«Matadles», dijo el presidente filipino Rodrigo Duterte el 1 de abril de 2020 en una orden televisada dirigida a las fuerzas del orden y a los militares, que tiene como objetivos a los «causantes de disturbios» y a quienes no respeten las medidas de confinamiento impuestas en el país para luchar contra la pandemia, según una información de la sección francesa de Amnistía Internacional (AI).
«En lugar de causar problemas os mandaré a la tumba», dijo Duterte refiriéndose a la oposición y también a todos los que «protesten y cuestionen las medidas gubernamentales».
Para los responsables de AI, «tirar a matar» es la marca de fábrica de la presidencia de Duterte, y temen con razón que ahora la pongan en práctica tanto las distintas policías, como los militares, encargados de «mantener el orden» durante la cuarentena.
En el mismo comunicado, la organización humanitaria se hace eco de las cifras facilitadas por la policía filipina: en los últimos días han detenido a cerca de diecisiete mil personas por no respetar el confinamiento o el alto el fuego en varias regiones del país.
AI denuncia el trato «inhumano» que están recibiendo los detenidos, obligados a permanecer durante horas sentados bajo un sol de justicia, y encerrándoles en jaulas para perros. «A otros les han condenado a penas de cárcel, pero dado el elevado riesgo de transmisión del Covid-19 en los centros de detención, internarles en nombre de la salud pública es contraproducente».
Duterte: un balance letal
Elegido presidente en abril de 2016 como candidato del partido PDP-Laban (de centro izquierda a izquierda), el abogado Rodrigo Duterte ya había anunciado sus intenciones cuando declaró en plena campaña electoral: “Olvidad los derechos humanos. Van a saltar chispas”.
Se refería a lo que constituye su primera obsesión, luchar contra la droga de una forma muy peculiar, ya que en una conferencia de prensa poco días después de acceder a la presidencia, exhortó a los filipinos a asesinar «tanto a los traficantes como a los toxicómanos».
Antes ya había pedido al Nuevo Ejército Popular, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, que desarmara y detuviera a los barones de la droga.
El periódico Philippine Daiy Inquiere publicó el 7 de julio de 2016 una «kill list», una lista de nombres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en los dos meses que Duterte llevaba en la presidencia, que después fue actualizada en febrero de 2017.
Al mismo tiempo, el senador Teddy Baguilat, del Partido Liberal, pidió a la Cámara de Representantes que investigara una serie de ejecuciones sumarias de presuntos traficantes de droga, petición a la que se sumó la Alianza de Partidos de izquierda Bayan.
El 24 de febrero de 2017 fue detenida, acusada de relaciones con narcotraficantes, la abogada y senadora Leila de Lima, del Partido Liberal, principal opositora de Duterte, exministra de Justicia y directora de la Comisión de Derechos Humanos durante la presidencia de Benigno Aquino (2010-2016). Amnistía Internacional denunció entonces que la detención de la senadora –a la que considera «presa de opinión», lo mismo que el Parlamento Europeo- era una forma de silenciar a los críticos de un régimen que se ha vuelto dictatorial.
Al día de hoy, la senadora Leila de Lima continúa detenida. Desde la cárcel ha denunciado el fracaso de la política contra la droga del Duterte y ha escrito en su cuenta de twitter que tiene un listado de los responsables de su detención y que «como Arya Stark», el personaje de Juego de Tronos, cada noche recita una letanía de los nombres con quienes un día exigirá que se haga justicia.
