Ángela Castellanos Aranguren (SEMlac).- Las mujeres con discapacidad en Colombia tienen menos oportunidades y son más violentadas. En el actual decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, promulgado por la OEA en 2006, este país aprobó la Convención sobre discapacidad y expidió la ley que la reglamenta.
Pero ¿están siendo atendidas las necesidades de ellas y protegidos sus derechos?.
En febrero de este año se promulgó la ley estatutaria 1618, que reglamenta la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
«Gracias a esta ley ahora no pueden suceder cosas como que el ginecólogo le pregunte a la madre de la joven en situación de discapacidad si puede ponerle el DIU, en lugar de preguntarle a la joven», afirmó a SEMlac Martha Cecilia Riveros, mujer con diagnóstico de baja visión y trabajadora social del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC.
«El sistema de salud debe responder ante los estrados judiciales por esta omisión de los derechos de la joven y, si el Estado no responde, hasta se puede acudir a un tribunal internacional», agregó Riveros.
Sin embargo, la mayoría de las mujeres en situación de discapacidad no tiene conocimiento de sus derechos y tampoco está capacitada para hacerlos respetar, ya que en su mayoría son colombianas de ingresos que no superan el salario mínimo mensual (US$ 336) y casi la mitad de ellas tienen apenas el nivel educativo básico.
Según un informe del Observatorio de Asuntos de Género de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de 2012 y basado en datos del Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia existen más de 850.000 personas con condiciones de discapacidad, de las cuales el 53 por ciento son mujeres, y estas superan ampliamente a los hombres a partir de los 40 años de edad (ver cuadro).
De acuerdo con estas cifras, el dos por ciento de la población tendría alguna discapacidad, aunque muy seguramente el porcentaje sea mayor pues hay un subregistro.
Agrega el informe que el 91 por ciento de las personas en situación de discapacidad tiene un bajo nivel de ingresos que no supera el valor de un salario mínimo legal vigente, el 42 cuenta apenas con educación básica primaria, y el 54 está en el rango de edad definido como etapas productivas.
«Hay brotes de atención a las mujeres con discapacidad, pero vale la pena preguntarse ¿hasta dónde están siendo tenidas en cuenta nuestras voces? Las mujeres con discapacidad somos bastante invisibles», comentó a SEMlac la antropóloga con maestría en Historia y Ciencia Política, Suzy Bermúdez, cuya discapacidad está representada en limitación de la voz.
«En las organizaciones feministas y de mujeres ha entrado muy poco el tema de la discapacidad, pero su labor ha abierto compuertas para que todas ellas, sin y con discapacidad, se beneficien», agregó Bermúdez, quien es una reconocida especialista en género.
Algunas organizaciones de personas con discapacidad están incidiendo en los gobiernos locales y el nacional para que se apliquen y desarrollen los derechos consagrados en la convención internacional, así como los derechos de las mujeres amparados por la legislación.
Aprendiendo a abogar por los propios derechos
Las personas en situación de discapacidad que atiende el CRAC inician un proceso partiendo del trabajo con la autoestima, el auto reconocimiento, y el desarrollo de habilidades y capacidades por medio de herramientas para su autonomía.
«Se trabaja en el tema del empoderamiento como posibilidad de decidir con coraje y superando el miedo; por tanto su base es la autoestima de los sujetos con capacidad de levantar la voz, para expresar ideas y ser protagonista. Este empoderamiento se da en tres escenarios: social, político y psicológico», explicó a SEMlac Martha Cecilia Riveros, trabajadora social del CRAC.
El empoderamiento incluye información y formación en Derechos Humanos. «La mayoría de las personas en situación de discapacidad que llegan a rehabilitación desconocen sus derechos, no están capacitadas para ejercerlos, y menos aún las mujeres», precisó.
«Les damos a conocer sus derechos como personas con discapacidades y las empoderamos para que aprendan a gestionar por sí mismas el ejercicio de éstos (…). Por ejemplo, se les informa sobre su derecho al voto, y cómo lo pueden hacer con ayuda del sistema de lectoescritura braille y del sistema macrotipo, éste último para personas que, como yo, tenemos baja visión», agregó.
El empoderamiento político implica capacitación y acompañamiento para que participen en los Consejos Distrital y Locales de Discapacidad de Bogotá, los cuales buscan la concertación entre el Estado y la sociedad para la formulación de políticas, planes y proyectos relacionados con el sector y sus respectivos presupuestos, y cuyos integrantes son elegidos por los votantes previamente inscritos como personas con discapacidad.
