A comienzos de marzo 2025, el gobierno de Cuba presentó el anteproyecto de la Ley de propiedad, posesión y uso de la tierra, que sustituiría una norma de 1991 y flexibilizaría asuntos como la herencia y la compraventa de parcelas cultivables, además de la renta a extranjeros con residencia en la isla, informa Dariel Pradas (IPS) desde La Habana.
«Es un documento que, de aplicarse debidamente, dará muy buenos resultados», dijo a IPS el agricultor Ernesto Reyna, asociado a la finca Santa Rita, ubicada en el municipio de Marianao, uno de los quince que conforman el área metropolitana de La Habana.
«Para nuestro proyecto (la ley) viene a ser un refuerzo de los que hasta ahora hemos estado gestionando en función de una agricultura sustentable y amigable con el medioambiente, desde un enfoque de ciencia y tecnología aplicada al campo», acotó.
El productor también es subdirector de un proyecto de desarrollo local con fines agroecológicos, ejecutado en esa finca.
Según Reyna, el nuevo anteproyecto responde a reclamos antiguos de los agricultores, como el aumento de la cantidad de hectáreas que el Estado puede otorgar en usufructo, o la facilitación de las condiciones para heredar la tierra, en el caso de las familias propietarias.
El artículo 58 del nuevo texto faculta la compraventa de tierras agrícolas entre –exclusivamente– campesinos propietarios, hasta alcanzar el límite de 67,1 hectáreas, y deja a un lado a posibles interesados que no posean parcelas. Aun así, con la ley vigente, el decreto ley 125 de 1991, solo el Estado podía comprarla.
Además, bajo la premisa de que los productores tienen la obligación de explotar la propiedad, solo sus familiares directos o el cónyuge puede hasta ahora heredar la tierra, siempre y cuando la hayan trabajado de forma estable durante los últimos cinco años.
Con el nuevo anteproyecto, se mantiene la condición de trabajar la tierra como requisito para heredarla, pero ahora también se le daría el derecho a quienes, simplemente, «muestren la disposición» de hacerlo.
Por otra parte, el Estado tendrá un derecho de tanteo, o sea, prioridad para comprar la tierra. En caso de que la transacción no le convenga a este, los copropietarios de la finca tendrán la primera opción para adquirirla antes de que se ofrezca a terceros, aunque nunca será a un precio inferior al que se propuso al Estado.
El anteproyecto se presentará y previsiblemente se aprobará en la sesión de diciembre del unicameral parlamento cubano.
Algunos especialistas coinciden en que resulta limitado el alcance planteado en la nueva norma, tanto por el poco terreno que puede acumular un propietario, como por la minoría de la tierra que, en este país insular caribeño, poseen las personas de forma privada.
De los seis millones de hectáreas de superficie agrícola en Cuba, 79 por ciento es propiedad estatal, trece por ciento privada y siete por ciento pertenece a cooperativas, según datos ofrecidos en 2024 por la directora nacional del Control de la Tierra, perteneciente al Ministerio de Agricultura.
Producción decaída
En conferencia de prensa, Mayra Cruz, directora jurídica del Ministerio de Agricultura, afirmó el 4 de marzo que la nueva norma busca el «incremento de la producción» agropecuaria y el «reconocimiento de todos los actores económicos».
Por lo tanto, reconoció que se pretende permitir, oficialmente, el otorgamiento de tierras en usufructo a empresas y personas físicas extranjeras con residencia permanente en el país.
Como ese tema no se menciona en la actual legislación agraria, Cruz explicó que, gracias a ese vacío legal, en enero se pudo conceder, en forma de usufructo, 308 hectáreas a una empresa vietnamita para sembrar arroz al sur de Pinar del Río, la provincia en el extremo occidental de la isla.
Ese caso se destacó en los medios locales, por representar la primera vez que Cuba cede tierras a una empresa extranjera desde el triunfo de la revolución en 1959.
