A un mes de haber sido designado por la Asamblea Nacional, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, efectuó este 22 de enero el Primer Encuentro Nacional con Organizaciones Sociales que defienden y promueven los derechos humanos en Venezuela.
Para una sociedad aquejada por la extrema polarización política desde hace muchos años atrás, o como muy bien lo describió Marcos Gómez, representante del Capítulo Venezuela de Amnistía Internacional, “la pérdida de la capacidad de tener debate”, la iniciativa del Defensor del Pueblo de convocar a organizaciones sociales de derechos humanos de las más diversas características y tendencias, es un signo de apertura a la posibilidad de diálogo. Las organizaciones participantes cubren el espectro temporal desde los años sesenta del siglo pasado cuando la represión era la respuesta oficial a la insurgencia política de la izquierda venezolana hasta los muy recientes sucesos nombrados como “la guarimba” ocurridos en febrero y marzo de 2014.
En Venezuela es imposible que no haya conflictos ya que los principios, posturas e intereses de personas y grupos no solamente difieren entre sí sino que, muchas veces, se oponen. Sin embargo, el conflicto no necesariamente debe conducir a la violencia o al no reconocimiento de la otra persona como interlocutora válida para la realización de acciones que conlleven a objetivos comunes. El hecho de que hayan acudido más de cien organizaciones a la cita con la Defensoría del Pueblo brinda un nuevo aliento a quienes esperan recobrar la gobernabilidad del país. El encuentro se desarrolló en un clima de respeto y franco intercambio de ideas además de la presentación de propuestas específicas entre las cuales destacó la necesidad de desarrollar un Plan Nacional de Derechos Humanos de manera participativa.
Otro de los aspectos resaltantes fue el llamado a combatir flagelos tales como la tortura y la impunidad y por otra parte, promover la “memorización de la historia” como oportunidad de reivindicar a víctimas del terrorismo de Estado tales como Alberto Lovera, Noel Rodríguez, Alejandro Tejero y Víctor Soto Rojas, quienes fueron sometidos a detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles o desaparición forzada.
El sector que tradicionalmente se ha dedicado al trabajo por los derechos de los niños, niñas y adolescentes expresó su preocupación ante el aumento de las cifras que reflejan la participación de adolescentes y jóvenes en hechos delictivos con porte de armas de fuego así como el incremento de víctimas de la violencia y del envenenamiento por mercurio derivado de la minería ilegal en la zona de la selva amazónica.
En relación a las personas privadas de libertad, se condenó el retardo procesal, las inhumanas condiciones de los recintos penitenciarios especialmente para la población femenina y adolescentes, la ausencia de traslados oportunos ante los jueces y juezas y de programas estables de reinserción social, laboral y educativa una vez ocurre el cumplimiento de la pena.
La violencia contra la mujer también fue centro de atención. En este sentido se solicitó un exhorto para fortalecer el sistema de protección a la vez que se da un proceso de descolonización y despatriarcalización del Estado al generar, junto con las bases, políticas públicas que incidan en la disminución de la violencia de género, la promoción del derecho a decidir en materia sexual y reproductiva, respeto al fuero maternal así como establecimiento de lactarios en establecimientos laborales y acciones contundentes para afrontar el embarazo durante la adolescencia el cual se vincula a la mortalidad materna.
El Movimiento de Pobladores aprovechó la oportunidad para exigir el derecho a la ciudad y la revisión del Código Penal en el cual se criminaliza la ocupación de inmuebles. También se solicitó el desarrollo de la Ley de Conserjes de modo tal que se ampare y proteja a este segmento de la sociedad que históricamente ha tenido vulnerado su derecho al trabajo y a tener una vivienda digna.
Quienes atienden la materia de Refugio, indicaron la necesidad de hacer una reforma a la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados y Asiladas ya que se evidencia un limbo procesal para las personas solicitantes de estas figuras de protección al desconocerse el documento provisional como válido para diversas gestiones. Preocupan las condiciones de niños, niñas y adolescentes ya que si bien se les permite la asistencia a las instituciones educativas, no se les está certificando los estudios lo cual lesiona su derecho a la educación. También es imperativo que la Defensoría del Pueblo asuma una campaña contra la xenofobia manifiesta en contra de las personas nacionales de Colombia.
En cuanto a la diversidad sexual, fue señalado el incremento de las manifestaciones de homofobia, crímenes de odio, incidencia de HIV en adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años y contrabando de retrovirales.
Finalmente, los voceros y voceras de las comunidades y pueblos indígenas señalaron como prioridad la atención a las personas indígenas privadas de libertad, la divulgación masiva de sus derechos, la atención a la educación y salud de manera intercultural, la protección ambiental especialmente a las cuencas hidrográficas, la penalización de la comercialización abusiva de artesanías y la guerra al tráfico de combustible, alimentos y drogas.
Todas estas solicitudes y propuestas fueron escuchadas por el Defensor del Pueblo y su equipo directivo quienes se comprometieron a generar mesas técnicas sectoriales y profundizar el diagnóstico de la situación de los derechos humanos en Venezuela para prevenir las violaciones a los mismos y en los casos en los que se atente contra los derechos colectivos o difusos acompañar a las víctimas y sus familiares en el tránsito hacia la justicia activando los mecanismos e instancias previstas para ello.