También brinda formación para que participen en espacios comunitarios abiertos a personas con y sin discapacidad, como los Consejos de Política Social de las localidades de la capital colombiana. «Esto con el propósito de que las personas en situación de discapacidad no sólo pidan al Estado, sino que sean propositivos y coadyuven a la aplicación de sus derechos», comentó Riveros.
Así mismo, trabajan con entidades del Estado para que faciliten e informen sobre derechos y ciudadanía. De hecho, el CRAC ha adelantado campañas con la Registraduría del Estado Civil para la cedulación (otorgamiento de la tarjeta de identidad ciudadana), y con el ejército, ha trabajado en mecanismos para la expedición de la libreta militar (documento que debe tener todo varón mayor de edad).
«Esto lo hicimos porque llegaban personas con discapacidad que no tenían ni el documento de identidad (ciudadana), porque la familia no se lo había sacado», añadió Riveros.
Lo que viven las mujeres con discapacidad
La comprensión sobre la discapacidad ha ido desarrollándose. El reciente Informe Mundial sobre Discapacidad de 2011 (Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial) afirma que «las visiones estereotipadas de la discapacidad insisten en los usuarios de silla de ruedas y en algunos otros grupos ‘clásicos’ como las personas ciegas o sordas».
Sin embargo, agrega el documento, «a causa de la interacción entre problemas de salud, factores personales y factores ambientales, existe una enorme variabilidad en la experiencia de la discapacidad. Aunque la discapacidad se correlaciona con desventaja, no todas las personas discapacitadas tienen las mismas desventajas».
El estudio mundial asegura que aparte de los obstáculos discapacitantes, tales como políticas y normas insuficientes, actitudes negativas, prestación insuficiente de servicios y falta de accesibilidad, entre otros, «las mujeres con discapacidad sufren discriminación de género».
Tras 18 años de trabajo con personas discapacitadas, Riveros ha constatado entre ellas «un mayor índice de crímenes violentos y sexuales contra las mujeres, además de violencia machista, abortos coercitivos, esterilizaciones forzadas, y trata de mujeres, entre otros».
«En no pocas ocasiones los hombres no le permiten a sus esposas en situación de discapacidad trabajar fuera del hogar. Y hasta no hace mucho, las jóvenes ciegas iban acompañadas a la universidad, aunque estaban en capacidad de hacerlo solas», ilustró Riveros.
La mayoría de la población registrada con discapacidad (74%) reside en las ciudades, donde hay más facilidades de acceso (movilidad) y de ingreso a universidades y colegios. No obstante, entre aquellas que viven en el campo es usual que no acudan a la escuela y que sus padres les encarguen tareas domésticas.
«En las zonas rurales es más frecuente encontrar personas en situación de discapacidad visual que no han sido diagnosticadas, o que no manejan la causa de discapacidad, por lo tanto realizan labores de esfuerzo físico corriendo el riesgo de adquirir ceguera por desprendimiento de retina. Unido a esto, las niñas y jovencitas se dedican a labores del campo antes que a ir a la escuela», puntualizó Riveros.
Agregó Riveros que, como resultado de partos mal atendidos en mujeres con diagnóstico de preeclampsia, que se caracteriza por alta tensión arterial, puede producirse pérdida de la visión.
«Otra causa de discapacidad es la violencia. Algunas mujeres llegan al CRAC con problemas de visión o invidentes, resultado de golpes que le daba el esposo. Eso lo sabemos porque nos lo dicen. Pero si la misma mujer va al sistema de salud, allí sólo queda registrado que la causa de la ceguera fue trauma», indicó.
Agregó que las mujeres con discapacidad visual desde el nacimiento ingresan a procesos de rehabilitación en edades más avanzadas que los hombres que nacieron con esa discapacidad, ellas entre los 25 y 28 años, y ellos entre 15 a 17 años.
«¿Por qué? Porque la familia presenta temores frente a situaciones de riesgo en la calle. Otro factor es que las perciben como personas objeto de sobreprotección hasta más avanzada edad que los hombres. Aunque esta situación está cambiando desde 2000, y vemos que las cifras de ingreso están acercándose paulatinamente», puntualizó Riveros.
En la actualidad, estas mujeres están participando más numerosamente en actividades deportivas y de danza profesional, y en organismos, tales como Consejos Locales y organizaciones de personas con discapacidad.
«Las mujeres hemos tenido que luchar por esos cargos», dijo Riveros, quien se ha desempeñado en posiciones directivas de este tipo de entidades. De hecho, esta trabajadora social fue representante de Colombia ante la Unión Latinoamericana de Ciegos.
«Hemos aprendido que como organizaciones de personas en situación de discapacidad podemos ejercer presión política sobre el Estado por nosotras mismas, sin ser partido político, cuyo apoyo buscamos en el pasado y resultamos hasta utilizados», concluyó Riveros.
