Cuando emigrar supone elegir entre la vida y la muerte, en Europa o en América
No me refiero a los miles de personas que están abandonando España para buscar trabajo fuera de nuestras fronteras. Ni a los jóvenes licenciados cuya salida profesional se encuentra, hoy por hoy, en cualquier lugar, menos en España. Me refiero a quienes salen de sus países para, arriesgando la vida, entrar en Europa por nuestras costas.
Hace unos días, a través de RTVE, una de las tres cadenas nacionales que se pueden ver en México, me dejaron pasmada las imágenes de ese emigrante clandestino que se pasó más de media hora junto a las hélices del ferry, en un desesperado intento de escapar de su miseria… y salió vivo. Supongo que casi todos los lectores saben de lo que hablo. Hace años que mucha gente con piel oscura nos sorprende arribando a nuestras costas en las más míseras condiciones. Hombre, mujeres y niños se lanzan al agua en cualquier “objeto” que flote, o se esconden en los lugares más inverosímiles para llegar por carretera a su sueño europeo.
Aquí, en México, además de los propios nacionales, miles de migrantes irregulares tratan cada año de ganar la frontera de EE UU. Proceden de América Central y del Sur.
Al drama de abandonar a sus familias para dirigirse a lugares inciertos, en ambos casos deben sufrir el acoso y explotación de las mafias y traficantes que, en el siglo XXI, me traen a la memoria, una y otra vez, el fantasma de los éxodos masivos provocados por las guerras. Esas columnas interminables de personas que sufrían saqueos y violaciones en su huida.
Los que vivimos aquí sabemos lo que sucede en esta país, lo sabe Amnistía México, lo saben las autoridades, lo saben todas las asociaciones de derechos humanos, pero parece que es demasiado difícil de solucionar. Precisamente una representación de Amnistía Internacional estuvo hace poco inspeccionando la zona fronteriza y su conclusión fue demoledora: un número importante de personas habían sido secuestradas por bandas, en ocasiones con la complicidad de funcionarios locales.
En los últimos años, la impunidad por los abusos contra migrantes, que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, ha permitido que esos casos aumenten, pese a los compromisos del gobierno de garantizar el respeto por los derechos de esas personas.
Unas personas que, aunque denuncian a sus explotadores, ven con estupor que nadie les castiga, que su actos quedan impunes, mientras que ellos siguen soportando abusos, desprecios y pagando con la vida su falta de recursos. Todo ello, ante la total y completa pasividad de sus propios gobiernos que no hacen nada por sus ciudadanos.
Chiapas
Chiapas es uno de los 32 estados de la República de México. Un territorio multiétnico con una naturaleza potente, espléndida y maravillosa. Una parte se encuentra junto a la frontera con Guatemala, donde se localiza la selva Lacandona, que en su casi millón de hectáreas de superficie alberga el 20% de las especies ¿? mexicanas. Colinda con los estados de Tabasco y Veracruz, auténticos nidos de corrupción y paraísos de traficantes y narcos.
Los chiapanecos son pobres e indígenas. En todo el estado no suman más de 4.800.000 personas y solamente existe una población de más de medio millón de habitantes (Tuxtla Gutiérrez). Otras tres ciudades tienen más de 150.000: San Cristóbal de las Casas, Tapachula de Córdoba y Ocosingo. El resto son, en su mayoría, pequeños pueblos y caseríos dispersos. Digo que “son” pobres, pero más bien habría que decir que han sido, son y serán pobres. Precisamente esa pobreza acumulada de años y el desprecio a sus etnias indígenas fue la chispa que hizo surgir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el año 1994.
Hoy, siguen sufriendo la tiranía de los terratenientes, el desprecio de las autoridades, el abuso de los funcionarios… y por su territorio cruza la miseria que busca un mundo mejor: los migrantes.
Hace poco, el Obispo de San Cristóbal de las Casas (preciosa ciudad colonial), Felipe Arizmendi, convocó una rueda de prensa para denunciar la situación de esa gente, en donde afirmaba que es «una vergüenza internacional» que las autoridades mexicanas no brinden mayor protección y seguridad a los migrantes. En concreto, se refería a dos jóvenes hondureñas, de 19 y 24 años, que fueron asesinadas el 30 de mayo pasado en el municipio de Palenque. Ambas habían denunciado dos días antes las extorsiones de que eran objeto. Pero la banda criminal se enteró de ello, las identificaron, y cuando las chicas viajaban en el único tren de la zona, lo detuvieron, las bajaron y, a sangre fría, destrozaron sus rostros a machetazos, rematándolas de un disparo.
Tras insistir en la urgente necesidad de que los migrantes sean protegidos por el gobierno mexicano, el obispo indicó que lleva dos años denunciando que hay bandas de delincuentes que los asaltan, extorsionan, maltratan y asesinan.
Precisamente, hace poco más de una semana se pudo comprobar, una vez más, cómo actúan esas mafias. En el estado de Tamaulipas el ejército mexicano rescató a 166 personas que se encontraban cautivos y atados en una casa del Municipio de Díaz Ordaz.
La extorsión
Pero por desgracia, los casos se suceden una y otra vez. El pasado 14 de mayo, un grupo de al menos cinco migrantes irregulares fue secuestrado por una banda delictiva cerca de Tenosique, estado de Tabasco. Los migrantes secuestrados viajaban junto con muchos otros en la famosa “Bestia”, el tren de mercancías en el que se desplazan los indocumentados, cuando la banda lo detuvo y los atacó; en el grupo había mujeres, hombres y menores de edad. Los cinco migrantes fueron liberados después de que sus familiares en Centroamérica pagaran la extorsión. Ese es su “modus operandi”
En 2012, la Cámara de Diputados y el Senado de México aprobaron por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil. Sin embargo, todo ello no es suficiente, pues Amnistía asegura que es preciso establecer urgentemente protocolos operativos y directrices claras sobre cooperación entre autoridades federales y estatales, y asignar recursos, para garantizar su eficacia.
Resulta crucial, insisten, que las autoridades asuman que sus responsabilidades no acaban una vez establecidos los mecanismos de protección, sino que tienen que llevar a cabo las investigaciones oportunas que permitan poner fin a la impunidad.
El nuevo Gobierno de Peña Nieto parece que está dando tímidos pasos para enfrentar el problema. Este año ha destinado el equivalente a unos 3.800.000 euros a combatir la inseguridad en la frontera de Tijuana, en el norte, por donde transitan a diario miles de mexicanos que recalan en San Diego, ya EE UU. Este lugar, además de contar con el paso oficial, está separado del territorio estadounidense por una valla de chapa ondulada de decenas de kilómetros.
La valla que divide a México y Estados Unidos confluye en el océano Pacífico, en las playas de Tijuana. A ese sector se le conoce como “la esquina de Latinoamérica”, porque, justamente en ese lugar, confluyen los límites territoriales con las frías aguas del océano Pacífico, donde, muchas veces, las bajas temperaturas han frustrado las aspiraciones de los emigrantes. En un tiempo, cuando no había un cerco que manifestara los límites territoriales, era el paso favorito de los indocumentados, hasta que, por los sucesos del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadunidense determinó poner barreras al campo.
Como una imagen vale más que mil palabras, les invito a verla:
