Amnistía Internacional valora en un comunicado la advertencia de cuatro mecanismos de Naciones Unidas, que han criticado a España por la decisión de no extraditar a 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el régimen franquista, incluidos varios exministros.
Para la organización se trata de una prueba más de que España ni está investigando ni permite a la justicia argentina investigar los más graves crímenes del franquismo, como la tortura, el robo de bebés y las ejecuciones extrajudiciales, que la justicia argentina enmarca como crímenes de lesa humanidad.
“España sigue demostrando que no hace nada por las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, permitiendo así la impunidad y el desamparo de quienes sufrieron los peores crímenes», ha declarado Ignacio Jovtis, responsable de Investigación y Políticas de Amnistía Internacional España. La organización considera importante el hecho de que cuatro mecanismos de Naciones Unidas, los expertos sobre desapariciones forzadas o involuntarias; sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición hayan alertado a España sobre su falta de colaboración.
“España no sólo está incumpliendo con sus obligaciones internacionales, sino también el Tratado bilateral de cooperación judicial que tiene con Argentina”, ha añadido Ignacio Jovtis. “La falta de colaboración de España no tiene excusa: los argumentos que utiliza para denegar la extradición son contrarios al derecho internacional”, ha añadido.
En ese sentido, Amnistía Internacional reitera lo mencionado por los organismos de Naciones Unidas que señalan que el gobierno no puede utilizar el argumento de la prescripción de los delitos para no extraditar o juzgar, ya que algunos de esos crímenes, como la tortura o la desaparición forzada, pueden constituir crímenes contra la humanidad y por lo tanto no prescribirían.
“Más de 40 años después, sigue sin haber avances. Ya es hora de que las víctimas puedan acceder a la verdad, justicia y reparación, así que España debe o juzgar o extraditar a los acusados”, ha concluido Jovtis.
El pasado 13 de marzo España denegó las extradiciones de 17 ciudadanos españoles acusados por Argentina de fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos, en el marco de la llamada «querella argentina». Naciones Unidas, así como Amnistía Internacional, que lleva años denunciando que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas siguen siendo denegados en España, pidieron la colaboración del gobierno español con la magistrada argentina, María Servini de Cubría, quien había recomendado el arresto preventivo de los imputados para ser interrogados.