Hasta ahora, el Estado ha entregado en total más de 2, 2 millones de hectáreas en usufructo –a productores cubanos, principalmente- y todavía posee unas 400.000 ociosas.
Ante la crisis económica que enfrenta Cuba, exacerbada desde 2020 por los efectos de la pandemia de la covid, errores en la gestión macroeconómica y monetaria, y las sanciones económicas de Estados Unidos, este país insular caribeño importa actualmente cerca de 80 por ciento de los alimentos que consume.
«Se nota la poca producción en el campo. Hace años, los vegetales, carnes y muchos otros alimentos se encontraban más baratos acá que en La Habana. Hoy probablemente sea al revés. A diferencia de antes, la gente trae la comida de afuera para revenderla aquí», dijo a IPS Caridad Rosales, residente en una zona rural a unos veinte kilómetros de Pinar del Río, la capital de la provincia homónima.
La finca Santa Rita, donde está asociado Reyna, tiene un terreno de tres hectáreas, entregado en usufructo en 2012, y produce principalmente hortalizas de hoja como lechugas, acelgas, coles de repollo, además de otros tipos de cultivos.
Si bien se encuentra en un proceso de transición hacia la agroecología, por ahora todavía padece debido a la escasez de fertilizantes, combustible, semillas, piezas de repuesto para maquinarias, y una grave fluctuación en la fuerza laboral y problemas en el acceso a laboratorios para estudiar muestras del suelo.
«La agricultura nacional, realmente, no enfronta sus mejores momentos y existe un divorcio entre el discurso y la acción en la base. Los precios de los insumos para producir son elevados y los de ventas de las producciones son bajos: esta es una de las razones por la que no existe una adecuada relación entre el costo y las utilidades», dijo Reyna, también licenciado en Educación Agropecuaria.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, el gobierno invirtió, entre enero y septiembre de 2024, en servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, el equivalente a 721,3 millones de dólares, según la tasa de cambio oficial de 120 pesos por un dólar. Ello representa 26 por ciento de la inversión total en ese periodo.
Sin embargo, a la agricultura apenas se destinaron ese año unos 76 millones de dólares, lo que confirma que para crecer, al campo no le queda otra opción que la inversión extranjera.
La necesidad de una inversión millonaria
En el marco de la edición veintiséis de la Feria Internacional Agroindustrial, que culminó el viernes 21 de marzo, se celebró un foro empresarial en el que se expuso la inserción de Cuba en la iniciativa global Mano de la Mano, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El proyecto tiene como pilar fundamental atraer nuevas inversiones extranjeras a la isla mediante sistemas alimentarios, agroforestales, pesqueros, pecuarios y de la producción agrícola, dijo en el foro Marcelo Resende, representante de la FAO en el país.
«El financiamiento, las restricciones de insumos y la insuficiente infraestructura, junto con los cambios necesarios en el marco regulatorio, son cuellos de botella que debemos superar para alcanzar los resultados propuestos», afirmó el coordinador residente de las Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón.
En ese espacio, divulgaron una cartera de oportunidades de inversión en cultivos con fines de exportación o que sustituyan las importaciones, como el arroz, frutas, maíz, soya, frijol y la caña de azúcar.
Esta última industria pasó de ser el motor de la economía cubana hace lustros, a no poder cubrir la demanda nacional y, de hecho, en 2024 no se exportó nada de azúcar.
En el caso del arroz, que representa la dieta principal rica en carbohidratos de la población cubana, una inyección de 161 millones de dólares serviría para producir 276.000 toneladas adicionales y llegar a cubrir hasta 86 por ciento de la demanda nacional.
En 2024, Cuba produjo 80.000 toneladas de arroz, 26 3 por ciento de la cantidad de 2018, año con el mayor índice productivo de ese cereal en las últimas décadas, según datos ofrecidos el 2 de marzo por Orlando Linares Morell, presidente del Grupo Agrícola del Ministerio de la Agricultura.
Respecto a los otros cultivos, también son millonarios los montos de inversión, indispensables para abastecer el consumo de los diez millones de habitantes del país.
