comisionada Antoine también recalcó que “esta obligación exige que los agentes del orden del Estado actúen con mesura al interactuar con los ciudadanos y se abstengan de hacer un uso excesivo o desproporcionado de la fuerza letal al efectuar un arresto o interactuar con ciudadanos”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
