La desaparición forzada de personas es un delito que persiste en Colombia y hay pocos avances para localizar a los cerca de cien mil desparecidos registrados por la Fiscalía General de ese país, señaló este martes 11 de mayo 2021 el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés) de las Naciones Unidas, informa la IPS.
Colombia vive desde hace dos semanas protestas sociales con paro de labores y cierre de vías en distintas ciudades del país, la mayoría pacíficas y algunas fuertemente reprimidas por fuerzas del orden, con saldo de al menos veintisiete muertes.
Los fallecidos serían entre cuarenta y cincuenta, según organizaciones civiles, y además hay centenares de heridos, detenidos y desaparecidos. Hasta el lunes 10 permanecían desaparecidas, en el marco de las protestas, 168 personas.
El problema de las desapariciones es de vieja data en ese país, asolado por décadas de conflicto armado entre guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas del Estado, al punto de que 185.843 casos se asentaron en el Registro Único de Víctimas reconocido oficialmente por el Acuerdo de Paz de 2016.
Ese acuerdo se logró al cabo de años de negociaciones entre autoridades del Estado y la principal guerrilla, Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Colombia, de la que entregaron sus armas y se desmovilizaron la inmensa mayoría de combatientes.
El CED reconoció que hay esfuerzos del Estado para localizar a los desaparecidos durante esa violencia armada, pero expresó preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones de los casos de este delito, y los escasos resultados en la búsqueda y localización de esas víctimas.
Mencionó concretamente a los 84.330 adultos y 9964 niños y niñas sometidos a desaparición forzada y registrados por la Fiscalía, así como los desaparecidos a manos de grupos armados organizados al margen de la ley, entre quienes se incluye a niños y niñas víctimas de reclutamiento forzado.
También lamentó el CED que a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz (2016), siga prevaleciendo este delito en diversas partes del país, incluso en un contexto de pandemia, sin que se haya adoptado una política integral para prevenirlo hasta este momento.
El CED, integrado por diez expertos independientes con apoyo en la oficina en esta ciudad suiza del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó al Estado colombiano a investigar todos los casos de desaparición forzada con prontitud, imparcialidad e independencia.
El Comité considera que el marco normativo en vigor, así como su aplicación y la forma en que las autoridades competentes desempeñan sus funciones, continúan sin ajustarse plenamente a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Se recomienda a Colombia adoptar una política pública integral para prevenir las desapariciones forzadas, elaborada con base en las obligaciones derivadas de la Convención, y que también considere las directivas sobre la COVID-19.
También recomendó garantizar la rápida implementación de los planes de la Unidad de Búsqueda de Personas Desparecidas y la coordinación entre las entidades creadas por el Acuerdo de Paz, la Fiscalía General y otras instituciones.
Además aconsejó que, tras la notificación de una desaparición, se inicie de oficio la búsqueda y que se aumenten los esfuerzos para buscar, localizar y liberar a las personas desaparecidas.
En caso de encontrarlas sin vida, se propone identificar y restituir dignamente sus restos mortales, aplicando un enfoque diferencial en cuanto a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, grupo étnicos y personas con discapacidad.
Finalmente, el comité manifestó su inquietud por los limitados avances en la identificación y devolución de los restos de personas desaparecidas: más de 24.000 cuerpos inhumados sin identificar en cementerios públicos, y más de cuatro mil cuerpos de víctimas de desaparición forzada pendientes de reconocer.
